Comisión contra la corrupción
Un paso adelante y en sentido correcto lo constituye la creación de la Comisión contra la Corrupción, la cual está facultada para adelantar de oficio investigaciones de irregularidades en el manejo de las cosas públicas que puedan entrañar la comisión de un delito. El nuevo despacho se encargaría de canalizar hacia las autoridades competentes (Ministerio Público) el resultado de sus investigaciones preliminares, las que se encargarían entonces de iniciar o no las sumarias oficiales para su posible juzgamiento por los tribunales penales.
La Comisión en cuestión tiene varias ventajas. Una de ellas es que, a diferencia de un intento previo, bajo otra administración, no estaría bajo la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas sino bajo la Presidencia de la República, con lo cual gana en jerarquía.
Otro aspecto positivo es que, con su creación, se libera parcialmente a los ministerios y demás entidades estatales de la distracción de esfuerzos en investigar la corrupción, los cuales estarán ahora bajo el cargo y coordinación del nuevo despacho. De ese modo, aquellos podrán dedicarse más a sus funciones usuales en vez de paralizar su desenvolvimiento en tareas investigativas, lo que gravita negativamente en el resto del Estado.
Es igualmente atinado el nombramiento de Cristóbal Arboleda, al frente de esa oficina, quien fuera fiscal del Ministerio Público; un hombre ducho en investigaciones criminales, quien sería muy apto para evaluar qué pruebas pueden servir a una investigación penal, ahorrando de ese modo tiempo y recursos. El mismo funcionario sería también muy adecuado para dar seguimiento al desarrollo de las causas que se vayan presentando.
El inconveniente, no obstante, es la dependencia del Ejecutivo, como lo indica su creación mediante decreto. Obviamente, es un avance depender del Presidente de la República que de un simple ministro de gabinete; pero aún así, lo ideal es que la nueva oficina evolucione hacia la independencia, tal como la Defensoría del Pueblo, a través de una ley.
Finalmente, alabamos la participación como parte del organismo de un Concejo integrado, entre otros, por representantes de entidades de la sociedad civil, tales como Transparencia Internacional, la Iglesia, clubes cívicos, ONG, además de los procuradores, que tendrían la tarea de fiscalizar su desempeño. Ello se mueve dentro de la tendencia moderna de dar mayor participación a la sociedad civil en la tarea de gobernar en democracia.
La Comisión en cuestión tiene varias ventajas. Una de ellas es que, a diferencia de un intento previo, bajo otra administración, no estaría bajo la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas sino bajo la Presidencia de la República, con lo cual gana en jerarquía.
Otro aspecto positivo es que, con su creación, se libera parcialmente a los ministerios y demás entidades estatales de la distracción de esfuerzos en investigar la corrupción, los cuales estarán ahora bajo el cargo y coordinación del nuevo despacho. De ese modo, aquellos podrán dedicarse más a sus funciones usuales en vez de paralizar su desenvolvimiento en tareas investigativas, lo que gravita negativamente en el resto del Estado.
Es igualmente atinado el nombramiento de Cristóbal Arboleda, al frente de esa oficina, quien fuera fiscal del Ministerio Público; un hombre ducho en investigaciones criminales, quien sería muy apto para evaluar qué pruebas pueden servir a una investigación penal, ahorrando de ese modo tiempo y recursos. El mismo funcionario sería también muy adecuado para dar seguimiento al desarrollo de las causas que se vayan presentando.
El inconveniente, no obstante, es la dependencia del Ejecutivo, como lo indica su creación mediante decreto. Obviamente, es un avance depender del Presidente de la República que de un simple ministro de gabinete; pero aún así, lo ideal es que la nueva oficina evolucione hacia la independencia, tal como la Defensoría del Pueblo, a través de una ley.
Finalmente, alabamos la participación como parte del organismo de un Concejo integrado, entre otros, por representantes de entidades de la sociedad civil, tales como Transparencia Internacional, la Iglesia, clubes cívicos, ONG, además de los procuradores, que tendrían la tarea de fiscalizar su desempeño. Ello se mueve dentro de la tendencia moderna de dar mayor participación a la sociedad civil en la tarea de gobernar en democracia.
