Constituyente y juego de intereses
El anuncio de convocar al Legislativo a sesiones extraordinarias, confirma que se mantiene la tendencia de las cúpulas partidistas a desvirtuar la importancia y el valor del conocimiento. Poco les importa con la revolución de la inteligencia que vive hoy día la humanidad. Lo que cuenta para ellos es mantener a los panameños marginados con el propósito de evitarnos encarar la realidad social y mantenernos en un mundo abstracto e idealizado conviviendo sólo con normas expresivas de un deber ser.
No resulta fácil, sobre todo en sociedades como la nuestra, en que se nos quiere hacer creer que vive realmente su derecho legislado, remover arraigadas tesis y enseñanzas que tienen como fin primordial mantener vigente una organización social archidefectuosa e injusta. Somos, entonces, conscientes que al adelantar determinados conceptos, medios, objetivos y críticas, estamos enfrentando lo acumulado por mentes muy preclaras y prestigiosas que han ayudado a tantos a encerrarse "en un mundo abstracto de entelequias dentro del cual imaginan que el derecho es el valor social supremo y que su estudio asegura el conocimiento más completo posible de los conflictos sociales y de su solución".
Así tenemos que las prácticas de la democracia, sustentada por los factores reales de poder, sirven para seguirle dando a la mayoría de la población la ilusión de que con el actual ordenamiento jurídico tiene mecanismos para mejorar sus cada vez peores condiciones de vida. Se valen de diferentes elementos para hacernos creer que es sólo dentro del esquema jurídico imperante dentro del cual se pueden introducir transformaciones políticas, económicas y sociales, al tiempo que insisten en vendernos la idea que nos encontramos en un estado de derecho por el simple hecho que ya no hay dictadura militar.
Para quien tenga en estima la verdad, la rectitud y la lealtad nada más desolador que dichas afirmaciones. Pero quienes concebimos el constitucionalismo como "técnica de libertad ", concordamos con Ferdinand La Salle que: "Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho sino de poder, la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las constituciones escritas no tienen calor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social."
En otras palabras, una democracia mal entendida es una democracia que no está en su lugar, una democracia mal puesta. Tenemos entonces ante nosotros la inevitable tarea de repensar, de pensar libremente y sin miedo, la democracia que nos queremos dar y dejar atrás -de una vez por todas- ese pasado más impuesto que heredado, que pretende mantenernos atados a los innumerables hilos de poder que le permite a unos cuantos gobernar sin democracia, porque su democracia con resabios autoritarios no resiste la democracia resultado de la inteligencia y la responsabilidad. Es casualmente, a mi entender, la necesidad de romper con una serie de prácticas que permiten que cada vez haya más privilegios para los privilegiados, lo que nos aleja más de la posibilidad real de una empresa democratizadora y democrática, la que hace urgente la necesidad de una Constituyente.
El dogma constitucional que fundamenta la democracia y que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, acogida sin reserva por los constitucionalistas, sostiene que los poderes públicos emanan todos del pueblo, que no pueden constituirse por sí mismos, ni modificar la Constitución que los ha constituido porque esa facultad es exclusiva del Poder Constituyente.
La Constitución vigente en nuestro país no se corresponde con los principios arriba descritos. No fue promulgada por Asamblea Constituyente, ni tampoco sometida a consideración del pueblo mediante un referéndum. Este hecho, por sí solo, convierte dicho texto constitucional en un acto nulo de nulidad absoluta. Sin embargo, esto no constituye su pecado mayor. Sus redactores, dispuestos a conservar para siempre las reglas del juego por ellos convenidas, decidieron además secuestrar el Poder Constituyente subordinándolo a los poderes constituidos.
Por otra parte, en los últimos diez años, las cúpulas de los partidos políticos han desnaturalizado la tutoría encomendada. En lugar de pensar en el bien común, como correspondía, se han limitado a actuar en función de sus propias agrupaciones. Han convertido el sistema político panameño en un entarimado de complicidades, haciéndolo totalmente inoperante para cualquier función pública mínimamente decente. Legislan de espalda al pueblo y amparados en esa supuesta legalidad que ellos mismos impunemente irrespetan cuando les conviene, han conducido al país a una peligrosa inestabilidad política, económica y social.
Ante la situación descrita, sólo queda un camino: la Asamblea Nacional Constituyente, única instancia política capaz de desmontar esta partidocracia que amenaza con disolver la República. El otro camino, el de la reforma constitucional asomada por los partidos del status, ya demostró que es absolutamente inviable. Sólo el Poder Constituyente por ser expresión auténtica de la soberanía popular tiene facilidades para realizar esta difícil tarea.
No resulta fácil, sobre todo en sociedades como la nuestra, en que se nos quiere hacer creer que vive realmente su derecho legislado, remover arraigadas tesis y enseñanzas que tienen como fin primordial mantener vigente una organización social archidefectuosa e injusta. Somos, entonces, conscientes que al adelantar determinados conceptos, medios, objetivos y críticas, estamos enfrentando lo acumulado por mentes muy preclaras y prestigiosas que han ayudado a tantos a encerrarse "en un mundo abstracto de entelequias dentro del cual imaginan que el derecho es el valor social supremo y que su estudio asegura el conocimiento más completo posible de los conflictos sociales y de su solución".
Así tenemos que las prácticas de la democracia, sustentada por los factores reales de poder, sirven para seguirle dando a la mayoría de la población la ilusión de que con el actual ordenamiento jurídico tiene mecanismos para mejorar sus cada vez peores condiciones de vida. Se valen de diferentes elementos para hacernos creer que es sólo dentro del esquema jurídico imperante dentro del cual se pueden introducir transformaciones políticas, económicas y sociales, al tiempo que insisten en vendernos la idea que nos encontramos en un estado de derecho por el simple hecho que ya no hay dictadura militar.
Para quien tenga en estima la verdad, la rectitud y la lealtad nada más desolador que dichas afirmaciones. Pero quienes concebimos el constitucionalismo como "técnica de libertad ", concordamos con Ferdinand La Salle que: "Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho sino de poder, la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las constituciones escritas no tienen calor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social."
En otras palabras, una democracia mal entendida es una democracia que no está en su lugar, una democracia mal puesta. Tenemos entonces ante nosotros la inevitable tarea de repensar, de pensar libremente y sin miedo, la democracia que nos queremos dar y dejar atrás -de una vez por todas- ese pasado más impuesto que heredado, que pretende mantenernos atados a los innumerables hilos de poder que le permite a unos cuantos gobernar sin democracia, porque su democracia con resabios autoritarios no resiste la democracia resultado de la inteligencia y la responsabilidad. Es casualmente, a mi entender, la necesidad de romper con una serie de prácticas que permiten que cada vez haya más privilegios para los privilegiados, lo que nos aleja más de la posibilidad real de una empresa democratizadora y democrática, la que hace urgente la necesidad de una Constituyente.
El dogma constitucional que fundamenta la democracia y que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, acogida sin reserva por los constitucionalistas, sostiene que los poderes públicos emanan todos del pueblo, que no pueden constituirse por sí mismos, ni modificar la Constitución que los ha constituido porque esa facultad es exclusiva del Poder Constituyente.
La Constitución vigente en nuestro país no se corresponde con los principios arriba descritos. No fue promulgada por Asamblea Constituyente, ni tampoco sometida a consideración del pueblo mediante un referéndum. Este hecho, por sí solo, convierte dicho texto constitucional en un acto nulo de nulidad absoluta. Sin embargo, esto no constituye su pecado mayor. Sus redactores, dispuestos a conservar para siempre las reglas del juego por ellos convenidas, decidieron además secuestrar el Poder Constituyente subordinándolo a los poderes constituidos.
Por otra parte, en los últimos diez años, las cúpulas de los partidos políticos han desnaturalizado la tutoría encomendada. En lugar de pensar en el bien común, como correspondía, se han limitado a actuar en función de sus propias agrupaciones. Han convertido el sistema político panameño en un entarimado de complicidades, haciéndolo totalmente inoperante para cualquier función pública mínimamente decente. Legislan de espalda al pueblo y amparados en esa supuesta legalidad que ellos mismos impunemente irrespetan cuando les conviene, han conducido al país a una peligrosa inestabilidad política, económica y social.
Ante la situación descrita, sólo queda un camino: la Asamblea Nacional Constituyente, única instancia política capaz de desmontar esta partidocracia que amenaza con disolver la República. El otro camino, el de la reforma constitucional asomada por los partidos del status, ya demostró que es absolutamente inviable. Sólo el Poder Constituyente por ser expresión auténtica de la soberanía popular tiene facilidades para realizar esta difícil tarea.
