Cierre de calles
Al sancionar la nueva ley, que castiga con penas de hasta dos años de cárcel por protestar cerrando las calles (de forma violenta, argumentan quienes la propusieron), el gobierno del presidente Martinelli ha convertido en crimen el derecho de los panameños de manifestarse públicamente en las calles.
Un "crimen" con amenazante y severo castigo. Resulta significativo que la aprobación de esta ley se diera en medio de deliberadas ambigüedades y calculadas contradicciones de opinión del mandatario, lo que para muchos podría expresar una movida oculta del oficialismo ante una medida claramente impopular.
Para las autoridades esta ha sido la mejor respuesta ante lo que califican de abuso de los manifestantes violentos. En Venezuela han promulgado leyes similares con iguales pretextos, frenar las "conspiraciones y el desorden" de los opositores. Muchos justifican la controvertida ley, pues opinan que así eliminarán las manifestaciones callejeras abusivas y temerarias. Pero la nueva ley podría convertirse en un exceso legal, pues abre la puerta al arbitrio de quien la aplique ya que deja en sus manos la calificación sobre qué es violento y qué no. Esto sería un atropello oficial contra la ciudadanía, aquella que hace de la calle la instancia pública donde expresa su desatención institucional. No olvidemos que las grandes conquistas democráticas del mundo moderno hicieron de las calles su único escenario libre para expresarse.
La Cruzada Civilista -en la década de los 80- fue un ejemplo de ello. Pero con esta ley, la participación de la sociedad civil y las protestas políticas han visto reducidos sus espacios públicos a aceras inexistentes.
