Chile: el poder del poder
Santiago de Chile (AIPE )- La Concertación chilena se parece cada vez más al PRI mexicano, en el grado en que ha llegado a concentrar poder. El caso de las compras con sobreprecio realizadas por el candidato presidencial de la Concertación, Ricardo Lagos, cuando era ministro de Educación, es ilustrativo.
No respetó las normas legales, pues contrató con una empresa española sin mediar decreto o resolución sujetos a toma de razón, como debió hacerlo. No llamó a licitación para las adquisiciones, como el ministro de Hacienda le ordenó. Le entregó a un particular, conocido suyo, atribuciones para representar al ministerio y hacer compras en España, sin tener facultades para ello y sin mediar contrato alguno. Pagó 33 mil 921 dólares por cada aula tecnológica similar a las que la misma firma (Alecop) había vendido al Ministerio de Educación y Ciencia de España en 15 mil 354 dólares; por cada torno que la Contraloría cotizó en Chile en 284 mil 251 dólares, pagó 628 mil 316; por cada taladro de 31 mil 951 dólares, pagó 48 mil 665. Su representante personal pagó 100 millones de pesos a otro particular por realizar ciertos trámites (que la Contraloría estimó remunerados en exceso e insuficientemente cumplidos). Ese representante recibió de vuelta más de 22 millones de pesos del particular favorecido. En fin, los sobreprecios totales fueron de cuatro millones 284 mil 660 dólares. Y se podía haber hecho todo bien: el hospital de la FAC hizo adquisiciones en España, en la misma época y con el mismo préstamo, y cumplió todas las normas legales, a satisfacción de la Contraloría.
Las precarias explicaciones intentadas por el Ministerio de Educación fueron pulverizadas por aquélla, la cual afirmó: "No se desvirtúa ninguno de los hechos establecidos"; "se confirman las irregularidades detectadas"; "se pagaron sobreprecios desmedidos". Todo esto ya estaba determinado en 1996. ¿Y qué pasó después? Nada. Absolutamente nada. La Contraloría tiene atribuciones para iniciar acciones que permitan sancionar las irregularidades y reparar los daños sufridos por el Estado. No las ha utilizado. Envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Este solicitó un informe externo, el cual recomendó pedir a la Contraloría el sumario que ella debería haber instruido por sí misma. Devolvió la pelota. El nuevo contralor, un hombre intachable, quedó entre la espada y la pared, pues es hermano del ex Presidente Aylwin, bajo cuyo gobierno sucedieron las irregularidades.
¿Y qué dice Lagos? Lamenta que "se ataque en forma vil mi honorabilidad y la de mi familia". Pero nadie ha aludido a su familia; y en cuanto a preguntar por qué no se respetan las leyes y no se paga sólo lo debido, eso nunca ha sido una vileza.
Lo que sucede es otra cosa: la Concertación ya no admite contrapeso. Ni siquiera preguntas. Es el poder de los que se sienten con todo el poder. Tienen a la Contraloría y al Consejo de Defensa amedrentados. La primera es capaz de procesar a un alcalde si no justifica lo gastado en un almuerzo, pero no a un presidenciable oficialista que se saltó todas las normas. El segundo entabla querella para investigar un negocio privado en que todos ganaron, pero no para aclarar por qué el Estado pagó millones de dólares de más.
Es el poder de los que tienen el poder, y quieren seguir teniéndolo.
No respetó las normas legales, pues contrató con una empresa española sin mediar decreto o resolución sujetos a toma de razón, como debió hacerlo. No llamó a licitación para las adquisiciones, como el ministro de Hacienda le ordenó. Le entregó a un particular, conocido suyo, atribuciones para representar al ministerio y hacer compras en España, sin tener facultades para ello y sin mediar contrato alguno. Pagó 33 mil 921 dólares por cada aula tecnológica similar a las que la misma firma (Alecop) había vendido al Ministerio de Educación y Ciencia de España en 15 mil 354 dólares; por cada torno que la Contraloría cotizó en Chile en 284 mil 251 dólares, pagó 628 mil 316; por cada taladro de 31 mil 951 dólares, pagó 48 mil 665. Su representante personal pagó 100 millones de pesos a otro particular por realizar ciertos trámites (que la Contraloría estimó remunerados en exceso e insuficientemente cumplidos). Ese representante recibió de vuelta más de 22 millones de pesos del particular favorecido. En fin, los sobreprecios totales fueron de cuatro millones 284 mil 660 dólares. Y se podía haber hecho todo bien: el hospital de la FAC hizo adquisiciones en España, en la misma época y con el mismo préstamo, y cumplió todas las normas legales, a satisfacción de la Contraloría.
Las precarias explicaciones intentadas por el Ministerio de Educación fueron pulverizadas por aquélla, la cual afirmó: "No se desvirtúa ninguno de los hechos establecidos"; "se confirman las irregularidades detectadas"; "se pagaron sobreprecios desmedidos". Todo esto ya estaba determinado en 1996. ¿Y qué pasó después? Nada. Absolutamente nada. La Contraloría tiene atribuciones para iniciar acciones que permitan sancionar las irregularidades y reparar los daños sufridos por el Estado. No las ha utilizado. Envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Este solicitó un informe externo, el cual recomendó pedir a la Contraloría el sumario que ella debería haber instruido por sí misma. Devolvió la pelota. El nuevo contralor, un hombre intachable, quedó entre la espada y la pared, pues es hermano del ex Presidente Aylwin, bajo cuyo gobierno sucedieron las irregularidades.
¿Y qué dice Lagos? Lamenta que "se ataque en forma vil mi honorabilidad y la de mi familia". Pero nadie ha aludido a su familia; y en cuanto a preguntar por qué no se respetan las leyes y no se paga sólo lo debido, eso nunca ha sido una vileza.
Lo que sucede es otra cosa: la Concertación ya no admite contrapeso. Ni siquiera preguntas. Es el poder de los que se sienten con todo el poder. Tienen a la Contraloría y al Consejo de Defensa amedrentados. La primera es capaz de procesar a un alcalde si no justifica lo gastado en un almuerzo, pero no a un presidenciable oficialista que se saltó todas las normas. El segundo entabla querella para investigar un negocio privado en que todos ganaron, pero no para aclarar por qué el Estado pagó millones de dólares de más.
Es el poder de los que tienen el poder, y quieren seguir teniéndolo.
