Concursos para los edificios públicos
El gobierno ha anunciado su decisión de construir edificios especialmente diseñados para oficinas públicas. Entre los proyectos se menciona un nuevo edificio de oficinas para la Asamblea Nacional y la construcción de una torre de 70 pisos, donde funcionó la embajada de los Estados Unidos, para el MEF y la Superintendencia de Bancos. También se ha hablado de una “ciudad gubernamental”.
Es acertado que el Estado trate de librarse de la pesada carga que representan los alquileres de espacios, las más de las veces inadecuados para oficinas públicas y que se construyan edificios propios para ellas; pero es inaceptable que los contratos para su diseño se adjudiquen, de manera directa y prácticamente en secreto.
El presidente de la Asamblea ha revelado que los planos de su nuevo edificio fueron comisionados a un arquitecto escogido por él o la Junta Directiva; en otro momento, se destapó que se había adjudicado a otro arquitecto el diseño de la “ciudad gubernamental”. Luego se desmintió que así fuera. Y más recientemente, el ministro Vallarino dijo que el MEF contrató, por 250,000 dólares a “un arquitecto de Chicago”, Estados Unidos, para que diseñe su nuevo edificio. Esas prácticas son, aparte de discriminatorias, sospechosas.
En la adjudicación de los contratos para el diseño de los edificios destinados a oficinas públicas no debe haber favoritismos ni selecciones caprichosas. Para que haya transparencia y alejar las sospechas, la confección de los planos debe adjudicarse mediante concursos públicos, abiertos a todos los profesionales panameños del ramo. Los proyectos ganadores deben ser escogidos por jurados calificados, en los que deben tener una participación relevante la SPIA (la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos) y las facultades de Arquitectura. Así lo propongo públicamente.
