Contra de la demanda y de la legalización de la prostitución
La Primera Reunión de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), realizada en México del 23 al 25 de marzo, finalizó con una enérgica declaración en la que se visibiliza la gravedad y el alarmante incremento a nivel interno y externo de la trata y tráfico de mujeres, niñas, y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos; todas formas graves de violación a los derechos humanos que atentan contra la vida y dignidad de mujeres, niñas y la seguridad de los países de la región; problema que representa un obstáculo para la democracia, el desarrollo y la paz.
La Declaración insta a los gobiernos latinoamericanos y caribeños al respeto y cumplimiento de los convenios internacionales sobre la materia; exige a los gobiernos políticas públicas, planes de acción debidamente financiados y leyes efectivas; propone la elaboración inmediata de una Ley Marco que rija en el Sistema Interamericano que garantice la prevención, la protección de las víctimas, persecución, enjuiciamiento y sanción de los tratantes y explotadores.
La Declaración rechaza la corrupción y las redes de complicidad que amparan a la delincuencia organizada nacional e internacional para traficar y tratar mujeres, niñas, y jóvenes; repudia el avance del crimen organizado en la Región; exige el cumplimiento irrestricto de las Metas del Milenio, garantías económicas y sociales de desarrollo humano que garanticen una vida digna, el combate frontal y decidido a la pobreza que amenaza la paz interna de los países y que se constituye en un genocidio físico y moral por la violación al principio de la debida diligencia; el cuidado y no encarecimiento del agua y la adopción de medidas eficaces contra la destrucción de la tierra.
La Declaración demanda justicia y paz en Latinoamérica y el Caribe, porque las mujeres, las niñas y las jóvenes tienen derecho a una vida libre de violencias y a gozar de todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, por lo que se les debe garantizar mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. Rechaza las propuestas de legalización y regulación de la prostitución que sólo favorecen a la indigna industria del sexo y convierten a los Gobiernos en cómplices activos del comercio sexual ubicándolos como Estados prostituyentes; se demanda la derogación inmediata de cualquier ley, ordenanza contravencional o cualquier norma que reglamente o regule la prostitución y se exige, políticas públicas que garanticen oportunidades económicas y sociales, condiciones y oportunidades plenas para el sano desarrollo e integridad de las mujeres, niñas y jóvenes; protección, asistencia y reincorporación social efectivas para las víctimas, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, integral y holístico. Convoca al Movimiento Feminista, de los Derechos Humanos y movimientos sociales de todas las regiones del mundo, que hagan suya la declaración y condenen, colectiva e individualmente, la trata de mujeres, niñas y jóvenes para todas las formas de explotación.
