Continúan los errores presidenciales
De acuerdo al Panamá América de 29/04/00, la Presidenta solicitó a los 587 suplentes de los representantes que se acercaran a ella, porque estaba decidida a nombrarlos en cargos públicos, así como ha incrementarle el salario a los alcaldes de los 57 municipios subsidiados por el Tesoro Nacional. También se comprometió a lograr de la "independiente" Contraloría que agilice las solicitudes de becas de los alcaldes, representantes y director del IFARHU. De ahí que dé la razón al representante de Ancón y PRD, Joaquín Vázquez, quien acusó los cautivadores compromisos como destinados a la absorción política de dirigentes. El medio agregó que 270 de los 587 representantes, son del opositor PRD, mientras que el resto independiente y de partidos oficialistas (sobre esto último añado: y de partidos conversos al oficialismo tras los resultados de las elecciones y omnipotente poder del Ejecutivo sobre el erario).
La Presidenta no dice que nombrará a los suplentes de acuerdo a méritos, sino que los nombrará, nos imaginamos así tengan 95 años o de escribientes aún siendo analfabetos. Ha de esperarse que no acepten cargos de bajo salario, sea que carezcan de cualidades para desempeñarse en uno superior. Resulta impensable que un mandatario de país desarrollado políticamente, se le ocurra comprometer, a su capricho, el mérito que debe a la responsabilidad de nombrar funcionarios públicos, pero estamos en un Panamá todavía sumergido en simbologías medievales.
El Artículo 229 de la Constitución dicta que los Municipios son organizaciones políticas autónomas de la comunidad, administradas por un gobierno local - no nacional; de ahí que la propuesta presidencial, hace mella de esa autonomía. La disposición autonómica parece contradecirse con la confusa redacción del 241 de la C.P., del cual puede interpretarse que la Ley, o sea el Legislador, determina el salario y su fuente (Tesoro Nacional o Municipal); por ninguna parte la Constitución faculta a la Presidenta para que fije el salario de los Alcaldes, aunque en tal sentido obviamente podría presentar proyecto de Ley.
Esa caótica dilogía constitucional llama a una Constituyente que, entre tantas, disponga reglas claras respecto al alcance de las funciones y conducta de cada uno de los funcionarios, para evitar que sigan sirviéndose de las finanzas oficiales u otras potestades para manipular, con finalidades políticas u otras ajenas al interés patrio, el desenvolvimiento administrativo de las organizaciones estatales. Al unísono, deben instituirse frenos al nepotismo desaprensivo, y sobre todo incorporar un rosario de normas éticas a las que deban sujetarse todos. Tales, nos hubieran ahorrado de los desvergonzados Cartier y tantas otras liviandades, que acentúan la imagen internacional de corrupción institucionalizada, de la que no hay manera de sacudirnos con la actual Carta Magna.
La Constitución sienta a los Consejos Provinciales como órganos de consulta de las autoridades nacionales, es así que resultan disonantes los compromisos de la Presidenta ante el halagador y exigente coro de la Asociación de Municipios de Panamá y Coordinadora Nacional de Representantes que, integradas por funcionarios gubernamentales de jerarquía, pretenden constituirse en gremios de tipo no-gubernamental o de trabajadores corrientes, para pedir aumentos o cargos a sus suplentes.
Así como los Representantes piden el cese de las circuitales, también deben terminarse con sus partiditas comunitarias, para así dedicarse a legislar ordenanzas y, colaborar y fiscalizar las ejecutivas que son del Alcalde. El manejo de las circuitales para enriquecerse y/o financiarse campañas, no se diferencian del mal uso prestado a las comunitarias. Sobre la eficiencia que solicitará al Contralor para que apure becas que irán a las manos de clientela política, compinches y parientes, sólo cabe agregar que deben ser evaluadas y otorgadas únicamente por un IFARHU, administrado conjuntamente por el sector público y no-gubernamental, a fin de enajenarlas de la corruptela imperante.
La Presidenta no dice que nombrará a los suplentes de acuerdo a méritos, sino que los nombrará, nos imaginamos así tengan 95 años o de escribientes aún siendo analfabetos. Ha de esperarse que no acepten cargos de bajo salario, sea que carezcan de cualidades para desempeñarse en uno superior. Resulta impensable que un mandatario de país desarrollado políticamente, se le ocurra comprometer, a su capricho, el mérito que debe a la responsabilidad de nombrar funcionarios públicos, pero estamos en un Panamá todavía sumergido en simbologías medievales.
El Artículo 229 de la Constitución dicta que los Municipios son organizaciones políticas autónomas de la comunidad, administradas por un gobierno local - no nacional; de ahí que la propuesta presidencial, hace mella de esa autonomía. La disposición autonómica parece contradecirse con la confusa redacción del 241 de la C.P., del cual puede interpretarse que la Ley, o sea el Legislador, determina el salario y su fuente (Tesoro Nacional o Municipal); por ninguna parte la Constitución faculta a la Presidenta para que fije el salario de los Alcaldes, aunque en tal sentido obviamente podría presentar proyecto de Ley.
Esa caótica dilogía constitucional llama a una Constituyente que, entre tantas, disponga reglas claras respecto al alcance de las funciones y conducta de cada uno de los funcionarios, para evitar que sigan sirviéndose de las finanzas oficiales u otras potestades para manipular, con finalidades políticas u otras ajenas al interés patrio, el desenvolvimiento administrativo de las organizaciones estatales. Al unísono, deben instituirse frenos al nepotismo desaprensivo, y sobre todo incorporar un rosario de normas éticas a las que deban sujetarse todos. Tales, nos hubieran ahorrado de los desvergonzados Cartier y tantas otras liviandades, que acentúan la imagen internacional de corrupción institucionalizada, de la que no hay manera de sacudirnos con la actual Carta Magna.
La Constitución sienta a los Consejos Provinciales como órganos de consulta de las autoridades nacionales, es así que resultan disonantes los compromisos de la Presidenta ante el halagador y exigente coro de la Asociación de Municipios de Panamá y Coordinadora Nacional de Representantes que, integradas por funcionarios gubernamentales de jerarquía, pretenden constituirse en gremios de tipo no-gubernamental o de trabajadores corrientes, para pedir aumentos o cargos a sus suplentes.
Así como los Representantes piden el cese de las circuitales, también deben terminarse con sus partiditas comunitarias, para así dedicarse a legislar ordenanzas y, colaborar y fiscalizar las ejecutivas que son del Alcalde. El manejo de las circuitales para enriquecerse y/o financiarse campañas, no se diferencian del mal uso prestado a las comunitarias. Sobre la eficiencia que solicitará al Contralor para que apure becas que irán a las manos de clientela política, compinches y parientes, sólo cabe agregar que deben ser evaluadas y otorgadas únicamente por un IFARHU, administrado conjuntamente por el sector público y no-gubernamental, a fin de enajenarlas de la corruptela imperante.
