Cómo continuar el ensanche de la Interamericana
Aparentemente, limitaciones presupuestarias imposibilitan la continuación de la obra ejecutada por el gobierno anterior de Ernesto Pérez Balladares. La actual mandataria, Mireya Moscoso, logró concluir hasta ahora algunos tramos de la vía que quedaron inconclusos, entre San Carlos y Penonomé y entre éste y Aguadulce. Pero lamentablemente, hasta allí llegó el dinero.
Se nos ha explicado que los B/.31 millones que costaba el ensanche entre Aguadulce y Santiago, fueron retirados del presupuesto durante la administración del Ministro Luis Blanco y destinados a otros fines que se estimaron prioritarios. Otra versión atribuye la decisión a la humillante pérdida del referéndum de la reelección por Pérez Balladares, que incluyó Veraguas, considerada como bastión tradicional del torrijismo.
De cualquier modo, cuando asumió el anterior ministro de esa cartera, Moisés Castillo, se encontró sin los B/. 31 millones para continuar la obra. Tampoco tuvo éxito en obtener respaldo entre sus colegas del Gabinete y la presidenta Moscoso, para volver a provisionar la partida vacía.
Por otra parte, ignorante de la seriedad de lo que ocurría, la empresa constructora del ensanche, que había participado también en las obras del nuevo Hospital Chicho Fábrega, de Santiago, se adelantó a ejecutar trabajos de movimiento de tierra, en la ruta del ensanche, partiendo desde la capital veraguense hacia Divisa. Se estima en B/.2 millones el valor de este adelanto, hasta que el Ministerio le aconsejó detenerlo por falta de recursos.
Ahora, en vez de ensanche hay una amenaza de litigio en ciernes. Como con el Puente sobre el Canal, la constructora aspira a ser indemnizada por el Estado, mientras que el gobierno se prepara a invocar reparos en el perfeccionamiento del contrato. En el fondo, hay un perdedor, no importa quién gane, y ese será el país, que necesita que se termine una inversión extraordinariamente valiosa y útil, sobre todo en términos turísticos, de seguridad, plusvalía y tiempo.
Opinamos que el Ministerio debe rectificar. En vez de desconocer la validez del contrato debe honrarlo y, en su lugar, negociar con la constructora la continuación de la obra, así sea con títulos de crédito estatal a mediano plazo, que la empresa pueda colocar en la banca, y que el Estado pueda rescatar en plazo oportuno, cuando sus finanzas hayan mejorado, que por lo que vemos del éxito de la reciente colocación de sus títulos en el mercado internacional, será pronto.
Se nos ha explicado que los B/.31 millones que costaba el ensanche entre Aguadulce y Santiago, fueron retirados del presupuesto durante la administración del Ministro Luis Blanco y destinados a otros fines que se estimaron prioritarios. Otra versión atribuye la decisión a la humillante pérdida del referéndum de la reelección por Pérez Balladares, que incluyó Veraguas, considerada como bastión tradicional del torrijismo.
De cualquier modo, cuando asumió el anterior ministro de esa cartera, Moisés Castillo, se encontró sin los B/. 31 millones para continuar la obra. Tampoco tuvo éxito en obtener respaldo entre sus colegas del Gabinete y la presidenta Moscoso, para volver a provisionar la partida vacía.
Por otra parte, ignorante de la seriedad de lo que ocurría, la empresa constructora del ensanche, que había participado también en las obras del nuevo Hospital Chicho Fábrega, de Santiago, se adelantó a ejecutar trabajos de movimiento de tierra, en la ruta del ensanche, partiendo desde la capital veraguense hacia Divisa. Se estima en B/.2 millones el valor de este adelanto, hasta que el Ministerio le aconsejó detenerlo por falta de recursos.
Ahora, en vez de ensanche hay una amenaza de litigio en ciernes. Como con el Puente sobre el Canal, la constructora aspira a ser indemnizada por el Estado, mientras que el gobierno se prepara a invocar reparos en el perfeccionamiento del contrato. En el fondo, hay un perdedor, no importa quién gane, y ese será el país, que necesita que se termine una inversión extraordinariamente valiosa y útil, sobre todo en términos turísticos, de seguridad, plusvalía y tiempo.
Opinamos que el Ministerio debe rectificar. En vez de desconocer la validez del contrato debe honrarlo y, en su lugar, negociar con la constructora la continuación de la obra, así sea con títulos de crédito estatal a mediano plazo, que la empresa pueda colocar en la banca, y que el Estado pueda rescatar en plazo oportuno, cuando sus finanzas hayan mejorado, que por lo que vemos del éxito de la reciente colocación de sus títulos en el mercado internacional, será pronto.
