Cielos abiertos o mentes cerradas
Buenos Aires (AIPE)- El debate actual sobre el tema "cielos abiertos" realmente refleja una discusión acerca de quiénes han de ser los beneficiarios de las decisiones políticas del gobierno. El año pasado, el gobierno argentino firmó un acuerdo con Estados Unidos así denominado, el cual determinaría, en un cierto plazo, la existencia de un mayor número de frecuencias de vuelos entre ese país y la Argentina hasta llegar a un punto en el cual se eliminaba toda limitación.
Ese acuerdo, que no llegó a ser implementado, ha sido suspendido por el actual gobierno, como lo manifestara el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo. ¿Por qué el acuerdo de cielos abiertos y por qué la suspensión?
El aumento del tráfico de pasajeros entre los dos países en los últimos años ha determinado que en ciertos períodos la demanda exceda la capacidad de las líneas aéreas que realizan esos recorridos, tal como lo puede comprobar cualquiera que quiera pasajes en la época de vacaciones o que se apreste a viajar en vuelos generalmente llenos y hasta donde se ofrecen premios para quienes desistan de viajar y dejen su lugar a otros.
Ciertamente, un aumento de la oferta resolvería este problema y generaría, además, una reducción de los precios de los pasajes y un aumento de la calidad del servicio, como por ejemplo mayor espacio en los asientos de la clase económica. Pero esa oferta no se ajusta automáticamente a la demanda porque está regulada por acuerdos bilaterales.
Negociadores de ambos países se sientan y discuten la cantidad de frecuencias que unirán uno con otro. Aquí viene entonces la pregunta fundamental: ¿los intereses de quién deben defender esos negociadores? ¿Los de las aerolíneas locales o los de los consumidores?
Pues el gobierno argentino ha tomado una posición notable que implica elegir a ninguno de los dos: ha suspendido el acuerdo para "afianzar la posición de Aerolíneas Argentinas frente a la competencia internacional". Claro, usted se podrá dejar llevar por el nombre o por la nostalgia, pero lo cierto es que Aerolíneas Argentinas de argentino ya tiene bien poco, apenas un 15% (10% en manos de sus empleados y 5% en manos del estado argentino). La mayor parte es propiedad de una empresa estatal española, de Merryl Lynch, Bankers Trust, Iberia y American Airlines, en distintos porcentajes.
No sólo eso, el gobierno quiere ayudar a Aerolíneas Argentinas pero sin poner un solo peso, ya que se ha negado sistemáticamente a todo requerimiento de sus socios de aumentar el capital para mejorar su rendimiento.
Ayuda por cierto necesita, ya que ha perdido fortunas en los últimos años, incluyendo 120 millones de dólares en 1999, la cifra más alta desde que fuera privatizada, pero pérdida inferior a la del último año bajo gestión estatal.
Queda claro entonces a quién favorece la suspensión del acuerdo, pero lo que no resulta nada claro es por qué el gobierno argentino ha de interesarse en un mero nombre, en una tradición o en un grupo de accionistas. El precio de este favor recaerá, por supuesto, en los que viajen a o desde Estados Unidos.
Queda claro, también, que lo que ahora acontece es el resultado de un marco regulador que permite que los intereses concentrados de algunos participantes tengan una voz y un peso mucho mayor que el de los muchos pero dispersos consumidores. Así lo señala con claridad la teoría de la "elección pública": quien busca el privilegio tiene un incentivo concentrado muy fuerte para alcanzarlo, mientras que el costo del mismo se reparte entre una gran cantidad de usuarios, ninguno de los cuales tiene un incentivo suficiente como para encarar la costosa tarea de lograr su rechazo.
Esos usuarios difícilmente se verán beneficiados por la acción de negociadores, sólo lo serán por la competencia, cuanto más amplia mejor. Cielos abiertos, sobre todo si se abren con todos los países y no solamente con uno, es la única esperanza de los consumidores. Y las mentes cerradas de funcionarios y políticos es la barrera que impide que los consumidores se beneficien.
Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
Ese acuerdo, que no llegó a ser implementado, ha sido suspendido por el actual gobierno, como lo manifestara el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo. ¿Por qué el acuerdo de cielos abiertos y por qué la suspensión?
El aumento del tráfico de pasajeros entre los dos países en los últimos años ha determinado que en ciertos períodos la demanda exceda la capacidad de las líneas aéreas que realizan esos recorridos, tal como lo puede comprobar cualquiera que quiera pasajes en la época de vacaciones o que se apreste a viajar en vuelos generalmente llenos y hasta donde se ofrecen premios para quienes desistan de viajar y dejen su lugar a otros.
Ciertamente, un aumento de la oferta resolvería este problema y generaría, además, una reducción de los precios de los pasajes y un aumento de la calidad del servicio, como por ejemplo mayor espacio en los asientos de la clase económica. Pero esa oferta no se ajusta automáticamente a la demanda porque está regulada por acuerdos bilaterales.
Negociadores de ambos países se sientan y discuten la cantidad de frecuencias que unirán uno con otro. Aquí viene entonces la pregunta fundamental: ¿los intereses de quién deben defender esos negociadores? ¿Los de las aerolíneas locales o los de los consumidores?
Pues el gobierno argentino ha tomado una posición notable que implica elegir a ninguno de los dos: ha suspendido el acuerdo para "afianzar la posición de Aerolíneas Argentinas frente a la competencia internacional". Claro, usted se podrá dejar llevar por el nombre o por la nostalgia, pero lo cierto es que Aerolíneas Argentinas de argentino ya tiene bien poco, apenas un 15% (10% en manos de sus empleados y 5% en manos del estado argentino). La mayor parte es propiedad de una empresa estatal española, de Merryl Lynch, Bankers Trust, Iberia y American Airlines, en distintos porcentajes.
No sólo eso, el gobierno quiere ayudar a Aerolíneas Argentinas pero sin poner un solo peso, ya que se ha negado sistemáticamente a todo requerimiento de sus socios de aumentar el capital para mejorar su rendimiento.
Ayuda por cierto necesita, ya que ha perdido fortunas en los últimos años, incluyendo 120 millones de dólares en 1999, la cifra más alta desde que fuera privatizada, pero pérdida inferior a la del último año bajo gestión estatal.
Queda claro entonces a quién favorece la suspensión del acuerdo, pero lo que no resulta nada claro es por qué el gobierno argentino ha de interesarse en un mero nombre, en una tradición o en un grupo de accionistas. El precio de este favor recaerá, por supuesto, en los que viajen a o desde Estados Unidos.
Queda claro, también, que lo que ahora acontece es el resultado de un marco regulador que permite que los intereses concentrados de algunos participantes tengan una voz y un peso mucho mayor que el de los muchos pero dispersos consumidores. Así lo señala con claridad la teoría de la "elección pública": quien busca el privilegio tiene un incentivo concentrado muy fuerte para alcanzarlo, mientras que el costo del mismo se reparte entre una gran cantidad de usuarios, ninguno de los cuales tiene un incentivo suficiente como para encarar la costosa tarea de lograr su rechazo.
Esos usuarios difícilmente se verán beneficiados por la acción de negociadores, sólo lo serán por la competencia, cuanto más amplia mejor. Cielos abiertos, sobre todo si se abren con todos los países y no solamente con uno, es la única esperanza de los consumidores. Y las mentes cerradas de funcionarios y políticos es la barrera que impide que los consumidores se beneficien.
Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
