Cincuenta mil en un congelador
Las autoridades han advertido categóricamente que su dueña no será investigada, mientras los implicados en su hurto, aunque confesos, le imputan el manejo usual de gruesas sumas de dinero en efectivo que solía esconder por inverosímiles rincones de su modesta casa, en la que unos servían y otros eran allegados. Los agentes oficiales que adelantan las pesquisas han filtrado que gran parte de los B/.30 mil recuperados de manos de los ladrones mostraban secuencia numérica continua, las mismas que se usan para dar seguimiento a delincuentes o para su embarque a los bancos centrales por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, señal inconfundible de que formaban parte de un enorme paquete original.
La consulta de la planilla de la Presidencia, a la que pertenece la infortunada secretaria, dueña del dinero hurtado, arroja más dudas que respuestas. No es normal que nadie con tan exiguo salario tenga semejante suma en un refrigerador, salvo que sea ajeno o haya tenido ingresos extraordinarios. Se trata de una funcionaria pública de baja gradación, que al igual que cualquiera de sus colegas que labora en el gobierno, debe rendir cuenta al país a quien debe su sustento, además de ser y parecer honesta, que no lo dudamos.
Hay normas y convenios internacionales que hacen perseguible los casos de incremento patrimonial desmesurado, repentino e inexplicable y, en especial, si se trata de un funcionario público cercano a las altas esferas del poder, donde se majan gruesas sumas de efectivo, producto de partidas discrecionales, del que no se rinde detalle al público, por más que los medios de comunicación hemos solicitado muchas veces que se informe en qué se gastan.
La funcionaria en cuestión, nos tiene sin mayor cuidado. Nos importa la indiferencia de las autoridades, esto es las de investigación criminal y patrimonial; de los superiores del despacho de la agraviada, y de la Contraloría, que no se han dado por enteradas del hecho. Obviamente, las especulaciones son infinitas y las respuestas mínimas. En este país, a cualquier viajero que no reporte la traída de B/.10 mil en efectivo, le decomisan el dinero y lo ponen preso en el acto, fuera del juicio por lavado que le inician. Pero al desafortunado que cumple con el trámite lo asaltan los bandidos a la salida del aeropuerto, como le ocurrió al grupo de turistas italianos atracados por forajidos dotados de armas de guerra el pasado jueves en las inmediaciones del Hospital Paitilla.
Además de lo anterior, las leyes del país exigen que los bancos desnuden a cualquier cliente que deposite o retire B/.5 mil, haciéndole llenar formularios y dando inmediato parte a la Unidad de Análisis Financiero como potencial señal de lavado de dinero, salvo prueba en contrario. No obstante, quizá tengan razón, y nada raro haya en que una modesta secretaria de la Presidencia guarde B/.50 mil en efectivo en el congelador de su casa. Pero alguien debiera decirlo para definir desde ya, las reglas de juego de una nueva transparencia, así sea de congeladores.
La consulta de la planilla de la Presidencia, a la que pertenece la infortunada secretaria, dueña del dinero hurtado, arroja más dudas que respuestas. No es normal que nadie con tan exiguo salario tenga semejante suma en un refrigerador, salvo que sea ajeno o haya tenido ingresos extraordinarios. Se trata de una funcionaria pública de baja gradación, que al igual que cualquiera de sus colegas que labora en el gobierno, debe rendir cuenta al país a quien debe su sustento, además de ser y parecer honesta, que no lo dudamos.
Hay normas y convenios internacionales que hacen perseguible los casos de incremento patrimonial desmesurado, repentino e inexplicable y, en especial, si se trata de un funcionario público cercano a las altas esferas del poder, donde se majan gruesas sumas de efectivo, producto de partidas discrecionales, del que no se rinde detalle al público, por más que los medios de comunicación hemos solicitado muchas veces que se informe en qué se gastan.
La funcionaria en cuestión, nos tiene sin mayor cuidado. Nos importa la indiferencia de las autoridades, esto es las de investigación criminal y patrimonial; de los superiores del despacho de la agraviada, y de la Contraloría, que no se han dado por enteradas del hecho. Obviamente, las especulaciones son infinitas y las respuestas mínimas. En este país, a cualquier viajero que no reporte la traída de B/.10 mil en efectivo, le decomisan el dinero y lo ponen preso en el acto, fuera del juicio por lavado que le inician. Pero al desafortunado que cumple con el trámite lo asaltan los bandidos a la salida del aeropuerto, como le ocurrió al grupo de turistas italianos atracados por forajidos dotados de armas de guerra el pasado jueves en las inmediaciones del Hospital Paitilla.
Además de lo anterior, las leyes del país exigen que los bancos desnuden a cualquier cliente que deposite o retire B/.5 mil, haciéndole llenar formularios y dando inmediato parte a la Unidad de Análisis Financiero como potencial señal de lavado de dinero, salvo prueba en contrario. No obstante, quizá tengan razón, y nada raro haya en que una modesta secretaria de la Presidencia guarde B/.50 mil en efectivo en el congelador de su casa. Pero alguien debiera decirlo para definir desde ya, las reglas de juego de una nueva transparencia, así sea de congeladores.
