Consejo Ecuménico y nueva Constitución
El Consejo Ecuménico, que reúne a las iglesias Católica, Episcopal, Metodista, Bautista, Evangélica y Ortodoxa Griega, acaba de emitir un pronunciamiento que denominan "Propuesta ante la Crisis Nacional" en el que, entre otras cosas, recomiendan reformar integralmente la Constitución como paso indispensable para aliviar la crisis institucional que aqueja al país.
En primer término cabe destacar la incuestionable autoridad moral de quien formula el pronunciamiento, el mismo organismo que en junio de 1998 tuvo el poder de convocatoria suficiente para aglutinar en consenso único a 37 organizaciones de la sociedad civil que ese año suscribieron un documento llamado Visión 2020, en el que abordaron recomendaciones con miras a construir un mejor país. Ese sólo hecho, el de la calidad moral y el poder de convocatoria, debe ser suficiente para tener en cuenta lo expuesto en el documento, porque no se trata de un organismo y llamado cualquiera.
Otro aspecto digno de observar, es que la propuesta de reforma no se contenta con un apuntalamiento parcial del crujiente andamiaje constitucional, sino que apunta hacia una "reforma integral". Este detalle denota a su vez otra arista reflejada en el uso de la palabra "reforma" que denota un proceso opuesto a un cambio traumático tipo revolución, para matricularse en su lugar en la metodología del diálogo consensuado multisectorial que es la mecánica de trabajo del propio Consejo Ecuménico.
También es interesante que el documento no se comprometa a ninguna de las alternativas de reforma constitucional, que en esencia son la Constituyente y el Legislativo, pareciendo sugerir una combinación de la esencia de ambas que comprende la integralidad y profundidad de la reforma propia de la primera, con la solución de continuidad institucional de la segunda. Una Constituyente implicaría jugar al borrón y cuenta nueva, esto es, reconstruir sobre tierra arrasada, implicando la demolición de la previamente existente. Por último, el pronunciamiento reconoce el hecho de una "crisis institucional" de gran magnitud que justifica la reforma integral de la Constitución, lo cual es un hecho cierto, por más que voceros del gobierno y del sector político lo quieran minimizar.
Estamos a tiempo para organizar y canalizar las inmensas fuerzas sociales en ebullición antes que ellas determinen en cualquier momento su propio rumbo a riesgo de borrar todas las instituciones del mapa para dictar sus propias reglas. Y eso es bueno hacerlo ahora, con un país todavía tranquilo y presto para el diálogo y el consenso pacífico.
En primer término cabe destacar la incuestionable autoridad moral de quien formula el pronunciamiento, el mismo organismo que en junio de 1998 tuvo el poder de convocatoria suficiente para aglutinar en consenso único a 37 organizaciones de la sociedad civil que ese año suscribieron un documento llamado Visión 2020, en el que abordaron recomendaciones con miras a construir un mejor país. Ese sólo hecho, el de la calidad moral y el poder de convocatoria, debe ser suficiente para tener en cuenta lo expuesto en el documento, porque no se trata de un organismo y llamado cualquiera.
Otro aspecto digno de observar, es que la propuesta de reforma no se contenta con un apuntalamiento parcial del crujiente andamiaje constitucional, sino que apunta hacia una "reforma integral". Este detalle denota a su vez otra arista reflejada en el uso de la palabra "reforma" que denota un proceso opuesto a un cambio traumático tipo revolución, para matricularse en su lugar en la metodología del diálogo consensuado multisectorial que es la mecánica de trabajo del propio Consejo Ecuménico.
También es interesante que el documento no se comprometa a ninguna de las alternativas de reforma constitucional, que en esencia son la Constituyente y el Legislativo, pareciendo sugerir una combinación de la esencia de ambas que comprende la integralidad y profundidad de la reforma propia de la primera, con la solución de continuidad institucional de la segunda. Una Constituyente implicaría jugar al borrón y cuenta nueva, esto es, reconstruir sobre tierra arrasada, implicando la demolición de la previamente existente. Por último, el pronunciamiento reconoce el hecho de una "crisis institucional" de gran magnitud que justifica la reforma integral de la Constitución, lo cual es un hecho cierto, por más que voceros del gobierno y del sector político lo quieran minimizar.
Estamos a tiempo para organizar y canalizar las inmensas fuerzas sociales en ebullición antes que ellas determinen en cualquier momento su propio rumbo a riesgo de borrar todas las instituciones del mapa para dictar sus propias reglas. Y eso es bueno hacerlo ahora, con un país todavía tranquilo y presto para el diálogo y el consenso pacífico.
