Controles sanitarios
Durante casi todos los gobiernos se abusó de los controles fito y zoo sanitarios para autorizar la entrada al país de artículos de consumo humano. Siempre se prestaron para el cobro de coimas. Pagando, entraba lo que no debía o se paraba lo que debía. Pero también se usaban mal para impedir importaciones que llenaban todos los requisitos, a veces por proteccionismo, y en otras para cobros indebidos.
En todo caso, siempre fue un disparate dejar la decisión, de si se cumplía o no con determinados requisitos, a la propia entidad que debía decidir políticas comerciales. Así, si un ministro de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, era aperturista, lo más probable era que relajara a niveles irresponsables los controles. A esta actitud se atribuye la traída de la mancha blanca del camarón y del ácaro arrocero. Se relajaron los controles para favorecer a alguien. Se incurría en un obvio conflicto de intereses. A la inversa, se restringía la importación de productos perecederos, que aguardaban en aduanas el visto bueno de entrada, por un mero afán proteccionista que dependía del ministro de turno. La solución dependía de a quién se nombraba o se despedía del cargo, y no de una salida institucional ajena a las personas.
El país ya está maduro para adoptar una decisión sabia. A falta de fórmulas mejores, hay que centralizar la decisión en una sola entidad apolítica, profesional y objetiva, que se guíe por rigurosos parámetros técnicos y científicos, que no decida políticas de mercado. Así, la Universidad de Panamá, a través del Instituto Especializado de Análisis, se encarga de aprobar para el Ministerio de Salud todos los medicamentos y alimentos, de modo que traigan lo anuncian.
Obviar los análisis internos y delegarlos en los organismos encargados en el país de origen de los productos, puede ser práctico; pero tampoco es aconsejable, porque se incurre en el mismo problema del potencial conflicto de intereses. Canadá, por ejemplo, procurará certificar que sus árboles vienen libres de bichos; Estados Unidos, que su arroz no trae hongos o que su carne no tiene vacas locas; y Argentina, que su carne está libre de aftosa. Lo conveniente sería asignar esa delicada tarea en organismos internacionales neutrales, tales como las certificadoras de riesgo en su rama y las que dan fe para la Unión Europea del cumplimiento de estándares ecológicos para los productos que importan. Y mientras ese mecanismo neutral se crea, lo práctico en caso de comercio entre dos países, es dejar que un tercero haga la tarea y que ambos acepten su juicio; o adoptar mecanismos eficientes y neutrales.
En todo caso, siempre fue un disparate dejar la decisión, de si se cumplía o no con determinados requisitos, a la propia entidad que debía decidir políticas comerciales. Así, si un ministro de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, era aperturista, lo más probable era que relajara a niveles irresponsables los controles. A esta actitud se atribuye la traída de la mancha blanca del camarón y del ácaro arrocero. Se relajaron los controles para favorecer a alguien. Se incurría en un obvio conflicto de intereses. A la inversa, se restringía la importación de productos perecederos, que aguardaban en aduanas el visto bueno de entrada, por un mero afán proteccionista que dependía del ministro de turno. La solución dependía de a quién se nombraba o se despedía del cargo, y no de una salida institucional ajena a las personas.
El país ya está maduro para adoptar una decisión sabia. A falta de fórmulas mejores, hay que centralizar la decisión en una sola entidad apolítica, profesional y objetiva, que se guíe por rigurosos parámetros técnicos y científicos, que no decida políticas de mercado. Así, la Universidad de Panamá, a través del Instituto Especializado de Análisis, se encarga de aprobar para el Ministerio de Salud todos los medicamentos y alimentos, de modo que traigan lo anuncian.
Obviar los análisis internos y delegarlos en los organismos encargados en el país de origen de los productos, puede ser práctico; pero tampoco es aconsejable, porque se incurre en el mismo problema del potencial conflicto de intereses. Canadá, por ejemplo, procurará certificar que sus árboles vienen libres de bichos; Estados Unidos, que su arroz no trae hongos o que su carne no tiene vacas locas; y Argentina, que su carne está libre de aftosa. Lo conveniente sería asignar esa delicada tarea en organismos internacionales neutrales, tales como las certificadoras de riesgo en su rama y las que dan fe para la Unión Europea del cumplimiento de estándares ecológicos para los productos que importan. Y mientras ese mecanismo neutral se crea, lo práctico en caso de comercio entre dos países, es dejar que un tercero haga la tarea y que ambos acepten su juicio; o adoptar mecanismos eficientes y neutrales.
