Contaminación militar en Panamá
A medida que se abre la información militar norteamericana, se acumulan nuevas evidencias de que el Comando Sur usó buena parte del territorio panameño como campo de experimentación de armas tóxicas, altamente nocivas para seres humanos y el medio ambiente. Pero lo más grave y contradictorio del problema es que, sin medir las consecuencias, los responsables panameños de los tratados canaleros aprobaron entre los convenios anexos la autorización expresa para realizar pruebas armamentísticas para determinar su efectividad bajo el medio ambiente tropical.
Así fue que a través del denominado Acuerdo sobre ciertas actividades de Estados Unidos de América en la República de Panamá, se autorizó el funcionamiento del Centro de Pruebas Tropicales del Ejército de Estados Unidos, en un área que cubre 18.868 acres. Antes de ese acuerdo de 1977, Panamá permitió que el ejército norteamericano usara la isla San José para experimentar armas tóxicas, con ocasión de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Informes de fuente norteamericana difundidos por medios de comunicación de ese país nos descubren realidades perturbadoras, como que en la isla de San José se experimentó con gas mostaza, condenado por sus nefastas consecuencias desde la Primera Guerra Mundial, y que se arrojaron miles o centenares de bombas en la selva que no llegaron a detonar, convirtiéndose en amenaza latente contra personas y el eco-sistema tropical.
Ante estas y otras revelaciones sobrecogedoras que someten a grave riesgo la integridad de personas y la conservación del eco-sistema, Estados Unidos no tiene otra alternativa que responsabilizarse formalmente en el saneamiento y descontaminación de las áreas de experimentación armamentística, ya en la zona adyacente al canal, ya en otras alejadas, como la isla de San José. La responsabilidad norteamericana deriva del articulado de los tratados canaleros, entre otros el artículo 18 que expresa a la letra: "La República de Panamá y los Estados Unidos de América se comprometen a aplicar este tratado de modo consistente con la protección del ambiente natural de la República de Panamá". Asimismo se especifica el establecimiento de una comisión mixta sobre el ambiente natural para supervisar la aplicación de la norma ambiental y adoptar medidas para mitigar los efectos negativos.
Por otro lado, dentro del contexto de la conciencia global contraria a la contaminación ambiental, tanto Estados Unidos como Panamá han suscrito tratados multilaterales para la erradicación de armas químicas y en general contra la utilización de sustancias degradadoras del ecosistema terráqueo. Las obligaciones norteamericanas en materia ambiental, en consecuencia, no se circunscriben a los tratados canaleros sino que involucran a todas las zonas del territorio nacional donde hayan experimentado, arrojados o sepultado armas o sustancias contaminantes. No podemos continuar la política de irreflexiva flexibilidad de los negociadores panameños que autorizan la instalación del Centro de Pruebas Tropicales sin medir sus consecuencias. Es hora de que el actual gobierno reclame seriamente el cumplimiento de las obligaciones insoslayables de Estados Unidos, así tenga que cumplirlas después del año dos mil.
Así fue que a través del denominado Acuerdo sobre ciertas actividades de Estados Unidos de América en la República de Panamá, se autorizó el funcionamiento del Centro de Pruebas Tropicales del Ejército de Estados Unidos, en un área que cubre 18.868 acres. Antes de ese acuerdo de 1977, Panamá permitió que el ejército norteamericano usara la isla San José para experimentar armas tóxicas, con ocasión de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Informes de fuente norteamericana difundidos por medios de comunicación de ese país nos descubren realidades perturbadoras, como que en la isla de San José se experimentó con gas mostaza, condenado por sus nefastas consecuencias desde la Primera Guerra Mundial, y que se arrojaron miles o centenares de bombas en la selva que no llegaron a detonar, convirtiéndose en amenaza latente contra personas y el eco-sistema tropical.
Ante estas y otras revelaciones sobrecogedoras que someten a grave riesgo la integridad de personas y la conservación del eco-sistema, Estados Unidos no tiene otra alternativa que responsabilizarse formalmente en el saneamiento y descontaminación de las áreas de experimentación armamentística, ya en la zona adyacente al canal, ya en otras alejadas, como la isla de San José. La responsabilidad norteamericana deriva del articulado de los tratados canaleros, entre otros el artículo 18 que expresa a la letra: "La República de Panamá y los Estados Unidos de América se comprometen a aplicar este tratado de modo consistente con la protección del ambiente natural de la República de Panamá". Asimismo se especifica el establecimiento de una comisión mixta sobre el ambiente natural para supervisar la aplicación de la norma ambiental y adoptar medidas para mitigar los efectos negativos.
Por otro lado, dentro del contexto de la conciencia global contraria a la contaminación ambiental, tanto Estados Unidos como Panamá han suscrito tratados multilaterales para la erradicación de armas químicas y en general contra la utilización de sustancias degradadoras del ecosistema terráqueo. Las obligaciones norteamericanas en materia ambiental, en consecuencia, no se circunscriben a los tratados canaleros sino que involucran a todas las zonas del territorio nacional donde hayan experimentado, arrojados o sepultado armas o sustancias contaminantes. No podemos continuar la política de irreflexiva flexibilidad de los negociadores panameños que autorizan la instalación del Centro de Pruebas Tropicales sin medir sus consecuencias. Es hora de que el actual gobierno reclame seriamente el cumplimiento de las obligaciones insoslayables de Estados Unidos, así tenga que cumplirlas después del año dos mil.
