Coacción a la libertad de circulación
Si alguien llegara a invocar la parte del artículo 27 que se refiere a que el tránsito libre podría estar subordinado por los reglamentos de tránsito, se podría responder que la interpretación de este párrafo del referido dispositivo colisiona con el artículo 19 de la carta política, el cual establece que " no habrá fueros o privilegios personales", puesto que de hecho la restricción a los autos particulares crea fuero y privilegios a las cooperativas de buses, anteponiendo sus intereses económicos a los de la comunidad social de usuarios.
Considerando que los citados artículos constitucionales corresponden al título III de Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la Constitución estimamos que es procedente que el Defensor del Pueblo intervenga ante las autoridades del tránsito en defensa de los usuarios. Resulta sorprendente que, no obstante las reiteradas violaciones a la libre circulación por el territorio de la República, el Defensor del Pueblo no haya asumido la misión que le encomienda la ley. No es éste el único caso en el que las regulaciones del tránsito se superponen a otras leyes. Los certificados de operación de rutas, verbigracia, han lotizado la ciudad capital, segmentando barriadas y calles para que únicamente se autorice la circulación de vehículos de ciertas empresas. Lo mismo acontece con el servicio de taxis que ha dividido las barriadas en lonjas territoriales en las que se privilegia y se discrimina a otros taxis. Todo este montaje seudo legal y arbitrario prescinde del interés de los usuarios, y peor aún lesiona sus derechos, al forzarlos al uso de algunos taxis, y a pagar lo que los taxistas decidan. Los usuarios no tienen opciones. Su derecho a escoger un servicio se conculca todos los días.
Si la Defensoría del Pueblo no se siente obligada a salir a protestar a nombre de los intereses de la comunidad de usuarios, cualquiera de las ONGs puede hacerlo. Alguien tiene que asumir ese rol. El Panamá América se enaltece en emprender una lucha en defensa de los usuarios cuyo derecho a la libre circulación se vulnera en Panamá Oeste, con la inaudita cooperación de unidades policiales.
Considerando que los citados artículos constitucionales corresponden al título III de Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la Constitución estimamos que es procedente que el Defensor del Pueblo intervenga ante las autoridades del tránsito en defensa de los usuarios. Resulta sorprendente que, no obstante las reiteradas violaciones a la libre circulación por el territorio de la República, el Defensor del Pueblo no haya asumido la misión que le encomienda la ley. No es éste el único caso en el que las regulaciones del tránsito se superponen a otras leyes. Los certificados de operación de rutas, verbigracia, han lotizado la ciudad capital, segmentando barriadas y calles para que únicamente se autorice la circulación de vehículos de ciertas empresas. Lo mismo acontece con el servicio de taxis que ha dividido las barriadas en lonjas territoriales en las que se privilegia y se discrimina a otros taxis. Todo este montaje seudo legal y arbitrario prescinde del interés de los usuarios, y peor aún lesiona sus derechos, al forzarlos al uso de algunos taxis, y a pagar lo que los taxistas decidan. Los usuarios no tienen opciones. Su derecho a escoger un servicio se conculca todos los días.
Si la Defensoría del Pueblo no se siente obligada a salir a protestar a nombre de los intereses de la comunidad de usuarios, cualquiera de las ONGs puede hacerlo. Alguien tiene que asumir ese rol. El Panamá América se enaltece en emprender una lucha en defensa de los usuarios cuyo derecho a la libre circulación se vulnera en Panamá Oeste, con la inaudita cooperación de unidades policiales.
