Coherencia gubernativa
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, desautorizó anteayer públicamente al Ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, como funcionario idóneo para emitir juicios relativos a la consideración por el gobierno nacional de una propuesta norteamericana para un convenio sobre "tropas visitantes". El convenio en referencia parece aludir a una de dos modalidades, - o ambas quizás -, según las cuales un estado permite a otro que transiten sus tropas con rumbo a otro destino, con arreglo a cierto status especial, o bien que ingresen temporalmente para ejecutar determinadas tareas.
Ni el gobierno de Panamá ni la embajada de Estados Unidos ha explicado hasta ahora los términos del propuesto convenio. Sin embargo, tras una intervención televisada del Embajador Ferro, se deduce que el mismo contiene elementos de ambas modalidades expuestas, ésto es que ampararía tanto la situación de las tropas en tránsito hacia un tercer destino, como las que pudieran llegar a nuestro país en labores de asesoría o colaboración técnica, de las presvistas en los Principios de Seguridad Nacional que fueron aprobados recientemente por el Ejecutivo Nacional previo consenso con todos los partidos políticos.
Este tipo de convenio es de práctica tan generalizada que Estados Unidos tiene suscrito 73 de ese tipo con otras tantas naciones. Se trata además de un acuerdo recíproco, lo que conllevaría que fuerzas armadas panameñas recibirían en aquel país igual trato y prerrogativa como cuando se movilizan hacia allá para cursar estudios o entrenamiento, o en funciones de escolta, o en tránsito hacia una tercera nación por el motivo que fuera (intercambios o colaboración con la ONU, OEA, etc.).
El que el Ministro Spadafora se haya adelantado a opinar en términos favorables al convenio, no debe extrañar a nadie, puesto que se trata de materia de su competencia, cual es el de visados, permisos migratorios y temporales, y similares. Igual comentario cabe respecto a la materia de seguridad que entraña la presencia de tropas extranjeras portando armas de reglamento (pistolas o escuadras, no fusiles de asalto).
No es un convenio de inmunidad para casos de delitos, ni se trata de pactar una presencia permanente. Es cuestión de no exigirse recíprocamente visas y de poder alojarse temporalmente en hoteles, hacer compras sin impuestos y transitar temporalmente por uno y otro país. Tal es incluso conveniente, pues conlleva un positivo impacto para una industria hotelera deprimida y una economía paralizada. Además, no es nada raro verlo funcionar entre otras naciones tanto o más soberana que la nuestra.
Asignar al Ministerio de Relaciones Exteriores el tratamiento de este asunto es comprensible, tratándose de un convenio internacional. Pero es claro que el mismo también toca materia migratoria y de seguridad propia de Gobierno y Justicia. En teoría no debiera existir inconveniente en que ambas dependencias colaboraran armoniosamente con tal objeto. Pero desautorizar públicamente al Ministro de Gobierno por opiniones vertidas en materia de su competencia, desdice de una adecuada coordinación y coherencia gubernamental.
Ni el gobierno de Panamá ni la embajada de Estados Unidos ha explicado hasta ahora los términos del propuesto convenio. Sin embargo, tras una intervención televisada del Embajador Ferro, se deduce que el mismo contiene elementos de ambas modalidades expuestas, ésto es que ampararía tanto la situación de las tropas en tránsito hacia un tercer destino, como las que pudieran llegar a nuestro país en labores de asesoría o colaboración técnica, de las presvistas en los Principios de Seguridad Nacional que fueron aprobados recientemente por el Ejecutivo Nacional previo consenso con todos los partidos políticos.
Este tipo de convenio es de práctica tan generalizada que Estados Unidos tiene suscrito 73 de ese tipo con otras tantas naciones. Se trata además de un acuerdo recíproco, lo que conllevaría que fuerzas armadas panameñas recibirían en aquel país igual trato y prerrogativa como cuando se movilizan hacia allá para cursar estudios o entrenamiento, o en funciones de escolta, o en tránsito hacia una tercera nación por el motivo que fuera (intercambios o colaboración con la ONU, OEA, etc.).
El que el Ministro Spadafora se haya adelantado a opinar en términos favorables al convenio, no debe extrañar a nadie, puesto que se trata de materia de su competencia, cual es el de visados, permisos migratorios y temporales, y similares. Igual comentario cabe respecto a la materia de seguridad que entraña la presencia de tropas extranjeras portando armas de reglamento (pistolas o escuadras, no fusiles de asalto).
No es un convenio de inmunidad para casos de delitos, ni se trata de pactar una presencia permanente. Es cuestión de no exigirse recíprocamente visas y de poder alojarse temporalmente en hoteles, hacer compras sin impuestos y transitar temporalmente por uno y otro país. Tal es incluso conveniente, pues conlleva un positivo impacto para una industria hotelera deprimida y una economía paralizada. Además, no es nada raro verlo funcionar entre otras naciones tanto o más soberana que la nuestra.
Asignar al Ministerio de Relaciones Exteriores el tratamiento de este asunto es comprensible, tratándose de un convenio internacional. Pero es claro que el mismo también toca materia migratoria y de seguridad propia de Gobierno y Justicia. En teoría no debiera existir inconveniente en que ambas dependencias colaboraran armoniosamente con tal objeto. Pero desautorizar públicamente al Ministro de Gobierno por opiniones vertidas en materia de su competencia, desdice de una adecuada coordinación y coherencia gubernamental.
