Compromisos incumplidos
La indolencia y el incumplimiento de compromisos parecen ser parte inseparable de una subcultura local que cada día cobra mayor beligerancia, sobre todo a nivel de Estado.
Hace más de año y medio, la comunidad citadina se estremeció tras un accidente ocurrido frente al hospital San Miguel Arcángel. Tras los reportes periodísticos, el hecho generó todo tipo de manifestaciones, desde protestas de distintos sectores, hasta compromisos oficiales.
El gobierno de entonces se comprometió en construir un paso elevado como medio preventivo. Ha pasado el tiempo y cotidianamente se repite el cuadro de los peatones acudiendo a las citas médicas, en principio para tratar algún tipo de enfermedad o síntoma, pero con el riesgo de convertirse en pacientes de urgencia.
De "manera eventual" -según se dijo- fue colocado un policía que ayuda en el cruce de los peatones; pero hay que ver, sobre todo en horas pico, al agente deteniendo la marejada de automóviles provenientes de tres paños de San Miguelito hacia la ciudad y viceversa. No sólo es la cantidad, sino la velocidad a la que permite ir esa vía. La eventualidad se ha convertido en una permanencia incómoda, peligrosa y en la que se sustenta una conocida indiferencia oficial. No es un señalamiento especial contra el gobierno de turno, sino la identificación de una actitud del Estado frente a la sociedad que lo sustenta y le da razón de ser. Una incoherencia entre el deber público y el derecho ciudadano, sujeta a los vaivenes electorales de los quinquenios. Una especie de prioridad determinada por los acuerdos entre políticos, que deja por fuera lo que para la ciudadanía común resulta una urgencia, y que sólo cobrará importancia cuando -como en este caso- atropellen a otro ciudadano.
Hay en esto otro tema del que bien podrían ocuparse las múltiples organizaciones de la sociedad civil existentes en el país, del gobierno central, los municipios, los legisladores y los representantes, independientemente de cuándo serán las nuevas elecciones.
Hace más de año y medio, la comunidad citadina se estremeció tras un accidente ocurrido frente al hospital San Miguel Arcángel. Tras los reportes periodísticos, el hecho generó todo tipo de manifestaciones, desde protestas de distintos sectores, hasta compromisos oficiales.
El gobierno de entonces se comprometió en construir un paso elevado como medio preventivo. Ha pasado el tiempo y cotidianamente se repite el cuadro de los peatones acudiendo a las citas médicas, en principio para tratar algún tipo de enfermedad o síntoma, pero con el riesgo de convertirse en pacientes de urgencia.
De "manera eventual" -según se dijo- fue colocado un policía que ayuda en el cruce de los peatones; pero hay que ver, sobre todo en horas pico, al agente deteniendo la marejada de automóviles provenientes de tres paños de San Miguelito hacia la ciudad y viceversa. No sólo es la cantidad, sino la velocidad a la que permite ir esa vía. La eventualidad se ha convertido en una permanencia incómoda, peligrosa y en la que se sustenta una conocida indiferencia oficial. No es un señalamiento especial contra el gobierno de turno, sino la identificación de una actitud del Estado frente a la sociedad que lo sustenta y le da razón de ser. Una incoherencia entre el deber público y el derecho ciudadano, sujeta a los vaivenes electorales de los quinquenios. Una especie de prioridad determinada por los acuerdos entre políticos, que deja por fuera lo que para la ciudadanía común resulta una urgencia, y que sólo cobrará importancia cuando -como en este caso- atropellen a otro ciudadano.
Hay en esto otro tema del que bien podrían ocuparse las múltiples organizaciones de la sociedad civil existentes en el país, del gobierno central, los municipios, los legisladores y los representantes, independientemente de cuándo serán las nuevas elecciones.
