Cierre de la ARI
Con buen criterio, el presidente de la República, Martín Torrijos, ha anunciado que no prorrogará por más tiempo la duración de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), entidad creada por la Ley 5 de 25 de febrero de 1993, cuya vigencia vence al final de este año. Para esa fecha, la totalidad de los 1, 545 inmuebles que quedan sin vender o adjudicar, pasará a ser parte de los demás bienes nacionales, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Economía y Finanzas. Quizás baste con crear una nueva dirección general dentro de ese ministerio para hacer frente a las particularidades que presenta el conjunto de esos bienes que formaron parte de la antigua Zona del Canal, bajo jurisdicción norteamericana.
Los Tratados Torrijos-Carter de 1977, establecieron la gradual reversión de las tierras y aguas del antiguo enclave colonial a Panamá, en un proceso que se completó el 31 de diciembre de 1999. A partir de entonces, la ARI se ocupó de la conservación, adjudicación, arrendamiento de dichos bienes, tarea que desempeñó con mediano éxito bajo sus últimas administraciones de Nicolás Ardito Barletta, Alfredo Arias y Julio Ross Anguizola, sin incluir mayormente a José Chen Barría, quien estuvo muy poco tiempo en el cargo tras renunciar bajo presiones del presidente Ernesto Pérez Balladares.
Si tuviéramos que resumir el legado de la ARI en breves líneas, tendríamos que reconocer el desarrollo y venta ordenada de gran cantidad de viviendas y la instalación de algunos complejos industriales, comerciales y culturales, estos últimos parte la Ciudad del Saber. El desarrollo y mejora de Amador merece también especial atención, por su enorme potencial turístico a través de la marina construída al extremo de su calzada, además de los restaurantes, hoteles y sitios de esparcimiento del lugar, que aguardan sin embargo por mayores inversionistas. También llama la atención, los hoteles de Gamboa y Meliá a orillas del Gatún.
Otro de sus mayores legados lo es su plan de uso de tierras y aguas, cuyo cumplimiento debe garantizar un ordenado desarrollo y utilización del área, en contraste con la anarquía urbanística que campea en el resto del país. No debe tampoco menospreciarse el aporte de algunas decenas de millones de balboas que aportó la ARI al Fondo Fiduciario para el Desarrollo y otra parte para el gasto corriente del Estado y para su propio funcionamiento. Prorrogar su vigencia carecería de sentido puesto que ha llegado a un nivel en que cuesta más mantenerla operando que los beneficios que rinde, que pueden prestarse con los recursos gubernamentales disponibles, siempre que sean adecuadamente coordinados.
Los Tratados Torrijos-Carter de 1977, establecieron la gradual reversión de las tierras y aguas del antiguo enclave colonial a Panamá, en un proceso que se completó el 31 de diciembre de 1999. A partir de entonces, la ARI se ocupó de la conservación, adjudicación, arrendamiento de dichos bienes, tarea que desempeñó con mediano éxito bajo sus últimas administraciones de Nicolás Ardito Barletta, Alfredo Arias y Julio Ross Anguizola, sin incluir mayormente a José Chen Barría, quien estuvo muy poco tiempo en el cargo tras renunciar bajo presiones del presidente Ernesto Pérez Balladares.
Si tuviéramos que resumir el legado de la ARI en breves líneas, tendríamos que reconocer el desarrollo y venta ordenada de gran cantidad de viviendas y la instalación de algunos complejos industriales, comerciales y culturales, estos últimos parte la Ciudad del Saber. El desarrollo y mejora de Amador merece también especial atención, por su enorme potencial turístico a través de la marina construída al extremo de su calzada, además de los restaurantes, hoteles y sitios de esparcimiento del lugar, que aguardan sin embargo por mayores inversionistas. También llama la atención, los hoteles de Gamboa y Meliá a orillas del Gatún.
Otro de sus mayores legados lo es su plan de uso de tierras y aguas, cuyo cumplimiento debe garantizar un ordenado desarrollo y utilización del área, en contraste con la anarquía urbanística que campea en el resto del país. No debe tampoco menospreciarse el aporte de algunas decenas de millones de balboas que aportó la ARI al Fondo Fiduciario para el Desarrollo y otra parte para el gasto corriente del Estado y para su propio funcionamiento. Prorrogar su vigencia carecería de sentido puesto que ha llegado a un nivel en que cuesta más mantenerla operando que los beneficios que rinde, que pueden prestarse con los recursos gubernamentales disponibles, siempre que sean adecuadamente coordinados.
