Colombia certificada, ¿y qué?
Después de la certificación plena que tan generosamente nos concedió Washington, ya no queda mayor duda de que el problema de la droga tiene mucho más que ver con política-política que con consideraciones de salud pública, adicción juvenil, consumo masivo o inquietudes semejantes.
Pese a que en Colombia el área de narcocultivos creció el año pasado; a que seguimos siendo el primer exportador de cocaína, marihuana y últimamente heroína hacia EU; a que la producción aumenta y el negocio sigue boyante; pese a todo esto, el país recibió certificación plena y sin reservas por primera vez en cinco años.
Es una decisión que tiene que ver, obviamente, con la necesidad de apuntalar a un gobierno amigo (a diferencia del anterior), más que con las frías realidades económicas, sociales o estadísticas del fenómeno del narcotráfico. Es la Realpolitik. Y hasta se entiende.
No estoy cuestionando que el país haya recibido este certificado de buena conducta. Ni que Washington exalte los esfuerzos y sacrificios de Colombia en esta guerra tan costosa y mal planteada contra la droga. Es un reconocimiento elemental y positivo de lo que puede hacer. Como resulta positivo que EU también avale un proceso de paz que busca fomentar el desarrollo alternativo en las regiones cocaleras y alejar del narcotráfico a la guerrilla.
Desde sus orígenes, la guerra contra la droga está impregnada de objetivos políticos, intereses financieros y prejuicios culturales, que no se desmontan de un día a otro.
Lo que salta una vez más a la vista es lo arbitrario, unilateral y en últimas absurdo que resulta todo este mecanismo de la certificación. Una ceremonia arrogante e irritante, mediante la cual el principal consumidor del mundo se permite calificar -absolver o castigar- a arruinados países tercermundistas donde la producción de los codiciados narcóticos se ha convertido en uno de los pocos renglones dinámicos de la economía. Y en un diabólico negocio cuyos impresionantes niveles de rentabilidad, corrupción y violencia están asociados con su condición de ilegalidad.
Todo lo cual nos lleva al eterno tema de la guerra contra la droga. Una guerra sin salida que, por sus terribles contradicciones y absurdas paradojas, parece cada vez más perdida.
Mientras más se le invierte, más insoluble se muestra. Estados Unidos gastó $1,000 millones en 1980 en su estrategia antinarcóticos. El año pasado invirtió $30 mil millones y, aunque ha habido reducción en los índices de consumo de drogas "duras" en ese país, las cifras globales siguen siendo desoladoras.
Según la ONU, se estima que los estadounidenses gastan unos $60 mil millones al año en drogas ilícitas. Hoy en día una tercera parte de la población reconoce que alguna vez ha ensayado alguna de ellas; alrededor de 13 millones son consumidores ocasionales y por lo menos 5 millones usan habitualmente drogas duras (heroína, cocaína, etc.).
Esto, sin tener en cuenta el consumo de marihuana, que sigue en aumento.
Ni el nuevo estimulante que está haciendo estragos en EU y que el zar antinarcóticos, Barry McCafrey, calificó como "la peor droga que jamás haya golpeado a este país". Se trata de la metanfetamina, una especie de "coca de los pobres", que se fabrica fácilmente en laboratorios caseros y cuyo uso se ha expandido a velocidades alarmantes en las regiones semirrurales de ese país.
Otra cara del problema, y que refuerza la tesis de quienes piden más prevención y menos represión, es el aspecto carcelario. Los arrestos por drogas se han multiplicado y hoy hay más de medio millón de estadounidenses tras las rejas por delitos de droga. Una cifra impresionante, que supera en ocho veces la de 1980.
Todo esto refuerza la tesis de que, tal como se está librando, la guerra contra las drogas es un enorme y costoso fracaso. Y por eso cada día aumentan los partidarios de que se invierta más en prevención, educación y rehabilitación, a lo que se dedica menos de una tercera parte del presupuesto.
Pero no es fácil revertir una dinámica histórica. Desde sus orígenes, la guerra contra la droga está impregnada de objetivos políticos, intereses financieros y prejuicios culturales, que no se desmontan de un día a otro.
En un excelente informe, The Economist comentaba que entre la Casa Blanca, el Congreso y Hollywood habían creado tal mitología en torno de esta guerra, que para el americano medio lo bueno y malo de la misma era tan claro como la diferencia entre la madre Teresa y Saddam Hussein.
Se trata, en fin, de una guerra en la que ha primado lo irracional y el miedo, dirigida contra lo foráneo y extranjero, y en que las evidencias propiamente médicas o sociales del problema han ocupado un segundo plano.
Pero las realidades se van imponiendo. Así lo indica un reciente estudio de la Rand Corporation, según el cual la prevención y el tratamiento han resultado siete veces mejores que la represión policial en reducir el consumo de cocaína en EU, y 20 veces más efectivos que llevar la guerra a los países productores.
Nadie cree que por estar "certificados" por Washington se alivia el problema de fondo. Las raíces sociales y económicas del narcotráfico siguen vivas. Ya sea en las zonas campesinas de producción bajo influencia de la guerrilla, en la sutil diversificación de los carteles o en las torpezas de la guerra contra la droga. Se requerirá algo más que las palmaditas en el hombro del Tío Sam para salir del atolladero.
Pese a que en Colombia el área de narcocultivos creció el año pasado; a que seguimos siendo el primer exportador de cocaína, marihuana y últimamente heroína hacia EU; a que la producción aumenta y el negocio sigue boyante; pese a todo esto, el país recibió certificación plena y sin reservas por primera vez en cinco años.
Es una decisión que tiene que ver, obviamente, con la necesidad de apuntalar a un gobierno amigo (a diferencia del anterior), más que con las frías realidades económicas, sociales o estadísticas del fenómeno del narcotráfico. Es la Realpolitik. Y hasta se entiende.
No estoy cuestionando que el país haya recibido este certificado de buena conducta. Ni que Washington exalte los esfuerzos y sacrificios de Colombia en esta guerra tan costosa y mal planteada contra la droga. Es un reconocimiento elemental y positivo de lo que puede hacer. Como resulta positivo que EU también avale un proceso de paz que busca fomentar el desarrollo alternativo en las regiones cocaleras y alejar del narcotráfico a la guerrilla.
Desde sus orígenes, la guerra contra la droga está impregnada de objetivos políticos, intereses financieros y prejuicios culturales, que no se desmontan de un día a otro.
Lo que salta una vez más a la vista es lo arbitrario, unilateral y en últimas absurdo que resulta todo este mecanismo de la certificación. Una ceremonia arrogante e irritante, mediante la cual el principal consumidor del mundo se permite calificar -absolver o castigar- a arruinados países tercermundistas donde la producción de los codiciados narcóticos se ha convertido en uno de los pocos renglones dinámicos de la economía. Y en un diabólico negocio cuyos impresionantes niveles de rentabilidad, corrupción y violencia están asociados con su condición de ilegalidad.
Todo lo cual nos lleva al eterno tema de la guerra contra la droga. Una guerra sin salida que, por sus terribles contradicciones y absurdas paradojas, parece cada vez más perdida.
Mientras más se le invierte, más insoluble se muestra. Estados Unidos gastó $1,000 millones en 1980 en su estrategia antinarcóticos. El año pasado invirtió $30 mil millones y, aunque ha habido reducción en los índices de consumo de drogas "duras" en ese país, las cifras globales siguen siendo desoladoras.
Según la ONU, se estima que los estadounidenses gastan unos $60 mil millones al año en drogas ilícitas. Hoy en día una tercera parte de la población reconoce que alguna vez ha ensayado alguna de ellas; alrededor de 13 millones son consumidores ocasionales y por lo menos 5 millones usan habitualmente drogas duras (heroína, cocaína, etc.).
Esto, sin tener en cuenta el consumo de marihuana, que sigue en aumento.
Ni el nuevo estimulante que está haciendo estragos en EU y que el zar antinarcóticos, Barry McCafrey, calificó como "la peor droga que jamás haya golpeado a este país". Se trata de la metanfetamina, una especie de "coca de los pobres", que se fabrica fácilmente en laboratorios caseros y cuyo uso se ha expandido a velocidades alarmantes en las regiones semirrurales de ese país.
Otra cara del problema, y que refuerza la tesis de quienes piden más prevención y menos represión, es el aspecto carcelario. Los arrestos por drogas se han multiplicado y hoy hay más de medio millón de estadounidenses tras las rejas por delitos de droga. Una cifra impresionante, que supera en ocho veces la de 1980.
Todo esto refuerza la tesis de que, tal como se está librando, la guerra contra las drogas es un enorme y costoso fracaso. Y por eso cada día aumentan los partidarios de que se invierta más en prevención, educación y rehabilitación, a lo que se dedica menos de una tercera parte del presupuesto.
Pero no es fácil revertir una dinámica histórica. Desde sus orígenes, la guerra contra la droga está impregnada de objetivos políticos, intereses financieros y prejuicios culturales, que no se desmontan de un día a otro.
En un excelente informe, The Economist comentaba que entre la Casa Blanca, el Congreso y Hollywood habían creado tal mitología en torno de esta guerra, que para el americano medio lo bueno y malo de la misma era tan claro como la diferencia entre la madre Teresa y Saddam Hussein.
Se trata, en fin, de una guerra en la que ha primado lo irracional y el miedo, dirigida contra lo foráneo y extranjero, y en que las evidencias propiamente médicas o sociales del problema han ocupado un segundo plano.
Pero las realidades se van imponiendo. Así lo indica un reciente estudio de la Rand Corporation, según el cual la prevención y el tratamiento han resultado siete veces mejores que la represión policial en reducir el consumo de cocaína en EU, y 20 veces más efectivos que llevar la guerra a los países productores.
Nadie cree que por estar "certificados" por Washington se alivia el problema de fondo. Las raíces sociales y económicas del narcotráfico siguen vivas. Ya sea en las zonas campesinas de producción bajo influencia de la guerrilla, en la sutil diversificación de los carteles o en las torpezas de la guerra contra la droga. Se requerirá algo más que las palmaditas en el hombro del Tío Sam para salir del atolladero.
