"Chito" y los pinchazos
Esta semana fue monopolizada por el tema de los pinchazos telefónicos. Empezó con una denuncia del secretario del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro, y terminó con él sentado en el banquillo. Como suele ocurrir en nuestro medio, incluyéndonos a periodistas, los denunciantes terminan enjuiciados y los denunciados libres de polvo y paja.
Tres medios de comunicación recibieron un fax con un listado de ciudadanos de distintos sectores, acompañado con una carta de instrucción supuestamente firmada por la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, dirigida al Jefe del Consejo Nacional de Seguridad, con indicación de que se trataba de los que debían ser sujetos de intervenciones telefónicas en el mes de noviembre, mencionándose a la presidenta Mireya Moscoso, como acorde con la insólita medida.
La Constitución de la República prescribe que las comunicaciones telefónicas son inviolables y, por tanto, no da lugar a ningún tipo de pesquisa en su tenor literal. La realidad de una delincuencia cada vez más sofisticada y agresiva, forzó el claro texto, dando lugar a una legislación que permite las intervenciones en el marco de investigaciones criminales con la concurrencia del Ministerio Público.
El revuelo fue el que se esperaba. Los altos funcionarios lo negaron y, de paso, devolvieron la pelota a su origen. En menos de cinco días, "Chito" pasó de acusador a acusado. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió?
La Policía Técnica Judicial ha dicho que el fax fue enviado desde un aparato perteneciente a un allegado de Montenegro. La cinta o memoria del mismo así lo comprueba. Sin embargo, especialistas han advertido que es factible, mediante una intervención de línea telefónica, hacer simular que se envía por fax un documento sin haber realmente sido enviado. La duda persiste. ¿Fue Chito objeto de una conspiración o una trampa "cazabobos"?
Según la última hipótesis, a Montenegro se le habría hecho llegar la documentación, evidentemente fabricada, para tentarle a hacer lo que siempre hace, esto es, enterar de inmediato a los medios de comunicación y presentar la denuncia ruidosa ante las autoridades. Como todo era, supuestamente, falso, Chito quedaría expuesto a fulminantes acciones judiciales que sacarían su incómoda presencia fuera de circulación.
¿Cuál es la verdad de lo ocurrido? Del desagradable dime y direte, nos queda una conclusión: Las intervenciones telefónicas siempre se han hecho y el Gobierno cuenta con los medios técnicos para hacerlo. Queda también claro que tales prácticas son ilegales si no se desarrollan en el marco de investigaciones criminales. Por lo demás, como ciudadanos debemos procurar que tales instrumentos de investigación no sean mal empleados contra personas que no hacen otra cosa que ejercer su libre derecho a discrepar, a criticar y a fiscalizar los actos de quienes administran los haberes públicos.
(egrimal@cableonda.net)
Tres medios de comunicación recibieron un fax con un listado de ciudadanos de distintos sectores, acompañado con una carta de instrucción supuestamente firmada por la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, dirigida al Jefe del Consejo Nacional de Seguridad, con indicación de que se trataba de los que debían ser sujetos de intervenciones telefónicas en el mes de noviembre, mencionándose a la presidenta Mireya Moscoso, como acorde con la insólita medida.
La Constitución de la República prescribe que las comunicaciones telefónicas son inviolables y, por tanto, no da lugar a ningún tipo de pesquisa en su tenor literal. La realidad de una delincuencia cada vez más sofisticada y agresiva, forzó el claro texto, dando lugar a una legislación que permite las intervenciones en el marco de investigaciones criminales con la concurrencia del Ministerio Público.
El revuelo fue el que se esperaba. Los altos funcionarios lo negaron y, de paso, devolvieron la pelota a su origen. En menos de cinco días, "Chito" pasó de acusador a acusado. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió?
La Policía Técnica Judicial ha dicho que el fax fue enviado desde un aparato perteneciente a un allegado de Montenegro. La cinta o memoria del mismo así lo comprueba. Sin embargo, especialistas han advertido que es factible, mediante una intervención de línea telefónica, hacer simular que se envía por fax un documento sin haber realmente sido enviado. La duda persiste. ¿Fue Chito objeto de una conspiración o una trampa "cazabobos"?
Según la última hipótesis, a Montenegro se le habría hecho llegar la documentación, evidentemente fabricada, para tentarle a hacer lo que siempre hace, esto es, enterar de inmediato a los medios de comunicación y presentar la denuncia ruidosa ante las autoridades. Como todo era, supuestamente, falso, Chito quedaría expuesto a fulminantes acciones judiciales que sacarían su incómoda presencia fuera de circulación.
¿Cuál es la verdad de lo ocurrido? Del desagradable dime y direte, nos queda una conclusión: Las intervenciones telefónicas siempre se han hecho y el Gobierno cuenta con los medios técnicos para hacerlo. Queda también claro que tales prácticas son ilegales si no se desarrollan en el marco de investigaciones criminales. Por lo demás, como ciudadanos debemos procurar que tales instrumentos de investigación no sean mal empleados contra personas que no hacen otra cosa que ejercer su libre derecho a discrepar, a criticar y a fiscalizar los actos de quienes administran los haberes públicos.
(egrimal@cableonda.net)
