Contra los partidos que apoyaron a Sossa
En una campaña electoral sin lustre, otra vez el pueblo panameño tiene la tarea de escoger el menos malo entre los candidatos. Para tal efecto, me propongo ayudar a los electores a llegar a una decisión.
Como la administración de la justicia es una de las responsabilidades más importantes de un gobierno, hay que preguntarse si ésta ha sido efectiva en las últimas dos administraciones, las del PRD y del arnulfismo.
Específicamente me refiero a las actuaciones del procurador general José Antonio Sossa a la cabeza del Ministerio Público. Para evaluar dichas actuaciones no es necesario embarcarnos en la dolorosa tarea de repasar su historial en los diez años pasados. Basta que nos acordemos de tres hechos recientes.
El primero hecho, la conducción obligada del empresario I. Roberto Eisenmann para rendir una declaración relacionada con la querella por calumnia e injuria que el mismo procurador Sossa le puso al fundador del diario La Prensa, es prueba de la arbitrariedad y parcialidad del Ministerio Público bajo su cargo.
El segundo hecho confirma la pésima reputación que el funcionario Sossa ha adquirido en el ámbito internacional. En una carta enviada al mismo procurador, Jaime López, el coordinador de la organización Periodistas Frente a la Corrupción se lamenta ante el hecho de que el funcionario llamado a defender la legalidad es el principal acosador de los periodistas y denunciantes de corrupción en Panamá (La Prensa, 25 de marzo de 2004).
Por último, tenemos el hecho de dos candidatos presidenciales, Martín Torrijos y Guillermo Endara, se han visto en la necesidad de proclamar que no ratificarán a Sossa por un período de 10 años más. Sugiero que se añada lo siguiente al currículum vitae del procurador: "Al finalizar mi gestión, en vez de recibir manifestaciones de aprecio por parte de la ciudadanía, dos candidatos presidenciales se vieron en la necesidad de calmar la preocupación del pueblo anunciando que, de ser electos, NO me ratificarían en el cargo."
Pero el asunto debe ir más allá. Hay que acordarse de que Sossa, nombrado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares del PRD, fue mantenido en esa posición durante cinco largos años por la presidenta Mireya Moscoso del Partido Arnulfista haciendo caso omiso al hecho de que en la Constitución y en el Código Judicial hay medidas para remover a funcionarios con graves deficiencias. Las causales sobran. Como aseveró "El Pulso de Panamá" el 13 de los corrientes, "De que la Administración de Justicia bajo el actual gobierno está al revés, está al revés. Ya hemos comentado otras veces cómo en este país, quien tenga el valor cívico de denunciar algún posible delito o irregularidad, queda botado, investigado por el Ministerio Público, enjuiciado, preso o - en el mejor de los casos - tenido por loco". Por este grave desacierto deben pagar tanto el PRD como el arnulfismo.
A la hora de votar, los ciudadanos que impotentes vieron el papel que jugaba el ahijado de estos dos partidos en la administración de la justicia durante los últimos diez años, deben castigar al PRD y al arnulfismo igual que los españoles castigaron al gobierno de José María Aznar por hacer de la justicia un juego político.
Como la administración de la justicia es una de las responsabilidades más importantes de un gobierno, hay que preguntarse si ésta ha sido efectiva en las últimas dos administraciones, las del PRD y del arnulfismo.
Específicamente me refiero a las actuaciones del procurador general José Antonio Sossa a la cabeza del Ministerio Público. Para evaluar dichas actuaciones no es necesario embarcarnos en la dolorosa tarea de repasar su historial en los diez años pasados. Basta que nos acordemos de tres hechos recientes.
El primero hecho, la conducción obligada del empresario I. Roberto Eisenmann para rendir una declaración relacionada con la querella por calumnia e injuria que el mismo procurador Sossa le puso al fundador del diario La Prensa, es prueba de la arbitrariedad y parcialidad del Ministerio Público bajo su cargo.
El segundo hecho confirma la pésima reputación que el funcionario Sossa ha adquirido en el ámbito internacional. En una carta enviada al mismo procurador, Jaime López, el coordinador de la organización Periodistas Frente a la Corrupción se lamenta ante el hecho de que el funcionario llamado a defender la legalidad es el principal acosador de los periodistas y denunciantes de corrupción en Panamá (La Prensa, 25 de marzo de 2004).
Por último, tenemos el hecho de dos candidatos presidenciales, Martín Torrijos y Guillermo Endara, se han visto en la necesidad de proclamar que no ratificarán a Sossa por un período de 10 años más. Sugiero que se añada lo siguiente al currículum vitae del procurador: "Al finalizar mi gestión, en vez de recibir manifestaciones de aprecio por parte de la ciudadanía, dos candidatos presidenciales se vieron en la necesidad de calmar la preocupación del pueblo anunciando que, de ser electos, NO me ratificarían en el cargo."
Pero el asunto debe ir más allá. Hay que acordarse de que Sossa, nombrado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares del PRD, fue mantenido en esa posición durante cinco largos años por la presidenta Mireya Moscoso del Partido Arnulfista haciendo caso omiso al hecho de que en la Constitución y en el Código Judicial hay medidas para remover a funcionarios con graves deficiencias. Las causales sobran. Como aseveró "El Pulso de Panamá" el 13 de los corrientes, "De que la Administración de Justicia bajo el actual gobierno está al revés, está al revés. Ya hemos comentado otras veces cómo en este país, quien tenga el valor cívico de denunciar algún posible delito o irregularidad, queda botado, investigado por el Ministerio Público, enjuiciado, preso o - en el mejor de los casos - tenido por loco". Por este grave desacierto deben pagar tanto el PRD como el arnulfismo.
A la hora de votar, los ciudadanos que impotentes vieron el papel que jugaba el ahijado de estos dos partidos en la administración de la justicia durante los últimos diez años, deben castigar al PRD y al arnulfismo igual que los españoles castigaron al gobierno de José María Aznar por hacer de la justicia un juego político.
