Clinton, los medios y la reserva judicial
El presidente norteamericano Bill Clinton ha anunciado que se propone demandar al fiscal especial que investiga el escándalo sexual que lo involucra a la joven Mónica Lewinsky, por haber permitido que detalles del expediente se filtren a los medios noticiosos.
En Estados Unidos impera un estricto régimen de reserva sumarial que, combinado con el principio de presunción de inocencia, hace difícil que los medios de comunicación accedan a información referente a su contenido.
Cierto que el fiscal Keneth Starr ha negado las acusaciones del mandatario; pero el hecho es que prominentes diarios norteamericanos recogieron en sus páginas la semana pasada, detalles tan precisos de las supuestas relaciones, que sólo era posible recabar de los expedientes de la investigación manejados por el fiscal.
También en Panamá la legislación penal prohíbe el acceso y divulgación del contenido de los expedientes bajo investigación criminal; y va incluso más lejos, al prohibir, so pena de incurrir en delito de calumnia, la publicación del nombre y fotografía del investigado.
Obviamente, tales restricciones, en lo que a los medios noticiosos corresponde, no resistirían en nuestro medio un escrutinio riguroso, a la luz del artículo 37 de la Constitución panameña, que prohíbe la censura previa, a la vez que consagra la plena libertad de información, concebida como el derecho de informar y de ser informado.
Claro que una cosa es informar objetivamente y otra muy distinta condenar o dar por culpable a un mero imputado, lo que sólo corresponde a la Justicia. Por eso los medios estadounidenses suelen ser en extremo cuidadosos en no imputar cargo de culpabilidad a quien no ha sido aún condenado.
Pero no por eso se privan de dar a conocer a la luz pública cuanta noticia e información se refiera a una investigación criminal que se adelanta, y que sea del público interés, pese a las reservas legales que allá existen.
Así se explica también que el presidente Clinton piense en demandar al fiscal de la investigación por su posible infidencia; pero nada haga respecto a los medios noticiosos que publicaron la información. Porque se entiende que, en un sistema de libertades públicas, cada quien debe cumplir su deber y ejercer sus derechos. El fiscal ha de guardar reserva sobre lo que investiga, y los medios divulgarlos si son de su conocimiento.
En Estados Unidos impera un estricto régimen de reserva sumarial que, combinado con el principio de presunción de inocencia, hace difícil que los medios de comunicación accedan a información referente a su contenido.
Cierto que el fiscal Keneth Starr ha negado las acusaciones del mandatario; pero el hecho es que prominentes diarios norteamericanos recogieron en sus páginas la semana pasada, detalles tan precisos de las supuestas relaciones, que sólo era posible recabar de los expedientes de la investigación manejados por el fiscal.
También en Panamá la legislación penal prohíbe el acceso y divulgación del contenido de los expedientes bajo investigación criminal; y va incluso más lejos, al prohibir, so pena de incurrir en delito de calumnia, la publicación del nombre y fotografía del investigado.
Obviamente, tales restricciones, en lo que a los medios noticiosos corresponde, no resistirían en nuestro medio un escrutinio riguroso, a la luz del artículo 37 de la Constitución panameña, que prohíbe la censura previa, a la vez que consagra la plena libertad de información, concebida como el derecho de informar y de ser informado.
Claro que una cosa es informar objetivamente y otra muy distinta condenar o dar por culpable a un mero imputado, lo que sólo corresponde a la Justicia. Por eso los medios estadounidenses suelen ser en extremo cuidadosos en no imputar cargo de culpabilidad a quien no ha sido aún condenado.
Pero no por eso se privan de dar a conocer a la luz pública cuanta noticia e información se refiera a una investigación criminal que se adelanta, y que sea del público interés, pese a las reservas legales que allá existen.
Así se explica también que el presidente Clinton piense en demandar al fiscal de la investigación por su posible infidencia; pero nada haga respecto a los medios noticiosos que publicaron la información. Porque se entiende que, en un sistema de libertades públicas, cada quien debe cumplir su deber y ejercer sus derechos. El fiscal ha de guardar reserva sobre lo que investiga, y los medios divulgarlos si son de su conocimiento.
