Cordón sanitario contra la corrupción
Las asambleas anuales de la OEA son eventos con poca trascendencia práctica en la vida de las naciones. Su credibilidad se ha visto mermada con el paso de los años por la falta de voluntad política de los Estados miembros para impulsar proyectos de cooperación continental y hallar soluciones radicales a los problemas por los que atraviesa la región. Los retos son disminuir la pobreza, garantizar la paz y la seguridad ciudadana, fortalecer la democracia y la estabilidad en todo el continente.
La última edición del encuentro anual de los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, celebrada recientemente en Quito, tuvo como saldo algunos avances en el consenso hemisférico. Se produjo el relevo en el organismo con la designación, por primera vez desde su fundación hace más de medio siglo, de un representante de América Central. El costarricense Miguel Rodríguez reemplazará a partir de septiembre al colombiano César Gaviria quien, en 10 años al frente de la OEA, hizo poco por atraer la atención de Estados Unidos (EU) sobre América Latina.
Hay que reconocer que los cancilleres se comprometieron a iniciar una movilización continental para combatir la corrupción. La tipificaron como una epidemia que debe cercarse, mediante una especie de cordón sanitario, para evitar su contagio. Considerada como un nuevo síndrome capaz de infectar a los países, al sector público y privado y la sociedad en general, la OEA analizó los mecanismos para declararla en cuarentena. Sobre el punto no hubo ambivalencias diplomáticas. Lo que se busca es convertir a las Américas en un territorio hostil para los corruptos del sector público o privado.
Al suscribir la llamada Declaración de Quito, los cancilleres comprometieron a sus gobiernos a combatir la corrupción en todas sus formas, porque pone en riesgo la democracia y representa un obstáculo para el desarrollo social. Acordaron negar refugio a los funcionarios corruptos, en el sector público y privado, y a facilitar su extradición para que sean juzgados en sus países de origen. También respaldaron la creación de mecanismos regionales de asistencia judicial en lo penal, para cooperar en la recuperación y restitución de los fondos apropiados ilícitamente.
Pese a que la mayoría de los 34 países miembros de la OEA ratificaron la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1995 en Caracas, es la primera vez que se establece el compromiso por perfeccionar sus mecanismos de seguimiento y fortalecer la coordinación entre las naciones.
La corrupción está presente, en el caso de Panamá, no por carencia de leyes, ni por falta de respaldo a convenios internacionales. Se debe a la complicidad entre el sector público y privado y a la sociedad que, en muchos casos, evade su responsabilidad para denunciarla y mira hacia otro lado. Hay que poner fin a esa especie de medioambiente que establece un marco de gobernabilidad permisivo o que incentiva la corrupción, en el que existen restricciones y obstáculos que impiden la rendición de cuentas. La percepción de una justicia selectiva, politizada, abona el terreno de la impunidad.
La quiebra fraudulenta de empresas y bancos privados, y los escándalos por el tráfico de influencia en los Órganos del Estado, tienen un efecto directo en las inversiones, el desarrollo nacional y en la convivencia social.
La transparencia es la mejor vacuna contra el síndrome de la corrupción. Las cuentas claras mejoran la calidad de la democracia y representan una nueva modalidad de relación entre el Estado y la sociedad. Su eje debe ser la rendición de cuentas. La multiplicación de ojos y oídos sobre la actividad estatal y privada, dificulta la comisión de actos de corrupción. Eso renueva los lazos de confianza entre la población y sus instituciones, públicas y privadas, porque reduce las maniobras fraudulentas.
La ciudadanía espera que el gobierno que asumirá el 1 de septiembre inicie un nuevo capítulo en las relaciones entre el Estado y la sociedad. El ejemplo deberá convertirse en el mejor testimonio de una conducta en la que los funcionarios actúen a la luz pública, para que nadie encubra a nadie. En la renovación democrática a la que aspira la mayoría de los panameños, con instituciones al servicio de la sociedad y del desarrollo, debe reformularse el concepto de división de poderes por el de balance y control de esos poderes.
La última edición del encuentro anual de los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, celebrada recientemente en Quito, tuvo como saldo algunos avances en el consenso hemisférico. Se produjo el relevo en el organismo con la designación, por primera vez desde su fundación hace más de medio siglo, de un representante de América Central. El costarricense Miguel Rodríguez reemplazará a partir de septiembre al colombiano César Gaviria quien, en 10 años al frente de la OEA, hizo poco por atraer la atención de Estados Unidos (EU) sobre América Latina.
Hay que reconocer que los cancilleres se comprometieron a iniciar una movilización continental para combatir la corrupción. La tipificaron como una epidemia que debe cercarse, mediante una especie de cordón sanitario, para evitar su contagio. Considerada como un nuevo síndrome capaz de infectar a los países, al sector público y privado y la sociedad en general, la OEA analizó los mecanismos para declararla en cuarentena. Sobre el punto no hubo ambivalencias diplomáticas. Lo que se busca es convertir a las Américas en un territorio hostil para los corruptos del sector público o privado.
Al suscribir la llamada Declaración de Quito, los cancilleres comprometieron a sus gobiernos a combatir la corrupción en todas sus formas, porque pone en riesgo la democracia y representa un obstáculo para el desarrollo social. Acordaron negar refugio a los funcionarios corruptos, en el sector público y privado, y a facilitar su extradición para que sean juzgados en sus países de origen. También respaldaron la creación de mecanismos regionales de asistencia judicial en lo penal, para cooperar en la recuperación y restitución de los fondos apropiados ilícitamente.
Pese a que la mayoría de los 34 países miembros de la OEA ratificaron la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1995 en Caracas, es la primera vez que se establece el compromiso por perfeccionar sus mecanismos de seguimiento y fortalecer la coordinación entre las naciones.
La corrupción está presente, en el caso de Panamá, no por carencia de leyes, ni por falta de respaldo a convenios internacionales. Se debe a la complicidad entre el sector público y privado y a la sociedad que, en muchos casos, evade su responsabilidad para denunciarla y mira hacia otro lado. Hay que poner fin a esa especie de medioambiente que establece un marco de gobernabilidad permisivo o que incentiva la corrupción, en el que existen restricciones y obstáculos que impiden la rendición de cuentas. La percepción de una justicia selectiva, politizada, abona el terreno de la impunidad.
La quiebra fraudulenta de empresas y bancos privados, y los escándalos por el tráfico de influencia en los Órganos del Estado, tienen un efecto directo en las inversiones, el desarrollo nacional y en la convivencia social.
La transparencia es la mejor vacuna contra el síndrome de la corrupción. Las cuentas claras mejoran la calidad de la democracia y representan una nueva modalidad de relación entre el Estado y la sociedad. Su eje debe ser la rendición de cuentas. La multiplicación de ojos y oídos sobre la actividad estatal y privada, dificulta la comisión de actos de corrupción. Eso renueva los lazos de confianza entre la población y sus instituciones, públicas y privadas, porque reduce las maniobras fraudulentas.
La ciudadanía espera que el gobierno que asumirá el 1 de septiembre inicie un nuevo capítulo en las relaciones entre el Estado y la sociedad. El ejemplo deberá convertirse en el mejor testimonio de una conducta en la que los funcionarios actúen a la luz pública, para que nadie encubra a nadie. En la renovación democrática a la que aspira la mayoría de los panameños, con instituciones al servicio de la sociedad y del desarrollo, debe reformularse el concepto de división de poderes por el de balance y control de esos poderes.
