Control poltico sobre la Corte Suprema

Las instituciones se diseñan, en el mejor de los casos, conforme a ciertos objetivos y criterios que son conocidos y están establecidos en normas escritas. En el peor de los casos, la composición de los órganos de poder responde a agendas ocultas.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia se produce una mezcla de ambas razones, pues la Constitución exige que la Corte sea un órgano que actúe con independencia de la Presidencia de la República, pero la práctica tradicional enseña que el Ejecutivo designa para ese tan importante cargo a juristas que son afines, no a los lineamientos ideológicos del partido gobernante -lo que sería todo un gesto estratégico-, sino más bien a personas estrechamente relacionadas con el grupo de gobierno y su operación diaria, lo que no pasa de mera táctica de control sobre las instituciones de control.
En el caso de Panamá, no hay que perder de vista que el presidente Torrijos no designó a la mayoría de los magistrados que integran el Pleno de la Corte y que, por lo tanto, no cabe decir que las decisiones de esa corporación responden a los intereses que pueda tener el Ejecutivo en determinados asuntos. Pero eso no es necesariamente una ganancia para la democracia, pues es conocido que son los ex presidentes Pérez Balladares y Moscoso los que en realidad podrían influir -como, presumiblemente, han hecho en ciertas ocasiones- para que la mayoría del Pleno de la Corte adopte una decisión conveniente por más que sus razonamientos jurídicos sean muy precarios.
Dicho en menos palabras, la Corte Suprema de Justicia podría producir decisiones de trascendencia política adversas al Ejecutivo, porque son sus adversarios políticos los que mejor pueden influir sobre la mayoría de sus integrantes.
En unas pocas semanas, los togados se abocarán a la elección del magistrado que presidirá el máximo tribunal de justicia por los siguientes dos años; es decir, elegirán a quién le corresponderá representar a la justicia durante las elecciones del 2009. ¿Será éste un escrutinio en que los bandos se disputarán el control? ¿O habrá la madurez suficiente para entregar esta delicada responsabilidad a una figura de consenso?