Constitución y corrupción
La constitución de 1972, además de impuesta, es una constitución corrupta. Digan todo lo que quieran decir sus gestores, redactores, componedores, reformadores, defensores, protectores y demás, la constitución de 1972 (así, en minúscula) es corrupta por sus orígenes y por los mecanismos que se utilizaron para imponerla. Corrupta también en sus fines y en los medios establecidos en ella para alcanzar esos fines. Corrupta por su contenido establecido con el propósito principal de “legitimar” un régimen dictatorial.
Como constitución impuesta, muy bien destacaba Jorge Giannareas, en un artículo reciente: “La Constitución de 1972 nunca fue aprobada por la ciudadanía, por eso es correcto decir que fue una constitución impuesta. Los 25 miembros de la Comisión de Reformas Revolucionarias eran todos colaboradores de los militares. También lo eran los 505 representantes de corregimientos que aprobaron el texto que los primeros les presentaron sin cambiarle una sola línea.”
Como constitución corrupta, nuestro recientemente desaparecido maestro César Quintero, en su obra “Evolución Constitucional de Panamá” de 1986, y publicada en segunda edición en 1989, nos dice en la página 67: “El Estatuto de 1972 es el más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica. No solo insitituyó de manera formal y expresa un sistema militar de gobierno, sino que atribuyó poderes extraordinarios, a título personal, al general Omar Torrijos, a quien tituló “Líder Máximo de la Revolución Panameña”. Además creó,...el órgano legislativo más anómalo y más upeditado al Ejecutivo que pueda concebirse. Así mismo, transformó y desnaturalizó la universal doctrina de la separación de los poderes...”
Pero allí no se detiene el caudal de corrupción de la constitución de 1972. Allí sólo empieza, pues el mismo continúa acentúandose a través de las “reformas” que le fueron introducidas en 1978, 1983 y 1993-94 y que la llevan a ser, además, una constitución “esencialmente nominal e inoperante”.
Y es que no podemos pasar por alto que la constitución de 1972 ha servido para “legitimar” todas las acciones perpetradas contra los más elementales principios democráticos y de derecho constitucional.
¿Se quiere acaso mayor corrupción en una constitución que surgió sobre la base de la ‘soberanía militar’ y no de la ‘soberanía popular’?
Desligar la corrupción de la constitución impuesta es un error metodológico que muchos continúan cometiendo con premeditación, dolo y alevosía, en aras de la defensa de sus intereses personalísimos y no de los intereses de la formación social a la cual pertenecemos todos. Optan por darle la espalda no sólo a la realidad, lo cual ya de por sí es un grave error, sino también que manipulan los fundamentos teóricos del constitucionalismo y de la teoría del Estado de Derecho moderno y social para poder atacar, lo que ellos llaman “la ilusión de la Consituyente” o también “la ola del frenesí constituyente” (ver espacial de El Panamá América de 5 de noviembre pasado).
No estoy planteando que la sustitución de la constitución impuesta de 1972 acabará -por arte de magia- con la corrupción imperante y rampante. Estoy destacando sí, que la constitución de 1972 -con todo y sus reformas- sirve de marco legal para promover y “justificar” la corrupción imperante.
Quienes insisten en negarse a reconocer que existe una nueva realidad mundial y nacional, la cual continúa evolucionando; que dicha realidad exige una transformación del Estado y una Constitución (esta vez con mayúscula) que sea el fruto de la participación y no de la imposición; nos confirman su nostalgia por lo autocrático y lo autoritario. Pongamoslos en su lugar impulsando la Constituyente.
Agregó que sus abogados analizan las acciones legales que interpondrán contra Weeden por la ilegalidad de cautelar sus bienes, cuando no existe evidencia que lo vincule con la empresa PEC.
“Estas son actuaciones demenciales, este señor (Weeden) no está actuando conforme a la ley”, enfatizó.
El ex mandatario expresó que el ataque en su contra es de tipo político, con el fin de enturbiar el clima de contienda electoral, para afectar la candidatura presidencial del PRD.
Como constitución impuesta, muy bien destacaba Jorge Giannareas, en un artículo reciente: “La Constitución de 1972 nunca fue aprobada por la ciudadanía, por eso es correcto decir que fue una constitución impuesta. Los 25 miembros de la Comisión de Reformas Revolucionarias eran todos colaboradores de los militares. También lo eran los 505 representantes de corregimientos que aprobaron el texto que los primeros les presentaron sin cambiarle una sola línea.”
Como constitución corrupta, nuestro recientemente desaparecido maestro César Quintero, en su obra “Evolución Constitucional de Panamá” de 1986, y publicada en segunda edición en 1989, nos dice en la página 67: “El Estatuto de 1972 es el más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica. No solo insitituyó de manera formal y expresa un sistema militar de gobierno, sino que atribuyó poderes extraordinarios, a título personal, al general Omar Torrijos, a quien tituló “Líder Máximo de la Revolución Panameña”. Además creó,...el órgano legislativo más anómalo y más upeditado al Ejecutivo que pueda concebirse. Así mismo, transformó y desnaturalizó la universal doctrina de la separación de los poderes...”
Pero allí no se detiene el caudal de corrupción de la constitución de 1972. Allí sólo empieza, pues el mismo continúa acentúandose a través de las “reformas” que le fueron introducidas en 1978, 1983 y 1993-94 y que la llevan a ser, además, una constitución “esencialmente nominal e inoperante”.
Y es que no podemos pasar por alto que la constitución de 1972 ha servido para “legitimar” todas las acciones perpetradas contra los más elementales principios democráticos y de derecho constitucional.
¿Se quiere acaso mayor corrupción en una constitución que surgió sobre la base de la ‘soberanía militar’ y no de la ‘soberanía popular’?
Desligar la corrupción de la constitución impuesta es un error metodológico que muchos continúan cometiendo con premeditación, dolo y alevosía, en aras de la defensa de sus intereses personalísimos y no de los intereses de la formación social a la cual pertenecemos todos. Optan por darle la espalda no sólo a la realidad, lo cual ya de por sí es un grave error, sino también que manipulan los fundamentos teóricos del constitucionalismo y de la teoría del Estado de Derecho moderno y social para poder atacar, lo que ellos llaman “la ilusión de la Consituyente” o también “la ola del frenesí constituyente” (ver espacial de El Panamá América de 5 de noviembre pasado).
No estoy planteando que la sustitución de la constitución impuesta de 1972 acabará -por arte de magia- con la corrupción imperante y rampante. Estoy destacando sí, que la constitución de 1972 -con todo y sus reformas- sirve de marco legal para promover y “justificar” la corrupción imperante.
Quienes insisten en negarse a reconocer que existe una nueva realidad mundial y nacional, la cual continúa evolucionando; que dicha realidad exige una transformación del Estado y una Constitución (esta vez con mayúscula) que sea el fruto de la participación y no de la imposición; nos confirman su nostalgia por lo autocrático y lo autoritario. Pongamoslos en su lugar impulsando la Constituyente.
Agregó que sus abogados analizan las acciones legales que interpondrán contra Weeden por la ilegalidad de cautelar sus bienes, cuando no existe evidencia que lo vincule con la empresa PEC.
“Estas son actuaciones demenciales, este señor (Weeden) no está actuando conforme a la ley”, enfatizó.
El ex mandatario expresó que el ataque en su contra es de tipo político, con el fin de enturbiar el clima de contienda electoral, para afectar la candidatura presidencial del PRD.
