Condiciones para la OCDE
En el reporte actualizado sobre paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de junio de 2000, se enumeraron 35 países, incluyendo a Panamá. Con las Islas Vírgenes Británica (en el Caribe) y las Islas Cook (en el Pacífico Sur), suman 22 las naciones que han suscrito compromisos con la OCDE para tomar medidas sobre transparencia e intercambio de información fiscal para salir de dicha lista y participar en los programas al respecto. Eso significa que Panamá permanece en la lista en compañía de Andorra, Islas Marshall, Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Nauru, Nieu, Samoa y Vanuatu. En cambio, Barbados, Maldives y Tonga fueron excluidos por el organismo por considerar que no cumplían con las condiciones para ser considerados como paraísos fiscales, cosa que no han logrado las distintas delegaciones panameñas que hasta ahora gestionaban el mismo objetivo con igual argumento de que nuestro país no cumple con las condiciones establecidas por la propia OCDE en 1998.
Desde la publicación de esta lista, el Gobierno Nacional ha realizado significativos esfuerzos para defender los intereses nacionales ante la OCDE. Esta semana tiene programado enviar una nueva delegación a la sede de la organización, en París, para presentar un segundo borrador del compromiso que está dispuesto a asumir para ser excluido de la lista, luego de que el primero fuera rechazado. Al igual que algunos países identificados como paraísos ficales en esa lista, la posición inicial del gobierno fue atacar la legitimidad y autoridad moral del organismo y sus países miembros de calificar a otros países.
En las condiciones actuales, un primer nivel de contención del problema aconseja resistir la presión de la OCDE en los mismos términos que lo hicieron exitosamente Andorra, Islas Marshall y otros ya mencionados; y tener siempre presente que en cualquier concesión que se haga la OCDE y sus países miembros deben reconocer nuestros derechos como nación soberana. Además, cualquier medida que se implemente tiene que ser recíproca y debemos condicionar su entrada en vigencia a que todos los miembros y nuestros competidores cuenten las mismas normas que nos exigen. Si se nos pide que se mantenga localmente información sobre propietarios efectivos y sobre registros corporativos y contables, así como disponibilidad de información bancaria para nacionales y extranjeros, iguales condiciones deben existir en todos esos países.
La política de "nombrar y avergonzar" de la OCDE es igualmente reprochable e ilegítima que la política de certificación de drogas de los Estados Unidos. Los países desarrollados, todos miembros de la OCDE, pretenden imponernos condiciones que, en muchos casos, ellos mismos no cumplen. Siendo así, lo menos que debemos es exigirles que consuman de su propia medicina y prediquen con el propio ejemplo.
Lamentablemente, entre las muchas equivocaciones de Carlos Marx se destaca aquella que los dueños del capital conocen bien y sólo persiguen sus intereses personales. Si así lo hicieran, todos ellos estuvieran defendiendo constantemente los verdaderos intereses de todos los demás porque el mercado es el único mecanismo que nos conduce a la sociedad abierta y próspera, con grandes desigualdades pero creciente aumento del ingreso de todos, respeto por la vida y la propiedad, y el permanente avance hacia una mayor prosperidad.
*Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
Desde la publicación de esta lista, el Gobierno Nacional ha realizado significativos esfuerzos para defender los intereses nacionales ante la OCDE. Esta semana tiene programado enviar una nueva delegación a la sede de la organización, en París, para presentar un segundo borrador del compromiso que está dispuesto a asumir para ser excluido de la lista, luego de que el primero fuera rechazado. Al igual que algunos países identificados como paraísos ficales en esa lista, la posición inicial del gobierno fue atacar la legitimidad y autoridad moral del organismo y sus países miembros de calificar a otros países.
En las condiciones actuales, un primer nivel de contención del problema aconseja resistir la presión de la OCDE en los mismos términos que lo hicieron exitosamente Andorra, Islas Marshall y otros ya mencionados; y tener siempre presente que en cualquier concesión que se haga la OCDE y sus países miembros deben reconocer nuestros derechos como nación soberana. Además, cualquier medida que se implemente tiene que ser recíproca y debemos condicionar su entrada en vigencia a que todos los miembros y nuestros competidores cuenten las mismas normas que nos exigen. Si se nos pide que se mantenga localmente información sobre propietarios efectivos y sobre registros corporativos y contables, así como disponibilidad de información bancaria para nacionales y extranjeros, iguales condiciones deben existir en todos esos países.
La política de "nombrar y avergonzar" de la OCDE es igualmente reprochable e ilegítima que la política de certificación de drogas de los Estados Unidos. Los países desarrollados, todos miembros de la OCDE, pretenden imponernos condiciones que, en muchos casos, ellos mismos no cumplen. Siendo así, lo menos que debemos es exigirles que consuman de su propia medicina y prediquen con el propio ejemplo.
Lamentablemente, entre las muchas equivocaciones de Carlos Marx se destaca aquella que los dueños del capital conocen bien y sólo persiguen sus intereses personales. Si así lo hicieran, todos ellos estuvieran defendiendo constantemente los verdaderos intereses de todos los demás porque el mercado es el único mecanismo que nos conduce a la sociedad abierta y próspera, con grandes desigualdades pero creciente aumento del ingreso de todos, respeto por la vida y la propiedad, y el permanente avance hacia una mayor prosperidad.
*Director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
