Cómo nos parecemos
Antes fue el Perú, después la Argentina y hoy Venezuela. En cada una de esas crisis políticas, hasta el panameño menos informado cree ver circunstancias paralelas o, mejor dicho, parecidas a la situación nacional. En ello se tiene parcialmente razón si se toman en cuenta las categorías de generalidad y especificidad para analizar los fenómenos políticos. La generalidad está dada por la crisis económica e institucional que corroe, estructuralmente, nuestras débiles democracias. Lo específico son los datos de coyuntura, la forma que adopta la salida de la crisis.
Con el caso de Venezuela, la mayoría de los comentarios y de los comentaristas se refieren a problemas de la personalidad del ex presidente Hugo Chávez, o del "comunismo" del presidente Hugo Chávez y su amistad con el presidente Fidel Castro o de su atentado contra las libertades públicas y su carácter autoritario.
Pero tomar lo fenoménico por lo esencial no sólo refleja una crasa ignorancia, sino un acto de mala fe para producir, en nuestro país, efectos políticos.
¿Qué lectura podemos hacer de lo ocurrido en Venezuela?. ¿Cuáles son las variables internas y externas del problema?. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de lo ocurrido?.
Empecemos diciendo que Hugo Chávez es el producto de una larga crisis que agotó el régimen político venezolano inaugurado en 1958 con la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y que duró hasta 1999. Ese largo período, de alternabilidad partidaria entre los dos grandes partidos políticos venezolanos (Acción Democrática y COPEI), culminó con un régimen agotado en el cual se desarrollaron diversas alternativas que culminan, a su vez, con la elección del teniente coronel Hugo Chávez Frías y del Movimiento V República. Una inusitada e inédita mayoría lleva a Hugo Chávez al Palacio Miraflores.
Se inicia, desde ese momento, un complejo proceso de transformación. Se dicta una ley contra el latifundio para dividir los predios mayores de 5 mil hectáreas, se aumentó el impuesto a las petroleras extranjeras (mayoritariamente de Texas) y se dictó una ley de protección a la pesca que obligaba a los grandes pesqueros a pescar mas allá de las 10 millas náuticas. Fueron tocados los intereses de FEDECAMARAS, sin duda alguna. Por otro lado, se trata de transformaciones limitadas que se mantienen en el ámbito de lo que alguien llamó "capitalismo con rostro humano". Los trabajadores no obtuvieron ninguna modificación a la existente "flexibilidad laboral" neoliberal. Fue un proceso ambiguo de transformaciones que, por lo demás, situó el corazón del régimen en las Fuerzas Armadas venezolanas.
En lo exterior, fue sintomático que el 5 de febrero del 2002, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powel, se extrañara de la manera como el presidente Chávez entendía "la democracia" o que el director de la CIA pronosticara una crisis en Venezuela o que la embajadora de Estados Unidos, al retirarse de Venezuela lamentara no haber asistido a "una revolución", ¿Meras coincidencias? Como para completar el cuadro en que se incubó la actual crisis, el presidente Hugo Chávez llamó a la guerra de Afganistán "terrorismo contra el terrorismo" y se opuso al cerco contra Colombia.
Todos estos hechos son "olvidados" por los analistas que adjudican lo acontecido a la personalidad del Presidente o al comunismo o a cualesquiera otra simpleza.
¿Cuál ha sido el desenlace del 11 de abril? Es muy pronto para decirlo. El golpe de Estado de los militares venezolanos ha intentado imponer una junta militar empresarial. Por su parte, no parece claro que el presidente Hugo Chávez haya renunciado ya que su Consejo de Gabinete ha llamado a un Consejo Regional Federal de Gobernadores. A su vez, el vicepresidente no aparece, con lo que se abre un compás de incertidumbre y de inestabilidad que puede ser lamentable. Puede parecer tonto, pero llamarle renuncia a lo que es un golpe de Estado no puede ocultar el drama que viven los hermanos venezolanos. Por lo demás, ¿si el presidente Chávez hubiera renunciado, por qué no asume el vicepresidente?
Después del 11 de septiembre, la inefable OEA emitió una resolución contra los golpes militares. Esperamos oír la voz clara de ese ministerio de colonia de Estados Unidos y al Pacto Andino o al Pacto de Río, todos celosos demócratas.
De plácemes estarán todos los golpistas panameños que añoran una salida de fuerza a la situación nacional y los amigos "adecos" o "copeyanos" panameños de sus congéneres venezolanos. Nosotros no nos alegramos. Lo de Venezuela se suma a lo del Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Centroamérica, la de volcanes y balcanes, en una cadena de vicisitudes históricas que pronto cambiarán de signo.
En cuanto a la Resolución de Controversias este Acuerdo incluye una Resolución en cierto modo similar a la que se incluyó en el CMA. En el Convenio Alemán Zubieta - Becker "cualesquiera desacuerdos o disputas en cuanto a la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolverán exclusivamente mediante la consulta entre las Partes y no serán referidas a terceros ni a ningún tribunal nacional ni internacional para su resolución". (Artículo IX).
No sólo carece de personería el señor Administrador Alemán Zubieta para concertar un Acuerdo de esta naturaleza, sino que también carece de autoridad y competencia para otorgar privilegios e inmunidades y para renunciar a ir a tribunales internacionales. Pero, además, si el Acuerdo como se deduce de las declaraciones aparecidas en la prensa local se caracteriza como un Acuerdo de protección al Canal, estaría enmarcado entonces en el Artículo 319 de la Constitución que determina que los convenios internacionales sobre la protección del Canal de Esclusas deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y por un referéndum nacional.
Ante el Convenio Salas - Becker del 5 de febrero del 2002 y el Convenio Alemán Zubieta - Becker del 1 de abril del 2002, me formulo preguntas que me he planteado sin que las respuestas sean satisfactorias. Me pregunto, por ejemplo, si hay algo peor para las relaciones exteriores de un país que la debilidad, que la actitud complaciente que trasuntan ciertos actos de nuestros funcionarios y que comprometen la independencia, el decoro y la soberanía de Panamá.
Durante el Siglo XX Panamá debió enfrentarse a las inconsecuencias opresivas de una potencia foránea. Ahora desde los inicios del Siglo XXI después de las reivindicaciones cristalizadas el 31 de diciembre de 1999, pareciera que los nuevos retos que confronta la Nación se derivan de las ligerezas, de los despropósitos y de los excesos de los propios panameños.
“El mismo radica en que no hay un nivel serio de escala de salarios en el gobierno y por un lado se establecen los llamados gastos de representación que al final son mayores que el mismo salario, lo cual es contradictorio”, subrayó Santana.
Consideró que al no existir niveles de salarios, los hay demasiado exagerados como es el caso de los funcionarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, y la Defensoría del Pueblo.
“En esas entidades tenemos salarios demasiado altos para funcionarios de segunda y tercera categoría, los cuales algunos están ganando desde cuatro mil hasta siete mil balboas mensuales, lo que no es correcto”, acotó Santana.
A su juicio, hay que analizar el hecho de que el nepotismo debe ser limitado en cuanto a la incursión de la parentela dentro del ejercicio del poder político como una forma de aprovecharse del mismo, y por otro lado, también es necesario que se regule ese concepto administrativa o penalmente.
“También hay que establecer un nivel de escala salarial o una tabla de salarios que sea cónsona con la realidad de un país subdesarrollado como Panamá, donde no podemos tener salarios excesivos que al final de cuentas no son compatibles con el servicio que se presta”, dijo Santana.
Por su parte, el sacerdote Patricio Hanssen, director de Pastoral Social Arquidiocesana, fue enfático al declarar que los asuntos de Estado no son potestad de un grupo político, que busca satisfacer intereses personales, familiares o de amiguismo.
Lo que ahora ocurre es que los que llegan al poder, lo consideran un botín para su gente. Ese es, a todas luces, un concepto erróneo de los políticos, y el instrumento para combatirlo es la Ley de Carrera Administrativa. Con ella las políticas de Estado son más efectivas porque los nombramientos se hacen en función de capacidad y no de personas.
“Los funcionarios no están para servir a partidos políticos, sino para servir al pueblo”, sentenció. El nepotismo tergiversa el sentido de la administración pública.
“Me duele que la presidenta (Mireya Moscoso) arguya el argumento de que otros gobiernos lo hicieron”, señaló el sacerdote, a lo que añadió que “si quiere ser estadista, debe atreverse a hacer cambios”.
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
Con el caso de Venezuela, la mayoría de los comentarios y de los comentaristas se refieren a problemas de la personalidad del ex presidente Hugo Chávez, o del "comunismo" del presidente Hugo Chávez y su amistad con el presidente Fidel Castro o de su atentado contra las libertades públicas y su carácter autoritario.
Pero tomar lo fenoménico por lo esencial no sólo refleja una crasa ignorancia, sino un acto de mala fe para producir, en nuestro país, efectos políticos.
¿Qué lectura podemos hacer de lo ocurrido en Venezuela?. ¿Cuáles son las variables internas y externas del problema?. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de lo ocurrido?.
Empecemos diciendo que Hugo Chávez es el producto de una larga crisis que agotó el régimen político venezolano inaugurado en 1958 con la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y que duró hasta 1999. Ese largo período, de alternabilidad partidaria entre los dos grandes partidos políticos venezolanos (Acción Democrática y COPEI), culminó con un régimen agotado en el cual se desarrollaron diversas alternativas que culminan, a su vez, con la elección del teniente coronel Hugo Chávez Frías y del Movimiento V República. Una inusitada e inédita mayoría lleva a Hugo Chávez al Palacio Miraflores.
Se inicia, desde ese momento, un complejo proceso de transformación. Se dicta una ley contra el latifundio para dividir los predios mayores de 5 mil hectáreas, se aumentó el impuesto a las petroleras extranjeras (mayoritariamente de Texas) y se dictó una ley de protección a la pesca que obligaba a los grandes pesqueros a pescar mas allá de las 10 millas náuticas. Fueron tocados los intereses de FEDECAMARAS, sin duda alguna. Por otro lado, se trata de transformaciones limitadas que se mantienen en el ámbito de lo que alguien llamó "capitalismo con rostro humano". Los trabajadores no obtuvieron ninguna modificación a la existente "flexibilidad laboral" neoliberal. Fue un proceso ambiguo de transformaciones que, por lo demás, situó el corazón del régimen en las Fuerzas Armadas venezolanas.
En lo exterior, fue sintomático que el 5 de febrero del 2002, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powel, se extrañara de la manera como el presidente Chávez entendía "la democracia" o que el director de la CIA pronosticara una crisis en Venezuela o que la embajadora de Estados Unidos, al retirarse de Venezuela lamentara no haber asistido a "una revolución", ¿Meras coincidencias? Como para completar el cuadro en que se incubó la actual crisis, el presidente Hugo Chávez llamó a la guerra de Afganistán "terrorismo contra el terrorismo" y se opuso al cerco contra Colombia.
Todos estos hechos son "olvidados" por los analistas que adjudican lo acontecido a la personalidad del Presidente o al comunismo o a cualesquiera otra simpleza.
¿Cuál ha sido el desenlace del 11 de abril? Es muy pronto para decirlo. El golpe de Estado de los militares venezolanos ha intentado imponer una junta militar empresarial. Por su parte, no parece claro que el presidente Hugo Chávez haya renunciado ya que su Consejo de Gabinete ha llamado a un Consejo Regional Federal de Gobernadores. A su vez, el vicepresidente no aparece, con lo que se abre un compás de incertidumbre y de inestabilidad que puede ser lamentable. Puede parecer tonto, pero llamarle renuncia a lo que es un golpe de Estado no puede ocultar el drama que viven los hermanos venezolanos. Por lo demás, ¿si el presidente Chávez hubiera renunciado, por qué no asume el vicepresidente?
Después del 11 de septiembre, la inefable OEA emitió una resolución contra los golpes militares. Esperamos oír la voz clara de ese ministerio de colonia de Estados Unidos y al Pacto Andino o al Pacto de Río, todos celosos demócratas.
De plácemes estarán todos los golpistas panameños que añoran una salida de fuerza a la situación nacional y los amigos "adecos" o "copeyanos" panameños de sus congéneres venezolanos. Nosotros no nos alegramos. Lo de Venezuela se suma a lo del Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Centroamérica, la de volcanes y balcanes, en una cadena de vicisitudes históricas que pronto cambiarán de signo.
En cuanto a la Resolución de Controversias este Acuerdo incluye una Resolución en cierto modo similar a la que se incluyó en el CMA. En el Convenio Alemán Zubieta - Becker "cualesquiera desacuerdos o disputas en cuanto a la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolverán exclusivamente mediante la consulta entre las Partes y no serán referidas a terceros ni a ningún tribunal nacional ni internacional para su resolución". (Artículo IX).
No sólo carece de personería el señor Administrador Alemán Zubieta para concertar un Acuerdo de esta naturaleza, sino que también carece de autoridad y competencia para otorgar privilegios e inmunidades y para renunciar a ir a tribunales internacionales. Pero, además, si el Acuerdo como se deduce de las declaraciones aparecidas en la prensa local se caracteriza como un Acuerdo de protección al Canal, estaría enmarcado entonces en el Artículo 319 de la Constitución que determina que los convenios internacionales sobre la protección del Canal de Esclusas deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y por un referéndum nacional.
Ante el Convenio Salas - Becker del 5 de febrero del 2002 y el Convenio Alemán Zubieta - Becker del 1 de abril del 2002, me formulo preguntas que me he planteado sin que las respuestas sean satisfactorias. Me pregunto, por ejemplo, si hay algo peor para las relaciones exteriores de un país que la debilidad, que la actitud complaciente que trasuntan ciertos actos de nuestros funcionarios y que comprometen la independencia, el decoro y la soberanía de Panamá.
Durante el Siglo XX Panamá debió enfrentarse a las inconsecuencias opresivas de una potencia foránea. Ahora desde los inicios del Siglo XXI después de las reivindicaciones cristalizadas el 31 de diciembre de 1999, pareciera que los nuevos retos que confronta la Nación se derivan de las ligerezas, de los despropósitos y de los excesos de los propios panameños.
“El mismo radica en que no hay un nivel serio de escala de salarios en el gobierno y por un lado se establecen los llamados gastos de representación que al final son mayores que el mismo salario, lo cual es contradictorio”, subrayó Santana.
Consideró que al no existir niveles de salarios, los hay demasiado exagerados como es el caso de los funcionarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, y la Defensoría del Pueblo.
“En esas entidades tenemos salarios demasiado altos para funcionarios de segunda y tercera categoría, los cuales algunos están ganando desde cuatro mil hasta siete mil balboas mensuales, lo que no es correcto”, acotó Santana.
A su juicio, hay que analizar el hecho de que el nepotismo debe ser limitado en cuanto a la incursión de la parentela dentro del ejercicio del poder político como una forma de aprovecharse del mismo, y por otro lado, también es necesario que se regule ese concepto administrativa o penalmente.
“También hay que establecer un nivel de escala salarial o una tabla de salarios que sea cónsona con la realidad de un país subdesarrollado como Panamá, donde no podemos tener salarios excesivos que al final de cuentas no son compatibles con el servicio que se presta”, dijo Santana.
Por su parte, el sacerdote Patricio Hanssen, director de Pastoral Social Arquidiocesana, fue enfático al declarar que los asuntos de Estado no son potestad de un grupo político, que busca satisfacer intereses personales, familiares o de amiguismo.
Lo que ahora ocurre es que los que llegan al poder, lo consideran un botín para su gente. Ese es, a todas luces, un concepto erróneo de los políticos, y el instrumento para combatirlo es la Ley de Carrera Administrativa. Con ella las políticas de Estado son más efectivas porque los nombramientos se hacen en función de capacidad y no de personas.
“Los funcionarios no están para servir a partidos políticos, sino para servir al pueblo”, sentenció. El nepotismo tergiversa el sentido de la administración pública.
“Me duele que la presidenta (Mireya Moscoso) arguya el argumento de que otros gobiernos lo hicieron”, señaló el sacerdote, a lo que añadió que “si quiere ser estadista, debe atreverse a hacer cambios”.
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
