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Luego de unas cortas en el extranjero, al regreso al país encuentro ciertas situaciones que preocupan. Para empezar, observo lo que a todas luces es el inicio de una guerra sucia en la campaña política. Las muestras abundan. Y eso aun cuando no ha comenzado la campaña política. ¿Cómo será cuando las cosas se pongan más calientes? Hubiese pensado que ante la pobre imagen que sufre la clase política, registrara un mejor comportamiento alejado de los métodos de campaña política sucia. Pareciera que me equivoqué. Esto no puede continuar.
Afortunadamente hay manifestaciones de nuestra gobernante y algunos candidatos de que se abstendrán de utilizar métodos sucios. Que esos buenos deseos se cumplan y entren en razón aquellos que aún persisten en basar sus campañas en denigrar y enlodar al oponente.
Sobre otro tema, no estoy de acuerdo con el propuesto tratado bilateral con los Estados Unidos que exime a sus ciudadanos de someterse al juicio de la Corte Penal Internacional (CPI). Mis objeciones se fundan en dos simple razones: Primero, considero un agravio a nuestro orgullo nacional que nos obliguen a firmar un tratado bajo la amenaza de retirarnos ayuda militar. ¿De nuevo “Big Stick”? No es nada edificante que una nación firme un tratado por temor al retiro de ayuda monetaria en vez de razones basadas en beneficios de interés nacional.
No comparto la opinión de algunos compatriotas que justifican el proyecto de tratado como una medida protectora contra el terrorismo internacional y el problema colombiano. ¿Hasta cuándo vamos a depender de que los norteamericanos no saquen las castañas del fuego? ¿No adquirimos mayoría de edad en Diciembre 31, 1999? ¿Somos incapaces de defender nuestra integridad nacional y protegernos del terrorismo internacional por propio esfuerzo?
Segundo, considero las acciones de los Estados Unidos de aislar a sus civiles y militares de la jurisdicción de la CPI como una ausencia de coherencia con su comportamiento histórico anterior. ¿No crearon y promovieron ellos la modalidad de juicios internacionales de criminales de guerra con el Tribunal de Nuremberg? ¿Por qué ahora se oponen a que sus ciudadanos se sometan al juicio de una corte internacional? ¿Será que ellos no cometen crímenes de guerra? ¿Será que las leyes internacionales son para el resto de la humanidad, pero no para ellos? Es más, hasta donde yo sé, los panameños no estaremos exentos de la jurisdicción de la CPI, ya que Panamá sí reconoce su jurisdicción sobre sus ciudadanos. Cosa curiosa la de una nación que firma un tratado que exime al extranjero de someterse a la jurisdicción de una corte internacional, pero no así a sus ciudadanos. Será altamente interesante ver el comportamiento de nuestros legisladores cuando les toque ratificar el proyecto de tratado.
Por último, veo que los “Diablos Rojos” se convierten una vez más en tema de debate público nacional. Las circunstancias alrededor de la dolorosa e infortunada muerte de una joven han sido el motivo, esta vez, para el inicio de acalorados y emotivos debates. De pronto todas las autoridades y los líderes sindicales-empresariales del transporte se tornan enérgicos y diligentes en establecer disciplina dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad. Se firman nuevos acuerdos. Se hacen juramentos públicos de buen comportamiento y llevar la ley “hasta las últimas consecuencias” (suena familiar... ¿hemos oído eso anteriormente?)
Ojalá sea verdad tanta belleza y la pobre niña infortunada sea la última víctima que tengan que contribuir los sectores populares y mayores usuarios del desastroso sistema de transporte público del área metropolitana, y sirva de estímulo para que despierten de su letargo. No logro entender porqué los usuarios no llegan a comprender que sin ellos el transporte público colapsa. El hecho es simple: sin clientes no hay empresa; sin empresa no hay trabajo, en este caso “palancas”, “pavos” y líderes sindicales-empresarios.
Por el otro lado, en los debates públicos que escucho, se refieren al problema del transporte público como algo muy “complejo” de solucionar. Igual calificativo se usa para el problema del Seguro Social. No estoy de acuerdo con ese concepto. Ambos problemas son difíciles de solucionar, pero no complejos. En ambos se conocen sus causas y se sabe qué hacer para resolverlos. Lo que sucede es que las soluciones tienen alto costo político y nadie se atreve a asumir el mismo. Mientras tanto, que el pueblo aguante. En Panamá todos sabemos cuál es el motivo de la ausencia de un transporte público moderno.
Todos sabemos que el transporte público es el sector de negocios mejor representado en números en la Asamblea Legislativa, y eso no es coincidental. Conocemos los personajes. Sabemos que la solución está en un cambio radical e integral del sistema, pero...¿quién le pone el cascabel al gato?
Amanecerá y veremos.
(titojaen@orbi.net)
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
Afortunadamente hay manifestaciones de nuestra gobernante y algunos candidatos de que se abstendrán de utilizar métodos sucios. Que esos buenos deseos se cumplan y entren en razón aquellos que aún persisten en basar sus campañas en denigrar y enlodar al oponente.
Sobre otro tema, no estoy de acuerdo con el propuesto tratado bilateral con los Estados Unidos que exime a sus ciudadanos de someterse al juicio de la Corte Penal Internacional (CPI). Mis objeciones se fundan en dos simple razones: Primero, considero un agravio a nuestro orgullo nacional que nos obliguen a firmar un tratado bajo la amenaza de retirarnos ayuda militar. ¿De nuevo “Big Stick”? No es nada edificante que una nación firme un tratado por temor al retiro de ayuda monetaria en vez de razones basadas en beneficios de interés nacional.
No comparto la opinión de algunos compatriotas que justifican el proyecto de tratado como una medida protectora contra el terrorismo internacional y el problema colombiano. ¿Hasta cuándo vamos a depender de que los norteamericanos no saquen las castañas del fuego? ¿No adquirimos mayoría de edad en Diciembre 31, 1999? ¿Somos incapaces de defender nuestra integridad nacional y protegernos del terrorismo internacional por propio esfuerzo?
Segundo, considero las acciones de los Estados Unidos de aislar a sus civiles y militares de la jurisdicción de la CPI como una ausencia de coherencia con su comportamiento histórico anterior. ¿No crearon y promovieron ellos la modalidad de juicios internacionales de criminales de guerra con el Tribunal de Nuremberg? ¿Por qué ahora se oponen a que sus ciudadanos se sometan al juicio de una corte internacional? ¿Será que ellos no cometen crímenes de guerra? ¿Será que las leyes internacionales son para el resto de la humanidad, pero no para ellos? Es más, hasta donde yo sé, los panameños no estaremos exentos de la jurisdicción de la CPI, ya que Panamá sí reconoce su jurisdicción sobre sus ciudadanos. Cosa curiosa la de una nación que firma un tratado que exime al extranjero de someterse a la jurisdicción de una corte internacional, pero no así a sus ciudadanos. Será altamente interesante ver el comportamiento de nuestros legisladores cuando les toque ratificar el proyecto de tratado.
Por último, veo que los “Diablos Rojos” se convierten una vez más en tema de debate público nacional. Las circunstancias alrededor de la dolorosa e infortunada muerte de una joven han sido el motivo, esta vez, para el inicio de acalorados y emotivos debates. De pronto todas las autoridades y los líderes sindicales-empresariales del transporte se tornan enérgicos y diligentes en establecer disciplina dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad. Se firman nuevos acuerdos. Se hacen juramentos públicos de buen comportamiento y llevar la ley “hasta las últimas consecuencias” (suena familiar... ¿hemos oído eso anteriormente?)
Ojalá sea verdad tanta belleza y la pobre niña infortunada sea la última víctima que tengan que contribuir los sectores populares y mayores usuarios del desastroso sistema de transporte público del área metropolitana, y sirva de estímulo para que despierten de su letargo. No logro entender porqué los usuarios no llegan a comprender que sin ellos el transporte público colapsa. El hecho es simple: sin clientes no hay empresa; sin empresa no hay trabajo, en este caso “palancas”, “pavos” y líderes sindicales-empresarios.
Por el otro lado, en los debates públicos que escucho, se refieren al problema del transporte público como algo muy “complejo” de solucionar. Igual calificativo se usa para el problema del Seguro Social. No estoy de acuerdo con ese concepto. Ambos problemas son difíciles de solucionar, pero no complejos. En ambos se conocen sus causas y se sabe qué hacer para resolverlos. Lo que sucede es que las soluciones tienen alto costo político y nadie se atreve a asumir el mismo. Mientras tanto, que el pueblo aguante. En Panamá todos sabemos cuál es el motivo de la ausencia de un transporte público moderno.
Todos sabemos que el transporte público es el sector de negocios mejor representado en números en la Asamblea Legislativa, y eso no es coincidental. Conocemos los personajes. Sabemos que la solución está en un cambio radical e integral del sistema, pero...¿quién le pone el cascabel al gato?
Amanecerá y veremos.
(titojaen@orbi.net)
Desde su punto de vista “chiricanos, santeños, veragüenses, no podrían venir a estas tierras ocupadas por los indios a trabajarlas pero ellos sí pueden hacerlo en estas provincias”.
“Nuestra propuesta”, resume Milanés, “es que la comarca es para los emberá – wounaán y la provincia de Darién para los no indígenas”.
El campesino Ramiro Barrios, representante de los interioranos de Darién, también está dispuesto para la lucha. “Somos más de 40 mil no indígenas que necesitamos esos terrenos, ellos tienen comarcas con exceso de tierra y son sólo unos 8 mil, para qué quieren más”.
Además, indica Barrios, radicado en Santa Fe desde 1995, “el presupuesto para los indígenas es sólo para ellos, el de los no indígenas es para el negro, el campesino y también el indio. Salen doblemente favorecidos en todo”.
¿Y qué hay de la tala?, preguntamos y Barrios admite: “sí, lo aceptamos, pero lo hacemos porque no se nos enseñó otra cosa. Es por necesidad, aunque el indígena tala la madera con aprobación de las autoridades”.
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
