Ciento diez mil
Ciento diez mil (110 mil) municiones explosivas vivas es la cifra que proporciona el Washington Post como estimado de lo que permanece en los polígonos de las bases militares que EE.UU operó en Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999.
El diario asegura que sólo se han removido 8,500 municiones, por lo que la mayor parte permanece en esas áreas. Las tropas que "limpiaron" esos terrenos contaminados por las prácticas militares de varias décadas lo hicieron superficialmente cerca de los senderos y sin equipo apropiado de detección, La "limpieza" no se inició sino hasta 1998 - o sea, el año antes de la transferencia del Canal a Panamá - por la que se hizo con retardo.
El artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá dice "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".
En conclusión, los militares norteamericanos obraron con negligencia al limpiar tardía y superficialmente, el territorio nacional contaminado por ellos y que ya ha cobrado la vida de decenas de panameños y heridos a muchos.
Esta acción indica un incumplimiento de los tratados Torrijos Carter, y la excusa es de que esa limpieza no era practicable y que lo que hay que hacer es segregar esas áreas para siempre, ignorando el peligro que supone para la población y la pérdida para el país de terreno valioso para el desarrollo nacional. Es decir, nos han dejado una bomba de tiempo en el centro del territorio aledaño a la región interoceánica, que es un eje fundamental de nuestro desarrollo.
En campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años, en especial áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones, los EE.UU. entregaron a Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, pues se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razonas. Estas áreas están situadas en la región metropolitana donde reside la mitad de la población nacional y se desarrollan el 75% de actividades económicas. En la actualidad, un total de 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 27 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos, según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria, por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza o la ampliación de sus tierras, lo que incrementa el peligro de ser víctmmas de explosiones.
Además las áreas contaminadas son un lastre, van a pesar en la relaciones panameñas norteamericanas hoy y en el futuro, pues cada muerto o herido o bienes afectados por esas 100 mil municiones y la posible presencia de residuos químicos, serán referidas a la responsabilidad de un país que no quiso limpiar lo que contaminó como Dios manda. Al mismo tiempo también será responsable el gobierno panameño al no gestionar adecuadamente la solución del problema si actúa negligentemente. Es decir, podemos encontrarnos entre la espada y la pared. El Gobierno de EE.UU que dice que no es posible limpiar y el Gobierno de Panamá que proclama que no es posible lograr que el Gobierno de EE.UU asuma su responsabilidad de sanear esos terrenos.
El tema de la descontaminación de los polígonos es un tema de Estado, y por lo tanto, debe convocarse a todos los sectores nacionales a participar en las iniciativas a seguir y lanzarse una estrategia internacional en busca de apoyo y solidaridad con la sociedad civil de los EE.UU, y con todo foros y países del mundo, centrado en estos temas:
Que EE.UU realice actividades de descontaminación de los polígonos suficientes para limpiar toda la superficie afectada de municiones o sustancias químicas, pero a través de empresas privadas y grupos civiles para no utilizar la descontaminación como excusa para establecer instalaciones militares en Panamá. Para ello, debe utilizar y poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados.
Es importante que los Estados Unidos haga un estudio de viabilidad de la detección y remoción de municiones en áreas inaccesibles, que incluye quemas controladas, tal como se hace en Fort Ord, California, para poder detectar y remover municiones, parcela por parcela, después dejando que el bosque crezca de nuevo, así llevando al mínimo impactos adversos en el medio ambiente. Para un país que excavó casi 100 millones de yardas cubiertas de suelo para construir el canal, podemos esperar un compromiso de esa envergadura para restaurar un bosque lleno de explosivos, y encajarse así en la vida de un medio ambiente sano y desmilitarizado.
En última instancia, los EE.UU deberían pagar a Panamá una indemnización que se calcula en 480 millones de dólares (FOR) para la limpieza de las hectáreas que permanecen contaminadas, y los costos mientras esto dure del patrullaje, mantenimiento y vigilancia de esta área por parte de Panamá.
Ciento diez mil explosivo están amenazadoramente vivos en el centro del istmo como si este país fuese un campo de batalla. Hay que apagarlos y devolver a la tierra su lozanía.
El diario asegura que sólo se han removido 8,500 municiones, por lo que la mayor parte permanece en esas áreas. Las tropas que "limpiaron" esos terrenos contaminados por las prácticas militares de varias décadas lo hicieron superficialmente cerca de los senderos y sin equipo apropiado de detección, La "limpieza" no se inició sino hasta 1998 - o sea, el año antes de la transferencia del Canal a Panamá - por la que se hizo con retardo.
El artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá dice "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".
En conclusión, los militares norteamericanos obraron con negligencia al limpiar tardía y superficialmente, el territorio nacional contaminado por ellos y que ya ha cobrado la vida de decenas de panameños y heridos a muchos.
Esta acción indica un incumplimiento de los tratados Torrijos Carter, y la excusa es de que esa limpieza no era practicable y que lo que hay que hacer es segregar esas áreas para siempre, ignorando el peligro que supone para la población y la pérdida para el país de terreno valioso para el desarrollo nacional. Es decir, nos han dejado una bomba de tiempo en el centro del territorio aledaño a la región interoceánica, que es un eje fundamental de nuestro desarrollo.
En campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años, en especial áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones, los EE.UU. entregaron a Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, pues se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razonas. Estas áreas están situadas en la región metropolitana donde reside la mitad de la población nacional y se desarrollan el 75% de actividades económicas. En la actualidad, un total de 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 27 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos, según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria, por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza o la ampliación de sus tierras, lo que incrementa el peligro de ser víctmmas de explosiones.
Además las áreas contaminadas son un lastre, van a pesar en la relaciones panameñas norteamericanas hoy y en el futuro, pues cada muerto o herido o bienes afectados por esas 100 mil municiones y la posible presencia de residuos químicos, serán referidas a la responsabilidad de un país que no quiso limpiar lo que contaminó como Dios manda. Al mismo tiempo también será responsable el gobierno panameño al no gestionar adecuadamente la solución del problema si actúa negligentemente. Es decir, podemos encontrarnos entre la espada y la pared. El Gobierno de EE.UU que dice que no es posible limpiar y el Gobierno de Panamá que proclama que no es posible lograr que el Gobierno de EE.UU asuma su responsabilidad de sanear esos terrenos.
El tema de la descontaminación de los polígonos es un tema de Estado, y por lo tanto, debe convocarse a todos los sectores nacionales a participar en las iniciativas a seguir y lanzarse una estrategia internacional en busca de apoyo y solidaridad con la sociedad civil de los EE.UU, y con todo foros y países del mundo, centrado en estos temas:
Que EE.UU realice actividades de descontaminación de los polígonos suficientes para limpiar toda la superficie afectada de municiones o sustancias químicas, pero a través de empresas privadas y grupos civiles para no utilizar la descontaminación como excusa para establecer instalaciones militares en Panamá. Para ello, debe utilizar y poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados.
Es importante que los Estados Unidos haga un estudio de viabilidad de la detección y remoción de municiones en áreas inaccesibles, que incluye quemas controladas, tal como se hace en Fort Ord, California, para poder detectar y remover municiones, parcela por parcela, después dejando que el bosque crezca de nuevo, así llevando al mínimo impactos adversos en el medio ambiente. Para un país que excavó casi 100 millones de yardas cubiertas de suelo para construir el canal, podemos esperar un compromiso de esa envergadura para restaurar un bosque lleno de explosivos, y encajarse así en la vida de un medio ambiente sano y desmilitarizado.
En última instancia, los EE.UU deberían pagar a Panamá una indemnización que se calcula en 480 millones de dólares (FOR) para la limpieza de las hectáreas que permanecen contaminadas, y los costos mientras esto dure del patrullaje, mantenimiento y vigilancia de esta área por parte de Panamá.
Ciento diez mil explosivo están amenazadoramente vivos en el centro del istmo como si este país fuese un campo de batalla. Hay que apagarlos y devolver a la tierra su lozanía.
