Consultas ciudadanas

El anuncio del Presidente de la República de que someterá anualmente a consulta popular y plebiscito nacional los planes de su gobierno ha causado muchas reacciones y no pocas expectativas. No podría ser de otra forma, considerando el movimiento pendular que en apenas 8 meses de gestión ha tenido la administración Martinelli. Hace unos meses los más conspicuos miembros del gabinete vociferaban que no estaban dispuestos a “cogobernar” con la sociedad civil. Todo indica que un repentino bajón en las encuestas de popularidad, produjo un replanteamiento estratégico en el alto gobierno, que lo ha llevado a pasar ahora al otro extremo, es decir a anunciar que quieren consultarlo todo con el soberano a través de plebiscitos anuales. Hay formas menos costosas de participación ciudadana enlistadas en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, conocida popularmente como Ley de Transparencia. Si lo que desea el gobierno es consultar a la ciudadanía para conocer posibles iniciativas que no estén contempladas en el “Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014” presentado por el ministro del MEF, Alberto Vallarino, lo juicioso es establecer una comisión receptora de ideas y proyectos que ciudadanos bien intencionados desearan aportar en beneficio del país, sin necesidad de gastar una millonada en consultas plebiscitarias.

Dicha comisión podría entonces, tras estudiar los mencionados aportes, seleccionar los que merecerían ser dados a conocer al Ejecutivo y a la comunidad con miras a que puedan también ser sometidos a un solo plebiscito. Esto, a más de ser útil, constituiría prueba irrefutable de las sanas intenciones del Ejecutivo de gobernar con la ayuda del pueblo, que es lo que ha expresado el Presidente en reciente comunicado, después de reconocer que él solo no puede hacerlo todo.