Conflicto de tierra en Darién
Sobre Darién se ha venido destacando, últimamente, el conflicto de la distribución y tenencia de la tierra entre indígenas, fundamentalmente emberás y wounaan; afrodarienitas y los denominados interioranos. Estos últimos constituidos por panameños que desde finales de la década de 1950 arribaron a Darién provenientes de las provincias de Herrera, Los Santos, Chiriquí, Coclé y Veraguas. Comenzamos por aclarar que analizaremos el problema evitando el error de aceptar que tal o cual etnia tiene toda la razón. En cierta forma contribuye a que adoptemos esta posición la herencia que nos vincula a las tres etnias.
Mírese como se mire, se está fomentado el enfrentamiento de tres etnias que culturalmente tienen diferentes expectativas en torno al uso y la tenencia de la tierra. Los indígenas, por su tradición y relativa escasa población, tienden a afectar lo menos posible el ambiente; en los afrodarienitas predomina esta actitud con ciertas diferencias; y en los interioranos predomina la tradición ganadera, crianza de vacunos en este caso, que por su práctica extensiva obliga a sustituir los bosques por pastizales con la consiguiente ampliación de la frontera agrícola.
En la constitución de mejoras conformadas por pastos se enmascara el acaparamiento de tierra por parte de pocos. El quid del problema es darle respuesta satisfactoriamente a estas expectativas culturales, en lugar de promover enfrentamientos. Estas respuestas existen, como veremos más adelante.
En los conflictos de esta naturaleza, trátese de derechos posesorios en tierras nacionales o de títulos onerosos o gratuitos, privan dos aspectos muy humanos: el derecho consuetudinario, y el aspecto emocional y afectivo. "¡Aquí trabajaron mis antepasados y aquí trabajaré yo!", es una expresión que nos ha tocado escuchar a todos los que de una u otra forma hemos estado vinculados a la solución de problemas de tierra. Esta situación obliga a tratarlos con premura y mucho cuidado por el organismo de reforma agraria. De lo contrario, se corre el riesgo de desencadenar hechos violentos que después todos terminaremos lamentando.
Algo que debe quedar muy claro es que debido a la situación fronteriza de Darién con Colombia, y por razones que son del dominio público, la atención al tema de la distribución de la tierra en esta región panameña exige ausencia total de demagogia, politiquería, sectarismo y agendas ocultas.
Conviene tener presente que conforme las revisiones periódicas del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" recogidas y expresadas a su vez por la Contraloría General de la República, el Darién panameño (existe el colombino, ya que estamos en presencia de una región biogeográfica que incluye tanto territorio de Colombia como de Panamá) representa una superficie de 16,263.6 kilómetros cuadrados, en los cuales existen tres divisiones político-administrativas: Darién con un 68% de la región; la comarca Emberá-Wounaan con un 27%; y la recién creada comarca Kuna de Wargandi, con un 5%. Conforme al Censo de Población y Vivienda de 2000, esta región registró una población de 48,530 habitantes.
Independientemente a esta división político-administrativa, existen superficies de áreas protegidas que representan aproximadamente el 42% de la provincia de Darién. Áreas protegidas cuya existencia es una decisión correcta del Estado panameño, pero que igualmente bien pueden y deben contribuir al desarrollo regional y nacional.
En Darién estamos en presencia de la necesidad de adoptar políticas de carácter regional que realmente solucionen el problema y esta visión de política regional existe; estudiosos e interesados sobre la problemática darienita, en una actitud positiva, han coincidido sobre el particular, entre otras cosas y por ejemplo, en evitar la aprobación de leyes, sin una profusa consulta, las cuales se constituirían en generadoras de conflictos.
En cuanto al problema de la distribución de la tierra en Darién debe adoptarse, entre las diversas alternativas, el de la adjudicación a títulos gratuitos colectivos que favorezcan a los indígenas con las características que estos títulos conllevan. Las expectativas de los afrodarienitas bien pueden resolverse desarrollando los sistemas de parcelaciones que garanticen terrenos técnicamente apropiados, económicamente convenientes y socialmente equitativos. La ventaja de estas parcelaciones es que se permitiría un uso racional de la tierra. Próximo a Garachiné existe un antecedente de parcelación.
Estas opciones no descartan la expedición de títulos onerosos individuales, además de las dos anteriores, que responden más a las expectativas de los interioranos y en menor grado a los afrodarienitas. Todas estas adjudicaciones se pueden realizar mediante la aplicación de la legislación agraria actualmente vigente.
Lo que consideramos un tanto contraproducente es la expedición de una nueva ley que dé lugar a las adjudicaciones de tierras en un poco más de 40 comunidades de las 695 existentes en toda la región, conforme a la última información censal, en donde conviven indígenas fuera de las comarcas que representan el 10% de los habitantes de la región.
Para nosotros reviste más importancia encarar regionalmente la reconversión productiva, modernización de los servicios públicos, así como el fomento y desarrollo de cultivos autóctonos, como el borojó, con perspectivas en el mercado tanto nacional como internacional.
Para detener el avance de la frontera agrícola, en desmedro de la masa boscosa, conviene el desarrollo ganadero adelantando, gradualmente, un mejoramiento tecnológico que tienda a la utilización de pastos mejorados, prácticas de semiestabulación y estabulación completa.
Además de los señalamientos anteriores, para enfrentar la grave situación de desempleo y subempleo y los consiguientes bajos niveles de ingresos se deben aprovechar en Darién las condiciones excepcionales para el desarrollo del turismo ecológico, histórico, científico y de aventura. Promover las ventajas que existen en la región para la adopción de "buenas prácticas agrícolas" (BPA) que desarrolle una agricultura "limpia o ecológica", la cual suministre productos inocuos para la salud humana. Entre otros aspectos a considerar para un adecuado desarrollo de Darién, está controlar la explotación maderera, y que al producirse genere valor agregado e ingresos a la región.
Todo esto tendiente a que se logre una verdadera seguridad alimentaria, entendiéndose como tal el acceso físico permanente a los alimentos por parte de toda la población, que mucha falta hace en Darién.
*El autor fue director Nacional de Reforma Agraria y director ejecutivo de PRODARIEN.
16. Con una transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno, al que resulte libremente elegido.
Solicitamos a los medios de comunicación que apoyen, difundan y mantengan la permanente vigencia del Pacto Etico Electoral de tal forma que la ciudadanía lo conozca, lo asimile y colabore con su ejecución.
Abogamos para que los medios de comunicación promuevan el debate democrático de ideas y programas en forma respetuosa y responsable, siempre dentro de un marco de tolerancia y convivencia pacífica. Igualmente, que respalden la difusión de programas que promuevan valores cívicos.
Exhortamos a los medios de comunicación a que brinden bajo las mismas condiciones, iguales oportunidades a todos los partidos y candidatos; y a los reporteros a que no distorsionen o editen en forma tendenciosa, por favoritismos personales, las noticias de índole política.
Invitamos a los medios de comunicación social a suscribir un Pacto Etico Electoral, tal cual lo hicieron en las elecciones de 1999, ya que son actores importantes de todo el proceso electoral y voluntariamente deben contribuir a crear las condiciones de confianza, seguridad y transparencia, en un clima donde impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, para el desarrollo de una campaña electoral ejemplar.
Solicitamos al Tribunal Electoral que cumpla con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad y eficiencia sus deberes institucionales en todas las etapas del proceso electoral.
A la Fiscalía Electoral para que persiga con apego a la ley todos los actos que atenten contra la paz y la transparencia de las elecciones, de tal forma que con ello se contribuya a mantener la confianza en el proceso electoral.
1. Que se comprometa con la consolidación del proceso democrático mediante el respeto de la autonomía del Tribunal y Fiscalía Electoral y la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo.
2. Que no utilice presiones de ninguna índole sobre las instituciones judiciales o policiales, ni sobre otros organismos del Estado, como mecanismo de persecución, represión y/o intimidación.
3. Que garantice las condiciones para que exista un auténtico estado de derecho, donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente de paz y libertad.
4. Que brinde a la nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida e inmoral, directa o indirectamente, que contravenga el espíritu de los compromisos en este documento consignados.
5. Que garantice la estabilidad del servidor público, respetando su libre militancia política, siempre y cuando la misma la ejerza como lo establece la ley de carrera administrativa.
6. Que garantice a la nación panameña, la transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulta libremente elegido.
7. Que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de los partidos políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral.
8. Que no utilice para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de Gobierno.
Los partidos políticos que suscribimos este Pacto Etico Electoral reconocemos al Comité Ecuménico de Panamá (COEPA), como depositario, promotor y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo y lo facultamos para realizar las investigaciones y denuncias correspondientes en los casos en que se vulnere el Pacto Etico Electoral y para la consecuente sanción moral.
Para el efectivo cumplimiento del presente compromiso se constituirá una Comisión de Etica Electoral conformada por miembros del COEPA y apoyada por la Conferencia Episcopal de Panamá, y por personas de otras denominaciones religiosas. Así mismo, se constituirá un Organismo Consultivo Permanente conformado por un representante de alto nivel jerárquico y su suplente de cada uno de los Partidos signatarios, que tendrá como finalidad evaluar las violaciones o incumplimiento de este Pacto, además de servir de foro de discusión de las diversas temáticas relacionadas con el proceso político electoral.
Los partidos políticos adoptaremos los mecanismos necesarios a lo interno para la permanente vigencia de los principios del Pacto Etico Electoral, de tal forma que sean conocidos y respetados por nuestra membresía.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y el Organismo Consultivo Permanente, elaborarán su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Etico Electoral.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y los partidos políticos, interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes en los casos que impliquen comisión de hechos delictivos y darán seguimiento a las mismas. Facultamos a la Comisión de Etica Electoral del COEPA para actuar y pronunciarse en aquellos casos donde se vulnere este compromiso.
Mírese como se mire, se está fomentado el enfrentamiento de tres etnias que culturalmente tienen diferentes expectativas en torno al uso y la tenencia de la tierra. Los indígenas, por su tradición y relativa escasa población, tienden a afectar lo menos posible el ambiente; en los afrodarienitas predomina esta actitud con ciertas diferencias; y en los interioranos predomina la tradición ganadera, crianza de vacunos en este caso, que por su práctica extensiva obliga a sustituir los bosques por pastizales con la consiguiente ampliación de la frontera agrícola.
En la constitución de mejoras conformadas por pastos se enmascara el acaparamiento de tierra por parte de pocos. El quid del problema es darle respuesta satisfactoriamente a estas expectativas culturales, en lugar de promover enfrentamientos. Estas respuestas existen, como veremos más adelante.
En los conflictos de esta naturaleza, trátese de derechos posesorios en tierras nacionales o de títulos onerosos o gratuitos, privan dos aspectos muy humanos: el derecho consuetudinario, y el aspecto emocional y afectivo. "¡Aquí trabajaron mis antepasados y aquí trabajaré yo!", es una expresión que nos ha tocado escuchar a todos los que de una u otra forma hemos estado vinculados a la solución de problemas de tierra. Esta situación obliga a tratarlos con premura y mucho cuidado por el organismo de reforma agraria. De lo contrario, se corre el riesgo de desencadenar hechos violentos que después todos terminaremos lamentando.
Algo que debe quedar muy claro es que debido a la situación fronteriza de Darién con Colombia, y por razones que son del dominio público, la atención al tema de la distribución de la tierra en esta región panameña exige ausencia total de demagogia, politiquería, sectarismo y agendas ocultas.
Conviene tener presente que conforme las revisiones periódicas del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" recogidas y expresadas a su vez por la Contraloría General de la República, el Darién panameño (existe el colombino, ya que estamos en presencia de una región biogeográfica que incluye tanto territorio de Colombia como de Panamá) representa una superficie de 16,263.6 kilómetros cuadrados, en los cuales existen tres divisiones político-administrativas: Darién con un 68% de la región; la comarca Emberá-Wounaan con un 27%; y la recién creada comarca Kuna de Wargandi, con un 5%. Conforme al Censo de Población y Vivienda de 2000, esta región registró una población de 48,530 habitantes.
Independientemente a esta división político-administrativa, existen superficies de áreas protegidas que representan aproximadamente el 42% de la provincia de Darién. Áreas protegidas cuya existencia es una decisión correcta del Estado panameño, pero que igualmente bien pueden y deben contribuir al desarrollo regional y nacional.
En Darién estamos en presencia de la necesidad de adoptar políticas de carácter regional que realmente solucionen el problema y esta visión de política regional existe; estudiosos e interesados sobre la problemática darienita, en una actitud positiva, han coincidido sobre el particular, entre otras cosas y por ejemplo, en evitar la aprobación de leyes, sin una profusa consulta, las cuales se constituirían en generadoras de conflictos.
En cuanto al problema de la distribución de la tierra en Darién debe adoptarse, entre las diversas alternativas, el de la adjudicación a títulos gratuitos colectivos que favorezcan a los indígenas con las características que estos títulos conllevan. Las expectativas de los afrodarienitas bien pueden resolverse desarrollando los sistemas de parcelaciones que garanticen terrenos técnicamente apropiados, económicamente convenientes y socialmente equitativos. La ventaja de estas parcelaciones es que se permitiría un uso racional de la tierra. Próximo a Garachiné existe un antecedente de parcelación.
Estas opciones no descartan la expedición de títulos onerosos individuales, además de las dos anteriores, que responden más a las expectativas de los interioranos y en menor grado a los afrodarienitas. Todas estas adjudicaciones se pueden realizar mediante la aplicación de la legislación agraria actualmente vigente.
Lo que consideramos un tanto contraproducente es la expedición de una nueva ley que dé lugar a las adjudicaciones de tierras en un poco más de 40 comunidades de las 695 existentes en toda la región, conforme a la última información censal, en donde conviven indígenas fuera de las comarcas que representan el 10% de los habitantes de la región.
Para nosotros reviste más importancia encarar regionalmente la reconversión productiva, modernización de los servicios públicos, así como el fomento y desarrollo de cultivos autóctonos, como el borojó, con perspectivas en el mercado tanto nacional como internacional.
Para detener el avance de la frontera agrícola, en desmedro de la masa boscosa, conviene el desarrollo ganadero adelantando, gradualmente, un mejoramiento tecnológico que tienda a la utilización de pastos mejorados, prácticas de semiestabulación y estabulación completa.
Además de los señalamientos anteriores, para enfrentar la grave situación de desempleo y subempleo y los consiguientes bajos niveles de ingresos se deben aprovechar en Darién las condiciones excepcionales para el desarrollo del turismo ecológico, histórico, científico y de aventura. Promover las ventajas que existen en la región para la adopción de "buenas prácticas agrícolas" (BPA) que desarrolle una agricultura "limpia o ecológica", la cual suministre productos inocuos para la salud humana. Entre otros aspectos a considerar para un adecuado desarrollo de Darién, está controlar la explotación maderera, y que al producirse genere valor agregado e ingresos a la región.
Todo esto tendiente a que se logre una verdadera seguridad alimentaria, entendiéndose como tal el acceso físico permanente a los alimentos por parte de toda la población, que mucha falta hace en Darién.
*El autor fue director Nacional de Reforma Agraria y director ejecutivo de PRODARIEN.
16. Con una transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno, al que resulte libremente elegido.
Solicitamos a los medios de comunicación que apoyen, difundan y mantengan la permanente vigencia del Pacto Etico Electoral de tal forma que la ciudadanía lo conozca, lo asimile y colabore con su ejecución.
Abogamos para que los medios de comunicación promuevan el debate democrático de ideas y programas en forma respetuosa y responsable, siempre dentro de un marco de tolerancia y convivencia pacífica. Igualmente, que respalden la difusión de programas que promuevan valores cívicos.
Exhortamos a los medios de comunicación a que brinden bajo las mismas condiciones, iguales oportunidades a todos los partidos y candidatos; y a los reporteros a que no distorsionen o editen en forma tendenciosa, por favoritismos personales, las noticias de índole política.
Invitamos a los medios de comunicación social a suscribir un Pacto Etico Electoral, tal cual lo hicieron en las elecciones de 1999, ya que son actores importantes de todo el proceso electoral y voluntariamente deben contribuir a crear las condiciones de confianza, seguridad y transparencia, en un clima donde impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, para el desarrollo de una campaña electoral ejemplar.
Solicitamos al Tribunal Electoral que cumpla con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad y eficiencia sus deberes institucionales en todas las etapas del proceso electoral.
A la Fiscalía Electoral para que persiga con apego a la ley todos los actos que atenten contra la paz y la transparencia de las elecciones, de tal forma que con ello se contribuya a mantener la confianza en el proceso electoral.
1. Que se comprometa con la consolidación del proceso democrático mediante el respeto de la autonomía del Tribunal y Fiscalía Electoral y la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo.
2. Que no utilice presiones de ninguna índole sobre las instituciones judiciales o policiales, ni sobre otros organismos del Estado, como mecanismo de persecución, represión y/o intimidación.
3. Que garantice las condiciones para que exista un auténtico estado de derecho, donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente de paz y libertad.
4. Que brinde a la nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida e inmoral, directa o indirectamente, que contravenga el espíritu de los compromisos en este documento consignados.
5. Que garantice la estabilidad del servidor público, respetando su libre militancia política, siempre y cuando la misma la ejerza como lo establece la ley de carrera administrativa.
6. Que garantice a la nación panameña, la transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulta libremente elegido.
7. Que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de los partidos políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral.
8. Que no utilice para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de Gobierno.
Los partidos políticos que suscribimos este Pacto Etico Electoral reconocemos al Comité Ecuménico de Panamá (COEPA), como depositario, promotor y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo y lo facultamos para realizar las investigaciones y denuncias correspondientes en los casos en que se vulnere el Pacto Etico Electoral y para la consecuente sanción moral.
Para el efectivo cumplimiento del presente compromiso se constituirá una Comisión de Etica Electoral conformada por miembros del COEPA y apoyada por la Conferencia Episcopal de Panamá, y por personas de otras denominaciones religiosas. Así mismo, se constituirá un Organismo Consultivo Permanente conformado por un representante de alto nivel jerárquico y su suplente de cada uno de los Partidos signatarios, que tendrá como finalidad evaluar las violaciones o incumplimiento de este Pacto, además de servir de foro de discusión de las diversas temáticas relacionadas con el proceso político electoral.
Los partidos políticos adoptaremos los mecanismos necesarios a lo interno para la permanente vigencia de los principios del Pacto Etico Electoral, de tal forma que sean conocidos y respetados por nuestra membresía.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y el Organismo Consultivo Permanente, elaborarán su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Etico Electoral.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y los partidos políticos, interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes en los casos que impliquen comisión de hechos delictivos y darán seguimiento a las mismas. Facultamos a la Comisión de Etica Electoral del COEPA para actuar y pronunciarse en aquellos casos donde se vulnere este compromiso.
