¿Cómo medir al gobierno?
Existe una manera bastante simple de medir si lo que hace un gobierno es constructivo o destructivo. Si analizamos las acciones del Estado a través del lente del principio organizativo de la subsidiaridad, que dicta que las cosas deben ser efectuadas por la autoridad competente más baja o menos centralizada, tendremos una idea muy clara de su calidad. Lo ideal es que la función de la autoridad central debe ser subsidiaria, desempeñando sólo aquellas tareas que no pueden ser desarrolladas de manera efectiva en una instancia al nivel local.
El principio de la subsidiaridad no sólo aplica al Estado sino a toda organización; sea empresarial, militar, científica y particularmente a la familia; en dónde los padres jamás deben hacer por sus hijos lo que estos pueden y deben hacer por cuenta propia. El principio subsidiario está claramente definido en la Constitución de los EE.UU., en su décima enmienda, la cual establece el principio constitucional federalista según el cual los poderes no otorgados al gobierno nacional o que no le estén prohibidos a los estados, quedan reservados a los propios estados o a su gente. ¡Lástima que no tengamos algo semejante en nuestra Constitución!
Si las instancias descentralizadas, sean del Estado o de la familia, no retienen su soberanía, su libertad e independencia; así como la autoridad que no corresponde de forma expresa a la entidad central, ningún organismo, grande o chico, podrá prosperar. Por supuesto que la tendencia política es contraria a la descentralización pues implica la pérdida de poder. El político que no respete el principio de la subsidiaridad es enemigo del pueblo.
El principio de la subsidiaridad también está muy arraigado en las enseñanzas de la filosofía social de la Iglesia Católica, la cual ha sido muy bien desarrollada por varios papas desde el Siglo XIX; particularmente cuando atañe a asuntos de pobreza y riqueza, economía y organización social y el rol del Estado. El Papa Juan Pablo II advierte sobre la imperativa necesidad de despertar la energía espiritual, sin la cual no puede prevalecer y prosperar la justicia. Esta es la piedra angular de la dignidad humana, la cual está arraigada en los principios de subsidiaridad y solidaridad.
Jamás debemos perder la dignidad individual de la persona humana, esa que fue hecha a la imagen y semejanza del Creador; con capacidad de conocer, de poseer y de dar de sí libremente y no a través de imposiciones estatales. No es sino a través de la comunión con otros, y por la fe en nuestro Creador que podemos ser responsables y enfrentar los inmensos retos de la pobreza.
Cuando un gobernante promete que su gobierno eliminará la pobreza comete blasfemia, al atribuirse lo que no le corresponde, en desdeño a la soberanía de las personas. El Estado jamás podrá ser solidario ya que dicha virtud sólo corresponde a las personas y no a los colectivos. Si aplicamos estos principios milenarios a nuestros gobiernos, podremos juzgar sus actuaciones con toda propiedad.
