Consumación de un despojo
Con la cristalización de la proyectada venta de las acciones que el Estado aún posee en la empresa telefónica, que controla el monopolio que antes regentaba el INTEL como entidad autónoma, se consumaría un despojo de una porción más del patrimonio del pueblo panameño. Significa un despojo, porque, a contrapelo del deseo de la inmensa mayoría de los panameños, un gobierno PRD se entregó a los deseos de las empresas transnacionales y a los organismos de crédito que ellas de alguna forma controlan, y entregó en "venta" el antiguo INTEL por el 49% de su valor real. A cambio obtuvo el cuestionable honor de convertir al país en un sujeto de crédito apto para ser abusado y explotado -como buen pichón- con nuevos préstamos que incrementan con fuerza centrípeda el endeudamiento.
La tal venta fue otra entrega, porque por 652 millones de balboas, de hecho, compraron una entidad que valía al menos B/.1.330 millones, de acuerdo con la proporción que representa el valor de 652 equivalente al 49% de las acciones que compró Cable and Wireless. Ello es así, porque si a C. and W. le es reconocido que con sólo un 49% de las acciones pueda tener el derecho de nombrar a la Junta Directiva que dirige la empresa mixta, en la práctica, ha "comprado" una empresa por el 49% de su valor. Porque ¿quién le puede impedir que disponga de los activos como le dé la gana? ¿Quién evitará que expatríe capitales para supuestas inversiones en otros países, con el propósito de declarar menos ganancia y dividendos localmente?.
Como las descritas, pueden surgir muchas interrogantes que el precedente gobierno no aclaró, y ni siquiera mencionó cuando privatizó el INTEL, y que tampoco el gobierno actual ha despejado para adoptar una posición frente a un contrato de compra-venta leonino, arbitrario, a todas luces inequitativo, y posiblemente viciado de nulidad. En estas condiciones ¿quién, y por cuánto, compraría esas acciones del Estado?.
Sin tomar en cuenta la anterior fundamental consideración, algunas mentes "pragmáticas" asumen que ese contrato es un "clavo pasado" y desvían la atención hacia el objetivo de lograr un supuesto mejor precio en la venta del restante 49% ahora, porque dizque cuando Cable and Wireless pierda el monopolio (dentro de tres años) esas acciones valdrán menos. Empero, tal temor puede ser infundado, porque a un nuevo competidor le costaría una millonada materializar unas instalaciones iguales o mejores a las del antiguo INTEL, hoy C. and W. -y no sólo estaría en desventaja sino que, si aparece, es más que improbable que afectase la rentabilidad de la operación de C. and W.
Tampoco se trata, como en el cuento de la cucharachita mandinga de Sinán, en que lo importante sea el decidir en qué se gastaría el producto de la venta como condicionante para impedir su aprobación. Se trata es de determinar si el país no estaría haciendo un pésimo negocio al malgastar su patrimonio en vez de conservarlo para obtener de él mayor utilidad.
Por lo expuesto, de lo que se debe tratar es de exigir que: 1) C. and W. le dé al Estado al menos el mismo rédito que antes tenía con el INTEL; 2) su 49% valga lo mismo que el 49% de C. and W., para elegir la Junta Directiva y tomar las decisiones de la empresa; 3) se regrese a las tarifas que tenía el INTEL y que sólo se aumenten por razones convincentes, justificadas y, sustentadas públicamente.
Por consiguiente, el no exigirse lo enunciado afianzaría la noción de que la venta propuesta constituye un despejo porque, cuando la telefónica estaba en manos de un ineficiente INTEL, el Estado percibía una utilidad neta de B/.140 millones anuales y, ahora, en poder de Cable and Wireless no recibe B/.68.6 millones en proporción a su 49%, sino sólo B/.30 millones, con todo y que las utilidades deben ser mayores, porque las tarifas las han triplicado, y han muliplicado los teléfonos monederos. ¿Sospechoso no? ¿Quién por el Estado, y cuándo, audita a C. and W.?.
Con más ardor que en Panamá, en Costa Rica se están oponiendo a la privatización de la electricidad y el teléfono, al observar el doble perjuicio económico que tal medida ha causado a los países latinoamericanos. En Panamá, si el Estado vendiera todo lo que era el INTEL al improbable precio a que ya vendió un 49%, estaría "regalando" a una empresa privada un patrimonio que le rendía con sólo diez años utilidades equivalentes al valor de esa densa. Después, desaparecería el rédito.
Los que abogaban por esa privatización también aducían que ni la entidad ni el Estado podrían costear la modernización del sistema, como si en el caso de no hacerlo los panameños nos quedábamos comunicando con señales de humo o con tambores africanos, coetáneos con el descubrimiento de América. Nada más falso. Si no hubiéramos medio privatizado el INTEL, nos seguiríamos comunicando suficientemente con mejores tarifas y servicio, y sin perder patrimonio. Todo fue una patraña para un despojo.
La tal venta fue otra entrega, porque por 652 millones de balboas, de hecho, compraron una entidad que valía al menos B/.1.330 millones, de acuerdo con la proporción que representa el valor de 652 equivalente al 49% de las acciones que compró Cable and Wireless. Ello es así, porque si a C. and W. le es reconocido que con sólo un 49% de las acciones pueda tener el derecho de nombrar a la Junta Directiva que dirige la empresa mixta, en la práctica, ha "comprado" una empresa por el 49% de su valor. Porque ¿quién le puede impedir que disponga de los activos como le dé la gana? ¿Quién evitará que expatríe capitales para supuestas inversiones en otros países, con el propósito de declarar menos ganancia y dividendos localmente?.
Como las descritas, pueden surgir muchas interrogantes que el precedente gobierno no aclaró, y ni siquiera mencionó cuando privatizó el INTEL, y que tampoco el gobierno actual ha despejado para adoptar una posición frente a un contrato de compra-venta leonino, arbitrario, a todas luces inequitativo, y posiblemente viciado de nulidad. En estas condiciones ¿quién, y por cuánto, compraría esas acciones del Estado?.
Sin tomar en cuenta la anterior fundamental consideración, algunas mentes "pragmáticas" asumen que ese contrato es un "clavo pasado" y desvían la atención hacia el objetivo de lograr un supuesto mejor precio en la venta del restante 49% ahora, porque dizque cuando Cable and Wireless pierda el monopolio (dentro de tres años) esas acciones valdrán menos. Empero, tal temor puede ser infundado, porque a un nuevo competidor le costaría una millonada materializar unas instalaciones iguales o mejores a las del antiguo INTEL, hoy C. and W. -y no sólo estaría en desventaja sino que, si aparece, es más que improbable que afectase la rentabilidad de la operación de C. and W.
Tampoco se trata, como en el cuento de la cucharachita mandinga de Sinán, en que lo importante sea el decidir en qué se gastaría el producto de la venta como condicionante para impedir su aprobación. Se trata es de determinar si el país no estaría haciendo un pésimo negocio al malgastar su patrimonio en vez de conservarlo para obtener de él mayor utilidad.
Por lo expuesto, de lo que se debe tratar es de exigir que: 1) C. and W. le dé al Estado al menos el mismo rédito que antes tenía con el INTEL; 2) su 49% valga lo mismo que el 49% de C. and W., para elegir la Junta Directiva y tomar las decisiones de la empresa; 3) se regrese a las tarifas que tenía el INTEL y que sólo se aumenten por razones convincentes, justificadas y, sustentadas públicamente.
Por consiguiente, el no exigirse lo enunciado afianzaría la noción de que la venta propuesta constituye un despejo porque, cuando la telefónica estaba en manos de un ineficiente INTEL, el Estado percibía una utilidad neta de B/.140 millones anuales y, ahora, en poder de Cable and Wireless no recibe B/.68.6 millones en proporción a su 49%, sino sólo B/.30 millones, con todo y que las utilidades deben ser mayores, porque las tarifas las han triplicado, y han muliplicado los teléfonos monederos. ¿Sospechoso no? ¿Quién por el Estado, y cuándo, audita a C. and W.?.
Con más ardor que en Panamá, en Costa Rica se están oponiendo a la privatización de la electricidad y el teléfono, al observar el doble perjuicio económico que tal medida ha causado a los países latinoamericanos. En Panamá, si el Estado vendiera todo lo que era el INTEL al improbable precio a que ya vendió un 49%, estaría "regalando" a una empresa privada un patrimonio que le rendía con sólo diez años utilidades equivalentes al valor de esa densa. Después, desaparecería el rédito.
Los que abogaban por esa privatización también aducían que ni la entidad ni el Estado podrían costear la modernización del sistema, como si en el caso de no hacerlo los panameños nos quedábamos comunicando con señales de humo o con tambores africanos, coetáneos con el descubrimiento de América. Nada más falso. Si no hubiéramos medio privatizado el INTEL, nos seguiríamos comunicando suficientemente con mejores tarifas y servicio, y sin perder patrimonio. Todo fue una patraña para un despojo.
