Concesiones y mazazos
El inicio de la administración Martinelli aparenta un norte muy claro en su política fiscal; pareciera que se trata de poner en orden los bienes del Estado, evitar los abusos o excesos sobre las propiedades y recaudar fondos que permitan el buen funcionamiento e inversión social del país. Un inicio con pie derecho que invita a todos a poner su situación en paz y salvo. Hasta ahí todo pareciera percibirse ante una relación seria entre contratista e inversionista, siendo este último el principal motor de generación de empleo en la economía nacional.
La siembra de banderas en sitios que el gobierno califica al margen de la ley han logrado un efecto dominó en los contribuyentes; por un lado se da entender que se debe caminar derechito en los negocios y por otro que el tiempo de las coimas parece haber terminado. Al fin!
No obstante, el precipitado hecho de derribar a mazazos una propiedad ubicada en brisas de Amador, parece ser un acto drástico y sin mediación, plazos o límites. Si bien el gobierno alega que la empresa inversionista no cuenta con los permisos adecuados para la infraestructura, antes de este hecho, los empresarios afectados ya habían alertado a la actual administración de los pormenores. Mucho se ha escuchado acerca de los ridículos precios asignados a otras concesiones en la avenida balboa, ¿irán a destruirlas a mazazos también?
¿Por qué, quienes con tanta energía buscan arreglar este tipo de contratos no se acercan al Ministerio Público para interponer una demanda contra los funcionarios que resulten responsables del desgreño anterior? ¿Acaso nadie en la administración Torrijos notó las supuestas irregularidades que los entrantes encontraron en tan solo 10 días de trabajo?
Pongamos el caso al revés, que pasaría si el Estado adeuda a un proveedor millones, ¿irán estos a derribar a mazazos la instalación, o se adueñaran a la brava de los bienes?
Este análisis no busca desacreditar la intención gubernamental de poner la casa en orden, al contrario, lo que se esgrime es la forma y las consecuencias que éstas puedan tener. Si se busca poner en orden la casa hagámoslo con todos sus integrantes, pues de otra forma, se entendería como un acto sesgado, y además, la opinión pública podría percibir una imagen errónea de la clase empresarial, mientras que del resto, igual de responsable, queda como una figura libre de toda culpa.
