Ciudadanos torcidos
El ideal del ciudadano es lograr el consenso para que se respete el bien común. El consenso supone una conversación en la que las partes se respetan mutuamente, escuchan los planteamientos que les son adversos y expresan posiciones con la finalidad de que el otro las entienda, y así mejorar su posición relativa.
Sin embargo, la realidad de los intercambios entre el Ministerio de Educación y los gremios magisteriales muestra los límites de la conducta racional ante el conflicto. La actitud de los educadores no refleja la ética del ciudadano, sino la disposición del saboteador, presto a echar mano de cualquier táctica que haga deslucir al adversario, aunque de ello no se deriven beneficios propios.
La dirigencia magisterial parece más comprometida en demostrar que todo lo que dice el gobierno es mentira, que en llegar a un acuerdo que devuelva los maestros a los niños que los esperan en sus escuelas. Tamaña irresponsabilidad no podrá jamás ser sancionada de modo ejemplar, pues el país carece de los instrumentos que le permitan apartar a los líderes torcidos que están empeñados en profundizar la crisis a como diere lugar. Este es otro crimen que quedará impune. La raíz del mal se encuentra en que, lamentablemente, en nuestro suelo habitan algunas organizaciones que no comparten los ideales democráticos del mundo libre y están prestas a hacer naufragar cualquier iniciativa que busque mejorar la inserción de nuestra nación en el mundo globalizado de la industria y el comercio. El derecho a disentir no da derecho a insultar, ni a sabotear. Ni el Ministerio de Educación, ni la educación de la niñez panameña pueden quedar rehenes de tanto despropósito. Las posiciones absolutas de los grupos que rechazan el diálogo no gozan del respaldo ciudadano, ni de la simpatía popular, porque al final los que más pierden son los más pobres.
Sin embargo, la realidad de los intercambios entre el Ministerio de Educación y los gremios magisteriales muestra los límites de la conducta racional ante el conflicto. La actitud de los educadores no refleja la ética del ciudadano, sino la disposición del saboteador, presto a echar mano de cualquier táctica que haga deslucir al adversario, aunque de ello no se deriven beneficios propios.
La dirigencia magisterial parece más comprometida en demostrar que todo lo que dice el gobierno es mentira, que en llegar a un acuerdo que devuelva los maestros a los niños que los esperan en sus escuelas. Tamaña irresponsabilidad no podrá jamás ser sancionada de modo ejemplar, pues el país carece de los instrumentos que le permitan apartar a los líderes torcidos que están empeñados en profundizar la crisis a como diere lugar. Este es otro crimen que quedará impune. La raíz del mal se encuentra en que, lamentablemente, en nuestro suelo habitan algunas organizaciones que no comparten los ideales democráticos del mundo libre y están prestas a hacer naufragar cualquier iniciativa que busque mejorar la inserción de nuestra nación en el mundo globalizado de la industria y el comercio. El derecho a disentir no da derecho a insultar, ni a sabotear. Ni el Ministerio de Educación, ni la educación de la niñez panameña pueden quedar rehenes de tanto despropósito. Las posiciones absolutas de los grupos que rechazan el diálogo no gozan del respaldo ciudadano, ni de la simpatía popular, porque al final los que más pierden son los más pobres.
