Conflicto por antenas
La OMS, desde 1996, inició el Proyecto CEM, destinado principalmente al estudio de los efectos en los seres humanos de los campos electromagnéticos, con el propósito de fijar los límites de exposición uniformes para todos los países. Considerando que la telefonía móvil se ha desarrollado con más auge en la última década, y el tiempo de incubación del cáncer es al menos 15 años, se necesita aún realizar mayores estudios que puedan determinar si existe un impacto en la humanidad. En este sentido, muchos países europeos han implementado medidas de precaución a razón de que algunas investigaciones establecen que cuando la población es expuesta de forma continua a niveles de radiación similares a los emitidos por las antenas de telefonía móvil, se corre el riesgo de experimentar un leve incremento en los cambios de actividad eléctrica del cerebro y la presión sanguínea, así como dolores de cabeza, síndrome de fatiga crónica, entre otras repercusiones a la salud.
A pesar que no existe un acuerdo entre los diversos estudios realizados por científicos sobre si la exposición residencial a las ondas de una antena de esta índole puede conllevar riesgos para la salud humana, tampoco se puede demostrar que la exposición a estas ondas sea segura en lo absoluto.
Un aspecto contraproducente resulta el hecho que si las últimas recomendaciones de la OMS establecen normas que obligan a situar las antenas a 200 metros e, incluso, existen estudios que recomiendan 600 metros, en Panamá se establece la distancia de seguridad de las antenas de telefonía móvil a 100 metros bajo el amparo de la Resolución 10-56 de noviembre de 2007, del Ministerio de Salud. Esto fue denunciado por los moradores de varias urbanizaciones afectadas, quienes sienten indignación por haber invertido en una zona residencial que, supuestamente, impide la instalación de estructuras que contravienen las disposiciones urbanísticas, pero que hoy ocurre todo lo contrario.
Por otra parte, existen moradores que de manera precipitada y, sin tener algún tipo de evaluación previa a la instalación, han suscrito contratos con las empresas propietarias de las antenas, mediante el cual recibirán un pago mensual por un periodo hasta de diez años renovables.
Vemos con buenos ojos la incorporación de nuevas empresas en la telefonía móvil, porque ello repercutirá positivamente en la economía de los clientes por el incremento de la competencia en el mercado; pero es ineludible regular las pautas a seguir cuando las dos nuevas trasnacionales instalen sus antenas dentro de las urbanizaciones y respetando la distancia de seguridad establecida por las organizaciones internacionales. Las autoridades deben reflexionar para evitar hechos que lamentar.
