Contra los caprichos de la OCDE
A quienes hemos venido adversando la política de la actual administración de ir capitulando de buenas a primeras la posición de Panamá como centro internacional de servicios, nos ha tocado la satisfacción de recibir la visita y el mensaje de dos prominentes personalidades, el doctor Daniel Mitchell de la prestigiosa Heritage Foundation y de la reputada Andrew Quinlan del Centro para la Libertad y Prosperidad, ambas con sede en Estados Unidos.
Según los distinguidos visitantes, aún cuando Panamá haya firmado con la OCDE el compromiso de intercambio de información tributaria, no está obligada a concretar acuerdos de implementación en ese sentido con ningún país, hasta que el resto de sus miembros haya suscrito también el compromiso y los acuerdos particulares de intercambio, porque tal es la esencia de la condición de equidad y no discriminación convenida entre los socios de la organización.
Lo anterior significa que Panamá no tiene por qué firmar ni informar de más nada, hasta que potencias financieras tales como Suiza, Luxemburgo, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros, hagan lo propio.
La OCDE persigue acabar con los peyorativamente llamados "paraísos fiscales" que más bien son países con sistema de bajos impuestos, en el que incluyen a Panamá. El arma que esgrimen para eso es la inclusión en una lista negra de naciones no cooperadoras con la política de la organización que persigue uniformar los sistemas tributarios con base al de los países de altos impuestos o, en su defecto, que en cada nación se graven los ingresos que perciban sus ciudadanos en el extranjero.
Lo que en el fondo buscan los de la OCDE y su cartel de naciones de altos impuestos es eliminar la competencia de otros sistemas tributarios más moderados como el panameño -que es territorial- y dejar a los ciudadanos del mundo sin alternativas frente a regímenes impositivos abusivos, a lo cual se oponen precisamente Heritage Foundation y el Centro para la Libertad y Prosperidad.
No estamos solos, en Estados Unidos y otras naciones desarrolladas hay movimientos para contraatacar los caprichos de la OCDE y sus similares. A Panamá y en particular a su sociedad civil le corresponde comunicarse más con esos sectores en otras latitudes para hacer causa común e intercambiar información que nos sirva para luchar y defender nuestro sistema tributario y sus atractivos para la inversión extranjera.
No nos queda otra que luchar y resistir porque de otro modo sucumbirían nuestro centro bancario, el mercado de sociedades y de servicios financieros y la Zona Libre de Colón, de los que depende el 80% de la economía nacional.
Según los distinguidos visitantes, aún cuando Panamá haya firmado con la OCDE el compromiso de intercambio de información tributaria, no está obligada a concretar acuerdos de implementación en ese sentido con ningún país, hasta que el resto de sus miembros haya suscrito también el compromiso y los acuerdos particulares de intercambio, porque tal es la esencia de la condición de equidad y no discriminación convenida entre los socios de la organización.
Lo anterior significa que Panamá no tiene por qué firmar ni informar de más nada, hasta que potencias financieras tales como Suiza, Luxemburgo, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros, hagan lo propio.
La OCDE persigue acabar con los peyorativamente llamados "paraísos fiscales" que más bien son países con sistema de bajos impuestos, en el que incluyen a Panamá. El arma que esgrimen para eso es la inclusión en una lista negra de naciones no cooperadoras con la política de la organización que persigue uniformar los sistemas tributarios con base al de los países de altos impuestos o, en su defecto, que en cada nación se graven los ingresos que perciban sus ciudadanos en el extranjero.
Lo que en el fondo buscan los de la OCDE y su cartel de naciones de altos impuestos es eliminar la competencia de otros sistemas tributarios más moderados como el panameño -que es territorial- y dejar a los ciudadanos del mundo sin alternativas frente a regímenes impositivos abusivos, a lo cual se oponen precisamente Heritage Foundation y el Centro para la Libertad y Prosperidad.
No estamos solos, en Estados Unidos y otras naciones desarrolladas hay movimientos para contraatacar los caprichos de la OCDE y sus similares. A Panamá y en particular a su sociedad civil le corresponde comunicarse más con esos sectores en otras latitudes para hacer causa común e intercambiar información que nos sirva para luchar y defender nuestro sistema tributario y sus atractivos para la inversión extranjera.
No nos queda otra que luchar y resistir porque de otro modo sucumbirían nuestro centro bancario, el mercado de sociedades y de servicios financieros y la Zona Libre de Colón, de los que depende el 80% de la economía nacional.
