Conflicto en la escuela
Casi al mismo tiempo que se anunciaba el final del problema laboral surgido en las bananeras, los periódicos anunciaban el inicio de otro conflicto de iguales o mayores proporciones, esta vez en el sector educativo. El primero produjo pérdidas millonarias tanto a la empresa como a los trabajadores y el segundo promete consecuencias más graves sobre la educación de miles de estudiantes panameños.
Lo sorprendente es que en ambos casos la situación se complica por la incapacidad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo para actuar conforme a los mejores intereses de la Nación y la intransigencia motivada por los intereses personales de la dirigencia sindical. Todo parece indicar que en el caso de las bananeras las autoridades del Ministerio de Trabajo jamás debieron recibir el pliego de peticiones que dio inicio al problema y, en el más reciente de las escuela, estas mismas autoridades debieron haber investigado sobre irregularidades denunciadas por los propios trabajadores sobre la veracidad de los documentos presentados.
El conflicto laboral que recién comienza se produce en la escuela particular más antigua así como una de las más prestigiosas y de mayor alumnado que existen en Panamá. Se trata del Instituto Panamericano (IPA), institución de larga tradición en la formación de jóvenes estudiantes que se han destacado por su actuación profesional futura, tanto por la calidad de su formación académica como por la excelencia de sus valores incubados dentro de un ambiente de elevado contenido religioso, ético y moral.
Hace unos meses, un grupo de profesores de esta escuela decidió crear un sindicato y ahora, valiéndose de documentación falseada, presenta un pliego de peticiones para celebrar una convención colectiva de trabajo que contiene aumentos en salario y beneficios que suman más de un millón de dólares por año, y amenazan con una huelga que pone en peligro tanto el financiamiento de la educación particular como la continuación del año escolar.
Sorprende ver cómo algunos educadores que siempre han rechazado la idea de considerar la escuela como una empresa que fabrica embutidos, imitan ahora los procedimientos y las tácticas de un sindicalismo corrupto, y que en este camino cuenten con el respaldo de autoridades del Ministerio de Trabajo que no han entendido el cambio hacia una relación obrero patronal basada en la justicia y la ley. Toda la comunidad espera que se corrijan estos errores para evitar otro conflicto laboral de mayores proporciones que el que acaba de finalizar.
Lo sorprendente es que en ambos casos la situación se complica por la incapacidad de los funcionarios del Ministerio de Trabajo para actuar conforme a los mejores intereses de la Nación y la intransigencia motivada por los intereses personales de la dirigencia sindical. Todo parece indicar que en el caso de las bananeras las autoridades del Ministerio de Trabajo jamás debieron recibir el pliego de peticiones que dio inicio al problema y, en el más reciente de las escuela, estas mismas autoridades debieron haber investigado sobre irregularidades denunciadas por los propios trabajadores sobre la veracidad de los documentos presentados.
El conflicto laboral que recién comienza se produce en la escuela particular más antigua así como una de las más prestigiosas y de mayor alumnado que existen en Panamá. Se trata del Instituto Panamericano (IPA), institución de larga tradición en la formación de jóvenes estudiantes que se han destacado por su actuación profesional futura, tanto por la calidad de su formación académica como por la excelencia de sus valores incubados dentro de un ambiente de elevado contenido religioso, ético y moral.
Hace unos meses, un grupo de profesores de esta escuela decidió crear un sindicato y ahora, valiéndose de documentación falseada, presenta un pliego de peticiones para celebrar una convención colectiva de trabajo que contiene aumentos en salario y beneficios que suman más de un millón de dólares por año, y amenazan con una huelga que pone en peligro tanto el financiamiento de la educación particular como la continuación del año escolar.
Sorprende ver cómo algunos educadores que siempre han rechazado la idea de considerar la escuela como una empresa que fabrica embutidos, imitan ahora los procedimientos y las tácticas de un sindicalismo corrupto, y que en este camino cuenten con el respaldo de autoridades del Ministerio de Trabajo que no han entendido el cambio hacia una relación obrero patronal basada en la justicia y la ley. Toda la comunidad espera que se corrijan estos errores para evitar otro conflicto laboral de mayores proporciones que el que acaba de finalizar.
