Cooperación, si no se meten conmigo
La actual mandataria Mireya Moscoso se comprometió con el presidente electo Martín Torrijos a contribuir para que en el tiempo que media de aquí al 1 de septiembre se produzca una transición ordenada, democrática y moderna. Eso es lo que demandan los momentos de expectativa y esperanza por los que atraviesa la nación. Lograrlo será uno de los mejores testimonios que los panameños pueden mostrar al mundo, pues contribuirá, más que ninguna otra iniciativa, a dar la imagen de un país serio ante la comunidad política y financiera internacional.
Mientras tanto, Torrijos ha completado su equipo de transición. Colocó al frente de la comisión a Jaime Arias Calderón, quien conjuga como virtud la experiencia en la administración pública y en el sector privado. Esa decisión diluyó el efecto de las críticas iniciales a la comisión de transición. En un principio los sectores conservadores, que tratan permanentemente de escarbar en un pasado, buscaron ensombrecer el aplastante triunfo en las urnas del ahora presidente electo. Pero no lo lograron. No evaluaron que la sociedad panameña está reconciliada consigo misma y mira con determinación hacia un futuro de progreso y esperanza. Por eso la urgencia por estructurar el nuevo gobierno y trabajar en la programación de los planes para demostrar en la práctica que Torrijos se ha preparado concienzudamente para sus tareas ejecutivas. Los retos son enormes y las profundas reformas estructurales que tendrán que ponerse en marcha demandarán del mejor talento nacional.
En la primera fila estará una generación de jóvenes entrenados en los métodos y las tecnologías del nuevo siglo. También se requerirá una dosis de experiencia y pragmatismo en el manejo de los asuntos del Estado. La búsqueda de las figuras que demandan los desafíos del momento actual, como lo ha reafirmado Torrijos, será amplia y exhaustiva. Hay que advertir que en la selección del nuevo equipo de gobierno no debería primar sólo la novedad, puesto que las novatas podrían traducirse en aventuras administrativas que acarrearían altos costos políticos, económicos y sociales al país.
Al actual gobierno lo que le corresponde, entre otras cosas, es informar sobre los proyectos y programas que está ejecutando, sus posibilidades de culminación, los resultados obtenidos, los costos y recursos financieros existentes. Eso va aparejado con un amplio informe del estado de las finanzas públicas y las perspectivas para el cierre del actual ejercicio fiscal. Sin embargo, el largo camino de la transición no está ajeno de escollos. Sin dudar de las buenas intenciones y de las palabras comprometidas por la presidenta Moscoso, pareciera que la cooperación plena hacia el nuevo equipo de gobierno estaría condicionada al borrón y cuenta nueva.
Las denuncias de Moscoso hacia una supuesta persecución contra candidatos a legisladores que son investigados por fraudes por parte del fiscal electoral, Gerardo Solís, apuntan en esa dirección. Acusó al PRD de poner en práctica manifestaciones cuestionables en la transición hacia la asunción del poder el 1 de septiembre. Críticas sin sustentos, pero que ponen de manifiesto un discurso al que se suman acciones como el fallo de la Corte Suprema de Justicia al admitir el amparo a favor de la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí. La decisión cortó la posibilidad de que Solís continuara con sus investigaciones sobre el presunto empleo de las partidas discrecionales en proselitismo político. Quedó así una nueva sombra de duda sobre un tema que parece cerrarse como un registro más en la lista negra de la presidenta.
El mensaje está claro. Si quieren que coopere con la transición, no se metan conmigo. El problema es que es difícil no señalar a la presidenta por hechos que arrojan sospechas razonables de actos que riñen con la legalidad. Le queda a la mandataria un tiempo perentorio para limpiar la casa y entregarla lo mejor remozada posible.
Para que la Patria Nueva no quede como un eslogan de la campaña política, debe transformarse en una verdadera meta programática del nuevo gobierno. Eso pasa por el combate vertical contra la corrupción.
El presidente electo debe actuar con determinación para recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno y acabar con la impunidad, la justicia selectiva y politizada.
La transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción y en una transición ordenada, moderna y democrática nadie puede pretender estar por encima de la ley.
Mientras tanto, Torrijos ha completado su equipo de transición. Colocó al frente de la comisión a Jaime Arias Calderón, quien conjuga como virtud la experiencia en la administración pública y en el sector privado. Esa decisión diluyó el efecto de las críticas iniciales a la comisión de transición. En un principio los sectores conservadores, que tratan permanentemente de escarbar en un pasado, buscaron ensombrecer el aplastante triunfo en las urnas del ahora presidente electo. Pero no lo lograron. No evaluaron que la sociedad panameña está reconciliada consigo misma y mira con determinación hacia un futuro de progreso y esperanza. Por eso la urgencia por estructurar el nuevo gobierno y trabajar en la programación de los planes para demostrar en la práctica que Torrijos se ha preparado concienzudamente para sus tareas ejecutivas. Los retos son enormes y las profundas reformas estructurales que tendrán que ponerse en marcha demandarán del mejor talento nacional.
En la primera fila estará una generación de jóvenes entrenados en los métodos y las tecnologías del nuevo siglo. También se requerirá una dosis de experiencia y pragmatismo en el manejo de los asuntos del Estado. La búsqueda de las figuras que demandan los desafíos del momento actual, como lo ha reafirmado Torrijos, será amplia y exhaustiva. Hay que advertir que en la selección del nuevo equipo de gobierno no debería primar sólo la novedad, puesto que las novatas podrían traducirse en aventuras administrativas que acarrearían altos costos políticos, económicos y sociales al país.
Al actual gobierno lo que le corresponde, entre otras cosas, es informar sobre los proyectos y programas que está ejecutando, sus posibilidades de culminación, los resultados obtenidos, los costos y recursos financieros existentes. Eso va aparejado con un amplio informe del estado de las finanzas públicas y las perspectivas para el cierre del actual ejercicio fiscal. Sin embargo, el largo camino de la transición no está ajeno de escollos. Sin dudar de las buenas intenciones y de las palabras comprometidas por la presidenta Moscoso, pareciera que la cooperación plena hacia el nuevo equipo de gobierno estaría condicionada al borrón y cuenta nueva.
Las denuncias de Moscoso hacia una supuesta persecución contra candidatos a legisladores que son investigados por fraudes por parte del fiscal electoral, Gerardo Solís, apuntan en esa dirección. Acusó al PRD de poner en práctica manifestaciones cuestionables en la transición hacia la asunción del poder el 1 de septiembre. Críticas sin sustentos, pero que ponen de manifiesto un discurso al que se suman acciones como el fallo de la Corte Suprema de Justicia al admitir el amparo a favor de la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí. La decisión cortó la posibilidad de que Solís continuara con sus investigaciones sobre el presunto empleo de las partidas discrecionales en proselitismo político. Quedó así una nueva sombra de duda sobre un tema que parece cerrarse como un registro más en la lista negra de la presidenta.
El mensaje está claro. Si quieren que coopere con la transición, no se metan conmigo. El problema es que es difícil no señalar a la presidenta por hechos que arrojan sospechas razonables de actos que riñen con la legalidad. Le queda a la mandataria un tiempo perentorio para limpiar la casa y entregarla lo mejor remozada posible.
Para que la Patria Nueva no quede como un eslogan de la campaña política, debe transformarse en una verdadera meta programática del nuevo gobierno. Eso pasa por el combate vertical contra la corrupción.
El presidente electo debe actuar con determinación para recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno y acabar con la impunidad, la justicia selectiva y politizada.
La transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción y en una transición ordenada, moderna y democrática nadie puede pretender estar por encima de la ley.
