Comisiones y desaparecidos
EL 2 DE MARZO, el Estado panameño fue citado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington por un grupo de connacionales que piden justicia. A la cita acudió un funcionario sin poder de decisión. La posición del gobierno, avalada por la Cancillería, es la de no elevar esta petición a un asunto de Estado y dejar las investigaciones en la esfera judicial donde han vegetado por tres décadas. Esta indigna actitud, afecta a un sector de la población a quien el Estado panameño le ha negado sistemáticamente el acceso a la justicia: los familiares de los asesinados y desaparecidos durante la dictadura del General Omar Torrijos y sus coroneles. Veamos algunas implicaciones.
Las cifras actualizadas por el Comité Panameño de Familiares de Desaparecidos son de 110 casos no resueltos: 70 asesinados y 40 desaparecidos. Estas dos palabras, asesinados y desaparecidos, establecen una diferencia legal que tiene terribles connotaciones procesales. Los familiares de los asesinados tienen algún grado de certeza sobre cómo y dónde mataron a sus parientes y han podido entrar, de alguna manera, al ordenamiento judicial. Pero el desaparecido es un muerto en vida que el sistema legal panameño no reconoce. Sin restos mortales, no hay pruebas y sin éstas no hay delito. Sin delito formal no hay procesados y campea la impunidad . Este es el status quo el gobierno ha decidido mantener. En este limbo legal permanecen hijos sin heredar, viudas desamparadas, juicios, litigios y sucesiones intestadas pendientes. Peor aún, los asesinos apuestan a que el paso del tiempo diluya el recuerdo de sus víctimas. Esto ocurrirá cuando el sistema y la sociedad decidan, sin miramientos, voltear la página de la historia.
Hace tres décadas, la región latinoamericana tuvo miles de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Panamá no fue la excepción. El paso del tiempo trajo el desmoronamiento de las dictaduras militares de derecha y los gobiernos venideros hicieron esfuerzos por esclarecer estos crímenes. Surgen, así, las llamadas Comisiones de la Verdad. La más famosa de todas fue la instituida en Argentina. Presidida por el físico y escritor Ernesto Sábato, contabilizó 9 mil muertes en el país austral y sacó a la luz pública las ejecuciones clandestinas, las torturas en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), los vuelos de la muerte donde arrojaban prisioneros drogados al mar, y el tráfico de huérfanos a distintos países. Estos crímenes fueron recopilados en el documento "Argentina: Nunca más". Otro reporte fue el publicado por la Comisión de la Verdad chilena, el "Informe Rettig", elaborado por la comisión presidida por el jurista Raúl Rettig, tras la salida de Pinochet del poder. Dos mil muertos y desaparecidos fueron cuantificados. Lograron ubicar centenares de osamentas en minas de carbón y otros cementerios clandestinos. Se documentó el sistemático centro de torturas en el buque escuela La Esmeralda.
La institución Comisión de la Verdad ha tenido éxito relativo en distintos países. Básicamente ha tenido tres responsabilidades: Identificar a los culpables, personalizar a las víctimas y exigir reparaciones a los familiares. La identificación tiene dos teorías contrapuestas, la que dice que los nombres de los ofensores deben ser publicados porque ninguna investigación estaría completa sin ese dato. La otra sostiene que es al Poder Judicial a quien compete este menester, ya que de no ser así se violaría el principio legal de la presunción de inocencia de los implicados y sus garantías procesales. En cuanto a las reparaciones a los familiares, el Congreso de Chile sentó un precedente al dictar la Ley de Reparaciones a las Víctimas, que otorgó sumas en efectivo, becas educativas y la rehabilitación moral como compensación a los familiares de los asesinados. Estas Comisiones han tenido dos características constantes: un mandato claro del gobierno como reflejo de la voluntad de la sociedad y la no interferencia con las instituciones establecidas, con el Poder Judicial. La Comisión de la Verdad panameña ha carecido de esos dos aspectos. El paso de los años ha mermado nuestra memoria colectiva y en épocas recientes la pugna entre la Comisión y el Organo Judicial ha sido evidente. Sucesos desafortunados como la falsificación de evidencias ha erosionado la credibilidad del trabajo realizado a la fecha. Pero la injusticia sigue ahí y los desaparecidos siguen enterrados en tumbas ignotas. Los familiares de estos compatriotas han tenido que buscar en cortes extranjeras la justicia que el Estado les ha negado. Nuestro régimen de gobierno, fuertemente presidencialista, le da poderes al Ejecutivo para revertir este estado de cosas.
La inopia judicial puede ser combatida con dos acciones: un vigoroso mandato y la tipificación de la desaparición forzosa como delito no prescriptible en el Código Penal panameño. Dos atributos adicionales se requieren de los gobernantes para voltear esta página negra de nuestra historia: hombría de bien y misericordia en el corazón.
Nosotros conjeturamos que, dada la inteligencia y el amor por la justicia que caracterizaban a ese genial canino, cansado él ya de ver morir toros bajo la espada de los diestros, en esa ocasión se lanzó al ruego interponiéndose entre torero y toro con sus cabriolas, para impedir, suplicante, que el diestro diera muerte a la pobre y cansada bestia.
Consideramos que la existencia de ese maravilloso ejemplar, fue una como compensación de la naturaleza hacia el ser humano. Así como en el mundo siempre hubo, y hay aún, hombres muy perros, el perro Paco fue mucho hombre.
Donde quiera que estén tus huesos, a pesar de la distancia y a más de un siglo de tu muerte, cariñosamente, perro Paco, te saludo.
Las cifras actualizadas por el Comité Panameño de Familiares de Desaparecidos son de 110 casos no resueltos: 70 asesinados y 40 desaparecidos. Estas dos palabras, asesinados y desaparecidos, establecen una diferencia legal que tiene terribles connotaciones procesales. Los familiares de los asesinados tienen algún grado de certeza sobre cómo y dónde mataron a sus parientes y han podido entrar, de alguna manera, al ordenamiento judicial. Pero el desaparecido es un muerto en vida que el sistema legal panameño no reconoce. Sin restos mortales, no hay pruebas y sin éstas no hay delito. Sin delito formal no hay procesados y campea la impunidad . Este es el status quo el gobierno ha decidido mantener. En este limbo legal permanecen hijos sin heredar, viudas desamparadas, juicios, litigios y sucesiones intestadas pendientes. Peor aún, los asesinos apuestan a que el paso del tiempo diluya el recuerdo de sus víctimas. Esto ocurrirá cuando el sistema y la sociedad decidan, sin miramientos, voltear la página de la historia.
Hace tres décadas, la región latinoamericana tuvo miles de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Panamá no fue la excepción. El paso del tiempo trajo el desmoronamiento de las dictaduras militares de derecha y los gobiernos venideros hicieron esfuerzos por esclarecer estos crímenes. Surgen, así, las llamadas Comisiones de la Verdad. La más famosa de todas fue la instituida en Argentina. Presidida por el físico y escritor Ernesto Sábato, contabilizó 9 mil muertes en el país austral y sacó a la luz pública las ejecuciones clandestinas, las torturas en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), los vuelos de la muerte donde arrojaban prisioneros drogados al mar, y el tráfico de huérfanos a distintos países. Estos crímenes fueron recopilados en el documento "Argentina: Nunca más". Otro reporte fue el publicado por la Comisión de la Verdad chilena, el "Informe Rettig", elaborado por la comisión presidida por el jurista Raúl Rettig, tras la salida de Pinochet del poder. Dos mil muertos y desaparecidos fueron cuantificados. Lograron ubicar centenares de osamentas en minas de carbón y otros cementerios clandestinos. Se documentó el sistemático centro de torturas en el buque escuela La Esmeralda.
La institución Comisión de la Verdad ha tenido éxito relativo en distintos países. Básicamente ha tenido tres responsabilidades: Identificar a los culpables, personalizar a las víctimas y exigir reparaciones a los familiares. La identificación tiene dos teorías contrapuestas, la que dice que los nombres de los ofensores deben ser publicados porque ninguna investigación estaría completa sin ese dato. La otra sostiene que es al Poder Judicial a quien compete este menester, ya que de no ser así se violaría el principio legal de la presunción de inocencia de los implicados y sus garantías procesales. En cuanto a las reparaciones a los familiares, el Congreso de Chile sentó un precedente al dictar la Ley de Reparaciones a las Víctimas, que otorgó sumas en efectivo, becas educativas y la rehabilitación moral como compensación a los familiares de los asesinados. Estas Comisiones han tenido dos características constantes: un mandato claro del gobierno como reflejo de la voluntad de la sociedad y la no interferencia con las instituciones establecidas, con el Poder Judicial. La Comisión de la Verdad panameña ha carecido de esos dos aspectos. El paso de los años ha mermado nuestra memoria colectiva y en épocas recientes la pugna entre la Comisión y el Organo Judicial ha sido evidente. Sucesos desafortunados como la falsificación de evidencias ha erosionado la credibilidad del trabajo realizado a la fecha. Pero la injusticia sigue ahí y los desaparecidos siguen enterrados en tumbas ignotas. Los familiares de estos compatriotas han tenido que buscar en cortes extranjeras la justicia que el Estado les ha negado. Nuestro régimen de gobierno, fuertemente presidencialista, le da poderes al Ejecutivo para revertir este estado de cosas.
La inopia judicial puede ser combatida con dos acciones: un vigoroso mandato y la tipificación de la desaparición forzosa como delito no prescriptible en el Código Penal panameño. Dos atributos adicionales se requieren de los gobernantes para voltear esta página negra de nuestra historia: hombría de bien y misericordia en el corazón.
Nosotros conjeturamos que, dada la inteligencia y el amor por la justicia que caracterizaban a ese genial canino, cansado él ya de ver morir toros bajo la espada de los diestros, en esa ocasión se lanzó al ruego interponiéndose entre torero y toro con sus cabriolas, para impedir, suplicante, que el diestro diera muerte a la pobre y cansada bestia.
Consideramos que la existencia de ese maravilloso ejemplar, fue una como compensación de la naturaleza hacia el ser humano. Así como en el mundo siempre hubo, y hay aún, hombres muy perros, el perro Paco fue mucho hombre.
Donde quiera que estén tus huesos, a pesar de la distancia y a más de un siglo de tu muerte, cariñosamente, perro Paco, te saludo.
