¿Cogestión en las empresas?
En el Perú, en los años 70, el dictador militar Velasco Alvarado creyó encontrar la fórmula fácil para acabar con lo que consideraba una injusticia, que a los obreros jamás los eligen a las juntas directivas de las empresas. Iluminado de entusiasmo con su fórmula, expidió el Estatuto de la Comunidad Empresarial, estableciendo que las juntas directivas de las empresas privadas tendrían una composición tripartita: un miembro elegido por sus propietarios, otro elegido por los trabajadores y el tercero designado por el gobierno. Al expedir el estatuto, el coronel pletórico de fe en un futuro de progreso y paz, anunció que en el Perú quedaban extinguidas las huelgas y las luchas obrero-patronales, tan destructivas y de tan ingrata recordación. Pero el resultado fue otro: desaparecieron muchas empresas en el Perú y el país entró en plena decadencia, de la cual apenas se repone a pesar que el error populista fue enmendado.
Ahora en Venezuela, en relación al artículo 70 de su Constitución Bolivariana, se presentó un proyecto de ley que establece la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas públicas y privadas, no solo a nivel de juntas directivas, sino en todos los niveles de decisión empresarial. Un sistema de cogestión más radical que el de Velasco Alvarado. Si se aprueba, será fácil pronosticar lo que sucederá con las empresas venezolanas.
La inoperancia de la cogestión debiera ser fácil de comprender, aunque surge de una ignorancia generalizada, tal vez porque en todos los ambientes intelectuales y académicos de América Latina ha venido predominando un persistente ideario político populista que se cuida de esconder todo lo que contradice o señala los errores de la izquierda.
En el resto del mundo, incluida la China comunista, se sabe que cuando se designan representantes de los trabajadores en las juntas directivas, se les coloca, ipso facto, en el centro de conflictos de intereses sin solución. Porque, si los designados actúan en defensa de los intereses de la empresa, aparecerán contrariando los intereses de sus compañeros y viceversa. La salud y progreso de las empresas exigen que los intereses corporativos estén por encima de cualquier consideración particular de gerentes y directores.
Dentro de toda empresa privada operan tendencias y apreciaciones divergentes, pero finalmente deben converger y, normalmente, convergen favoreciendo la prosperidad de la empresa. Este equilibrio final de convergencias se sostiene por virtud de un sistema de contrapesos que no puede romperse y que, en buena medida, está garantizado por el Derecho Societario, los estatutos sociales y las técnicas y prácticas corporativas. Si bien es cierto que los accionistas no pueden equivocarse en la cuidadosa elección de excelentes ejecutivos para ser miembros de las juntas directivas, estos sí que es cierto que tampoco pueden trastabillar en la vital escogencia del presidente ejecutivo, quien, a su vez, está obligado, si quiere permanecer en el cargo y aumentar sus ingresos, a seleccionar y desarrollar el mejor equipo de ejecutivos. Por último, lo mismo deberán hacer los demás ejecutivos con todos sus colaboradores, sin exclusión alguna En el ambiente de dramática tensión, trabajo efectivo y lucha diaria por sobrevivir y desarrollarse que afronta hoy la empresa privada, no hay derecho a equivocaciones ni a disputas estériles, ni lugar para la formación de bandos y luchas electorales, como lo suponen las elecciones de representantes de trabajadores en la cogestión. En toda elección se disputan votos y para conseguirlos se cae, sin remedio, en posiciones radicales, promesas inalcanzables, luchas, beligerancia y odios. Todo esto lleva a la rápida destrucción de la empresa privada.
Debe agregarse, en este somero análisis de la inviabilidad de la cogestión, que el inmediatismo que caracteriza el afán de mejora de la generalidad de los trabajadores, obliga a sus representantes a luchar con denuedo por beneficios inmediatos y crecientes que, concedidos, ponen pronto fin a la gallina de los huevos de oro. Eso también sucede con grupos de accionistas insensatos -generalmente no creadores de la empresa- cuando imponen su criterio cortoplacista de repartos desproporcionados de utilidades. Estos insensatos son muy escasos, pues desaparecen del escenario con gran rapidez y sus empresas con ellos.
La cogestión ha hecho y hace imposible la vida de la empresa privada, la cual, debemos recordar es la más formidable máquina de producción de bienes, empleo e impuestos que haya jamás inventado el hombre. Debe ser cuidada por todos para el bien de todos. Ese proyecto de ley no debe promulgarse en Venezuela.
(*)Presidente del Instituto Libertad y Progreso, Bogotá.
(c) www.aipenet.com
Ahora en Venezuela, en relación al artículo 70 de su Constitución Bolivariana, se presentó un proyecto de ley que establece la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas públicas y privadas, no solo a nivel de juntas directivas, sino en todos los niveles de decisión empresarial. Un sistema de cogestión más radical que el de Velasco Alvarado. Si se aprueba, será fácil pronosticar lo que sucederá con las empresas venezolanas.
La inoperancia de la cogestión debiera ser fácil de comprender, aunque surge de una ignorancia generalizada, tal vez porque en todos los ambientes intelectuales y académicos de América Latina ha venido predominando un persistente ideario político populista que se cuida de esconder todo lo que contradice o señala los errores de la izquierda.
En el resto del mundo, incluida la China comunista, se sabe que cuando se designan representantes de los trabajadores en las juntas directivas, se les coloca, ipso facto, en el centro de conflictos de intereses sin solución. Porque, si los designados actúan en defensa de los intereses de la empresa, aparecerán contrariando los intereses de sus compañeros y viceversa. La salud y progreso de las empresas exigen que los intereses corporativos estén por encima de cualquier consideración particular de gerentes y directores.
Dentro de toda empresa privada operan tendencias y apreciaciones divergentes, pero finalmente deben converger y, normalmente, convergen favoreciendo la prosperidad de la empresa. Este equilibrio final de convergencias se sostiene por virtud de un sistema de contrapesos que no puede romperse y que, en buena medida, está garantizado por el Derecho Societario, los estatutos sociales y las técnicas y prácticas corporativas. Si bien es cierto que los accionistas no pueden equivocarse en la cuidadosa elección de excelentes ejecutivos para ser miembros de las juntas directivas, estos sí que es cierto que tampoco pueden trastabillar en la vital escogencia del presidente ejecutivo, quien, a su vez, está obligado, si quiere permanecer en el cargo y aumentar sus ingresos, a seleccionar y desarrollar el mejor equipo de ejecutivos. Por último, lo mismo deberán hacer los demás ejecutivos con todos sus colaboradores, sin exclusión alguna En el ambiente de dramática tensión, trabajo efectivo y lucha diaria por sobrevivir y desarrollarse que afronta hoy la empresa privada, no hay derecho a equivocaciones ni a disputas estériles, ni lugar para la formación de bandos y luchas electorales, como lo suponen las elecciones de representantes de trabajadores en la cogestión. En toda elección se disputan votos y para conseguirlos se cae, sin remedio, en posiciones radicales, promesas inalcanzables, luchas, beligerancia y odios. Todo esto lleva a la rápida destrucción de la empresa privada.
Debe agregarse, en este somero análisis de la inviabilidad de la cogestión, que el inmediatismo que caracteriza el afán de mejora de la generalidad de los trabajadores, obliga a sus representantes a luchar con denuedo por beneficios inmediatos y crecientes que, concedidos, ponen pronto fin a la gallina de los huevos de oro. Eso también sucede con grupos de accionistas insensatos -generalmente no creadores de la empresa- cuando imponen su criterio cortoplacista de repartos desproporcionados de utilidades. Estos insensatos son muy escasos, pues desaparecen del escenario con gran rapidez y sus empresas con ellos.
La cogestión ha hecho y hace imposible la vida de la empresa privada, la cual, debemos recordar es la más formidable máquina de producción de bienes, empleo e impuestos que haya jamás inventado el hombre. Debe ser cuidada por todos para el bien de todos. Ese proyecto de ley no debe promulgarse en Venezuela.
(*)Presidente del Instituto Libertad y Progreso, Bogotá.
(c) www.aipenet.com
