Constitución y participación
Si hay un principio esencial de toda democracia moderna que se haya violado más en Panamá durante las últimas semanas lo es, sin duda, aquel que reza: "El poder público sólo emana del pueblo". El que menos ha tenido que ver en las denominadas "reformas constitucionales" aprobadas ilegalmente por la Asamblea Legislativa saliente, ha sido justamente el pueblo, los ciudadanos.
La manipulación del concepto de democracia ha logrado alcanzar tal grado de utilización en nuestro medio que ha terminado carente de sentido.
Ello es así dado que, de nuestros días, si de democracia se trata, no cabe duda que la participación ciudadana es la expresión más importante de los derechos de los ciudadanos en las decisiones políticas para que su resultado sea real y efectivo.
Desde Aristóteles sabemos que "el hombre es un animal político". De allí se deriva y desarrolla la inclinación del hombre a participar en política y a trascender en lo demás
Sin embargo, la Constitución militarista de 1972, que nació sin participación ciudadana, ha sido, nuevamente, reformada sin participación alguna de la ciudadanía, sin el mecanismo que hoy por hoy es la esencia de la democracia participativa, la razón misma de ser de una Constitución.
Y es esa ausencia de participación la que más limita a la propia Constitución para cumplir su misión rectora en la sociedad, al tiempo que excluye a la justicia social como realidad cotidiana. ¿Cómo hacer de la democracia una realidad, un modo de vida, si no sabemos conjugar y llenar de sentido el verbo participar, o sea tomar parte en una cosa?
La manera como fueron planeadas, presentadas, discutidas y aprobadas las "reformas constitucionales" por parte de las cúpulas del gobierno saliente y entrante; además de apoyadas, promovidas y aceptadas por parte de ciertos auto proclamados "voceros de la sociedad civil", exhibe -una vez más- las limitaciones dominantes para que en nuestro país la democracia con participación ciudadana pueda darse.
La mayor fuente de limitaciones ha sido la sociedad misma, dado que no es una sociedad justa que ofrezca a todos sus integrantes condiciones equitativas para desarrollarse plenamente como personas dignas.
Las cúpulas de los partidos políticos, de ciertos gremios, sindicatos, asociaciones, etc., se han ocupado del resto.
Es muy cierto que en Panamá hay muchos que se abstienen de participar porque largos años de frustraciones, desengaños y desencantos, los han vuelto ciudadana y políticamente escépticos.
Muchos tampoco participan por culpa de la ignorancia, mientras otros rechazan la participación por pereza o por egoísmo, sumados a los que se marginan de ella por desconfianza y, también, por miedo.
Sin embargo, los escépticos, los desinformados, los negligentes, los egoístas y los temerosos integran, en no pocas ocasiones, una mayoría pasiva cuyos miembros han renunciado a influir en la dirección política del país, a manifestar su parecer en la adopción de las grandes decisiones, a ejercer control sobre la cosa pública y a comprometerse de verdad, con sus derechos y deberes ciudadanos.
La actitud de los convidados de piedra, al igual que la de las cúpulas, perjudica la participación y nos impide tener Constitución.
La Constitución es la que debe demostrar que la democracia no es simplemente una forma de organización estatal, que la participación ciudadana no se agota con las actividades vinculadas al proceso electoral.
Hace poco más de una década, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la Sala Segunda de Revisión, en Sentencia T-439 del 2 de julio de 1992, expresaba:
"La democracia participativa es un principio material que permea tanto la parte dogmática como orgánica de la Constitución. Ella exige la reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los derechos de participación". La transformación del sistema político y de las relaciones Estado-sociedad se refleja en el concepto mismo de soberanía popular. El pueblo en ejercicio de sus derechos políticos articula el Estado-aparato.
La sociedad construye al Estado y organiza el ejercicio del poder político; en esta capacidad constitutiva del orden político radica la imparcialidad de los derechos políticos de participación.
La democracia es el medio para la autodeterminación individual y colectiva; la participación ciudadana, condición necesaria para que dicha finalidad pueda ser realizada, se ejerce a través de diversas instituciones como el referendo, la iniciativa legislativa, el plebiscito, la convocatoria a una Asamblea Consituyente, la consulta popular, el sufragio, la revocatoria del mandato, la elección popular de Alcaldes, Gobernadores, etc."
La manipulación del concepto de democracia ha logrado alcanzar tal grado de utilización en nuestro medio que ha terminado carente de sentido.
Ello es así dado que, de nuestros días, si de democracia se trata, no cabe duda que la participación ciudadana es la expresión más importante de los derechos de los ciudadanos en las decisiones políticas para que su resultado sea real y efectivo.
Desde Aristóteles sabemos que "el hombre es un animal político". De allí se deriva y desarrolla la inclinación del hombre a participar en política y a trascender en lo demás
Sin embargo, la Constitución militarista de 1972, que nació sin participación ciudadana, ha sido, nuevamente, reformada sin participación alguna de la ciudadanía, sin el mecanismo que hoy por hoy es la esencia de la democracia participativa, la razón misma de ser de una Constitución.
Y es esa ausencia de participación la que más limita a la propia Constitución para cumplir su misión rectora en la sociedad, al tiempo que excluye a la justicia social como realidad cotidiana. ¿Cómo hacer de la democracia una realidad, un modo de vida, si no sabemos conjugar y llenar de sentido el verbo participar, o sea tomar parte en una cosa?
La manera como fueron planeadas, presentadas, discutidas y aprobadas las "reformas constitucionales" por parte de las cúpulas del gobierno saliente y entrante; además de apoyadas, promovidas y aceptadas por parte de ciertos auto proclamados "voceros de la sociedad civil", exhibe -una vez más- las limitaciones dominantes para que en nuestro país la democracia con participación ciudadana pueda darse.
La mayor fuente de limitaciones ha sido la sociedad misma, dado que no es una sociedad justa que ofrezca a todos sus integrantes condiciones equitativas para desarrollarse plenamente como personas dignas.
Las cúpulas de los partidos políticos, de ciertos gremios, sindicatos, asociaciones, etc., se han ocupado del resto.
Es muy cierto que en Panamá hay muchos que se abstienen de participar porque largos años de frustraciones, desengaños y desencantos, los han vuelto ciudadana y políticamente escépticos.
Muchos tampoco participan por culpa de la ignorancia, mientras otros rechazan la participación por pereza o por egoísmo, sumados a los que se marginan de ella por desconfianza y, también, por miedo.
Sin embargo, los escépticos, los desinformados, los negligentes, los egoístas y los temerosos integran, en no pocas ocasiones, una mayoría pasiva cuyos miembros han renunciado a influir en la dirección política del país, a manifestar su parecer en la adopción de las grandes decisiones, a ejercer control sobre la cosa pública y a comprometerse de verdad, con sus derechos y deberes ciudadanos.
La actitud de los convidados de piedra, al igual que la de las cúpulas, perjudica la participación y nos impide tener Constitución.
La Constitución es la que debe demostrar que la democracia no es simplemente una forma de organización estatal, que la participación ciudadana no se agota con las actividades vinculadas al proceso electoral.
Hace poco más de una década, la Corte Constitucional de Colombia, a través de la Sala Segunda de Revisión, en Sentencia T-439 del 2 de julio de 1992, expresaba:
"La democracia participativa es un principio material que permea tanto la parte dogmática como orgánica de la Constitución. Ella exige la reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los derechos de participación". La transformación del sistema político y de las relaciones Estado-sociedad se refleja en el concepto mismo de soberanía popular. El pueblo en ejercicio de sus derechos políticos articula el Estado-aparato.
La sociedad construye al Estado y organiza el ejercicio del poder político; en esta capacidad constitutiva del orden político radica la imparcialidad de los derechos políticos de participación.
La democracia es el medio para la autodeterminación individual y colectiva; la participación ciudadana, condición necesaria para que dicha finalidad pueda ser realizada, se ejerce a través de diversas instituciones como el referendo, la iniciativa legislativa, el plebiscito, la convocatoria a una Asamblea Consituyente, la consulta popular, el sufragio, la revocatoria del mandato, la elección popular de Alcaldes, Gobernadores, etc."
