Ciudadanos centinelas
Después de la imposición “dedocrática” que convirtió en mueca la sonrisa de Ameglio y en pena infinita los desplantes de Juliao, la licitación de “la casa de Punta Mala” ha venido a reafirmar la creciente desconfianza de la mayoría de la población panameña, en el sistema político y en las instituciones formalmente establecidas para representar sus intereses. Una vez más, centenares de miles de ciudadanos, corroboramos que las autoridades no cumplen con su mandato social y abusan de la administración del poder, dando lugar a hechos de corrupción e impunidad que tienden a incrementar esta desconfianza.
Lo de Punta Mala evidencia la falta de credibilidad social en el sistema político, el manejo no transparente y deshonesto de los bienes públicos (véase la desfachatez de los “pampers boys” en funciones de ministros o viceministros para justificar -a como de lugar- todo lo injustificable, para amañar “cortésmente” las licitaciones); pero también la falta de independencia del sistema judicial que asegure la vigencia de un Estado de Derecho y la ausencia de una administración eficiente de las instituciones públicas que deben proveer servicios a los ciudadanos.
Al decir de un amigo, y compartiendo plenamente con él lo afirmado: “Lo de Punta Mala es la mejor definición de varias cosas: sofisticación para el atraco a bienes públicos; la irreverente actitud de desprecio hacia la opinión pública; la falta total y absoluta de ética y moral en la política...”
A pesar de ello, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral ha manifestado -no sé si ingenuamente- que “guarda la esperanza de que la mandataria Mireya Moscoso, quien públicamente informó que haría campaña después de su jornada de trabajo, respete las reglas del juego dictadas en un reglamento sobre el uso de recursos del Estado frente a las elecciones generales de 2004.”
En un país donde la falsificación de valores y la doble moral es moneda de curso oficial y corriente, y donde el poder político se niega a que se le racionalice el ejercicio del poder y aborrece someterse a la Ley, la ciudadanía tiene la obligación de combatir los extremos del privilegio y la marginación, que hacen peligrar la cohesión y supervivencia de la sociedad. Los ciudadanos debemos actuar como centinelas permanentes contra la acumulación irrestricta de riquezas, el uso del poder sin frenos ni contrapesos, la apropiación arbitraria del fruto del esfuerzo ajeno.
Los ciudadanos estamos llamados a recordarles diariamente a los funcionarios, incluyendo al presidente y vicepresidentes de la República, que les está terminantemente prohibido la utilización de los recursos del Estado en campañas políticas; que no se pueden utilizar actos de carácter oficial ni las inauguraciones de obras para promover a un candidato o arremeter contra los adversarios políticos; que no se puede, bajo ninguna circunstancia, ni dentro ni fuera de jornada de trabajo, usar nuestros recursos estatales.
No permitamos que la carencia de una estructura legal adecuada, ni que reglas del juego poco claras y estables, así como la falta de un derecho administrativo coherente nos impidan actuar como ciudadanos vigilantes de nuestros derechos y libertades. Actuemos contra las deficiencias y ausencia de transparencia en el funcionamiento de instituciones fundamentales de la estructura legal como el Ministerio Público, el Organo Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría y, poder así afianzar nuestro poder ciudadano y reducir las condiciones para la existencia de la corrupción y la impunidad.
La política es el vínculo entre el proyecto y la realidad. Es la rebeldía de la razón frente a la supuesta fatalidad de los hechos y la afirmación de la voluntad sobre el curso de la historia.
Seamos, entonces, centinelas ciudadanos en estado de alerta permanente contra la corrupción, contra la imposición, y contra el continuismo.
Aseguró que, bajo este régimen, las tarifas pueden ser cambiadas acorde al interés social mediante el ERSP con parámetros fijos y claros y sin que afecte la seguridad jurídica.
Por su parte, abogados representantes de algunas de las empresas presentaron sus puntos de vista sobre los contratos ley firmados con el Estado.
Simón Tejeira, de la firma Morgan&Morgan, representante legal de la empresa Panama Ports, manifestó que la seguridad jurídica de los contratos radica en que los contratos son ley entre las partes y algunas disposiciones protegen esta concepción.
A juicio del jurista, los contratos leyes responden a que, en un momento determinado, la Asamblea Legislativa no quería desprenderse de la facultad de representar al Estado en aquellos casos donde era parte de un contrato, pero no por razones de seguridad jurídica sino por la necesidad de un Ente.
Incluso, explicó que, en todos los casos, esos contratos contienen disposiciones que pasan por encima de las leyes vigentes.
"Entonces, por eso se utiliza el mecanismo de la ley y no un acuerdo contractual, porque una ley no puede ser revocada, modificada o alterada", señaló Tejeira.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
Lo de Punta Mala evidencia la falta de credibilidad social en el sistema político, el manejo no transparente y deshonesto de los bienes públicos (véase la desfachatez de los “pampers boys” en funciones de ministros o viceministros para justificar -a como de lugar- todo lo injustificable, para amañar “cortésmente” las licitaciones); pero también la falta de independencia del sistema judicial que asegure la vigencia de un Estado de Derecho y la ausencia de una administración eficiente de las instituciones públicas que deben proveer servicios a los ciudadanos.
Al decir de un amigo, y compartiendo plenamente con él lo afirmado: “Lo de Punta Mala es la mejor definición de varias cosas: sofisticación para el atraco a bienes públicos; la irreverente actitud de desprecio hacia la opinión pública; la falta total y absoluta de ética y moral en la política...”
A pesar de ello, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral ha manifestado -no sé si ingenuamente- que “guarda la esperanza de que la mandataria Mireya Moscoso, quien públicamente informó que haría campaña después de su jornada de trabajo, respete las reglas del juego dictadas en un reglamento sobre el uso de recursos del Estado frente a las elecciones generales de 2004.”
En un país donde la falsificación de valores y la doble moral es moneda de curso oficial y corriente, y donde el poder político se niega a que se le racionalice el ejercicio del poder y aborrece someterse a la Ley, la ciudadanía tiene la obligación de combatir los extremos del privilegio y la marginación, que hacen peligrar la cohesión y supervivencia de la sociedad. Los ciudadanos debemos actuar como centinelas permanentes contra la acumulación irrestricta de riquezas, el uso del poder sin frenos ni contrapesos, la apropiación arbitraria del fruto del esfuerzo ajeno.
Los ciudadanos estamos llamados a recordarles diariamente a los funcionarios, incluyendo al presidente y vicepresidentes de la República, que les está terminantemente prohibido la utilización de los recursos del Estado en campañas políticas; que no se pueden utilizar actos de carácter oficial ni las inauguraciones de obras para promover a un candidato o arremeter contra los adversarios políticos; que no se puede, bajo ninguna circunstancia, ni dentro ni fuera de jornada de trabajo, usar nuestros recursos estatales.
No permitamos que la carencia de una estructura legal adecuada, ni que reglas del juego poco claras y estables, así como la falta de un derecho administrativo coherente nos impidan actuar como ciudadanos vigilantes de nuestros derechos y libertades. Actuemos contra las deficiencias y ausencia de transparencia en el funcionamiento de instituciones fundamentales de la estructura legal como el Ministerio Público, el Organo Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría y, poder así afianzar nuestro poder ciudadano y reducir las condiciones para la existencia de la corrupción y la impunidad.
La política es el vínculo entre el proyecto y la realidad. Es la rebeldía de la razón frente a la supuesta fatalidad de los hechos y la afirmación de la voluntad sobre el curso de la historia.
Seamos, entonces, centinelas ciudadanos en estado de alerta permanente contra la corrupción, contra la imposición, y contra el continuismo.
Aseguró que, bajo este régimen, las tarifas pueden ser cambiadas acorde al interés social mediante el ERSP con parámetros fijos y claros y sin que afecte la seguridad jurídica.
Por su parte, abogados representantes de algunas de las empresas presentaron sus puntos de vista sobre los contratos ley firmados con el Estado.
Simón Tejeira, de la firma Morgan&Morgan, representante legal de la empresa Panama Ports, manifestó que la seguridad jurídica de los contratos radica en que los contratos son ley entre las partes y algunas disposiciones protegen esta concepción.
A juicio del jurista, los contratos leyes responden a que, en un momento determinado, la Asamblea Legislativa no quería desprenderse de la facultad de representar al Estado en aquellos casos donde era parte de un contrato, pero no por razones de seguridad jurídica sino por la necesidad de un Ente.
Incluso, explicó que, en todos los casos, esos contratos contienen disposiciones que pasan por encima de las leyes vigentes.
"Entonces, por eso se utiliza el mecanismo de la ley y no un acuerdo contractual, porque una ley no puede ser revocada, modificada o alterada", señaló Tejeira.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
