Corrupción
El tema de la corrupción causa todo tipo de reacciones. Los gobernantes niegan categóricamente que exista dentro del Gobierno, mientras que la oposición se esmera en demostrar abusos que supuestamente se cometen en perjuicio del Estado y los intereses nacionales. La ciudadanía, consistentemente, a través de encuestas, ha reiterado su convicción de que prevalecen niveles inaceptables de corrupción.
La opinión pública reflejada en las encuestas se fundamenta en la experiencia de la ciudadanía en casos tales como su encuentro con agentes de tránsito, el papeleo en cualquier trámite administrativo y al solicitar un permiso o servicio público, entre otros.
Al ciudadano común tampoco se le escapa que la súbita mejora financiera de algunos de sus vecinos que trabajan para el gobierno tiene en la corrupción su explicación. Tampoco le pasa desapercibido el hecho que los gobernantes que triunfan en una elección y asumen el poder no inician investigaciones serias por los abusos realizados por los funcionarios que le antecedieron, ni siquiera cuando median denuncias previas durante la vigencia anterior. Pareciera que mantuvieran un "pacto de caballeros" de no agresión, a cambio de obvia reciprocidad.
Los políticos debieran entender que la indiferencia ante el fenómeno provoca repulsa y que por el contrario, la determinación firme en combatirla, genera simpatías y apoyo. Así parece haberlo reconocido el actual Presidente cuando durante su discurso en la instalación de la Asamblea Legislativa el 1ro. de marzo indicó que promovería la aprobación de una ley que prohiba a los funcionarios públicos recibir regalos. Aunque sana, dicha medida resultaría insuficiente para atacar un problema que va mucho más allá del daño que causa al engranaje estatal la agenda, botella de licor o canasta de frutas que muchos acostumbran darle a ciertos funcionarios públicos. ¿Qué hay de los peces gordos y sus negociados a los más altos niveles a puertas cerradas?
Deben también aprovechar para establecer reglas claras. En primer lugar, se podría ampliar la definición de los actos, comportamiento y transacciones que no deben ser permitidos. Hay que reforzar los requisitos de declaración de bienes de ciertos funcionarios de mediana y alta jerarquía, tal y como lo ha venido promoviendo en forma consistente un suplente de legislador. Mucho se lograría si se adoptaran sanciones para los que no cumplen con este tipo de exigencia. Eestas declaraciones hasta deberían ser auditadas anualmente por un ente independiente como la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.
Ese mismo ente fiscalizador también podría ser fortalecido con mayor independencia y facultades de investigación. Este Gobierno que ha demostrado determinación para decidir sobre temas sensibles y que ahora se propone sumar otro con la legislación que prohibirá los regalos a funcionarios públicos, durante sus más de tres años ha sido no obstante endeble en el combate de la corrupción. Aprovechen la oportunidad y el entusiasmo de los señores legisladores, quienes aplaudieron la propuesta presidencial, para dotar al país de normas legales que prevengan los perjuicios de la corrupción.
La opinión pública reflejada en las encuestas se fundamenta en la experiencia de la ciudadanía en casos tales como su encuentro con agentes de tránsito, el papeleo en cualquier trámite administrativo y al solicitar un permiso o servicio público, entre otros.
Al ciudadano común tampoco se le escapa que la súbita mejora financiera de algunos de sus vecinos que trabajan para el gobierno tiene en la corrupción su explicación. Tampoco le pasa desapercibido el hecho que los gobernantes que triunfan en una elección y asumen el poder no inician investigaciones serias por los abusos realizados por los funcionarios que le antecedieron, ni siquiera cuando median denuncias previas durante la vigencia anterior. Pareciera que mantuvieran un "pacto de caballeros" de no agresión, a cambio de obvia reciprocidad.
Los políticos debieran entender que la indiferencia ante el fenómeno provoca repulsa y que por el contrario, la determinación firme en combatirla, genera simpatías y apoyo. Así parece haberlo reconocido el actual Presidente cuando durante su discurso en la instalación de la Asamblea Legislativa el 1ro. de marzo indicó que promovería la aprobación de una ley que prohiba a los funcionarios públicos recibir regalos. Aunque sana, dicha medida resultaría insuficiente para atacar un problema que va mucho más allá del daño que causa al engranaje estatal la agenda, botella de licor o canasta de frutas que muchos acostumbran darle a ciertos funcionarios públicos. ¿Qué hay de los peces gordos y sus negociados a los más altos niveles a puertas cerradas?
Deben también aprovechar para establecer reglas claras. En primer lugar, se podría ampliar la definición de los actos, comportamiento y transacciones que no deben ser permitidos. Hay que reforzar los requisitos de declaración de bienes de ciertos funcionarios de mediana y alta jerarquía, tal y como lo ha venido promoviendo en forma consistente un suplente de legislador. Mucho se lograría si se adoptaran sanciones para los que no cumplen con este tipo de exigencia. Eestas declaraciones hasta deberían ser auditadas anualmente por un ente independiente como la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.
Ese mismo ente fiscalizador también podría ser fortalecido con mayor independencia y facultades de investigación. Este Gobierno que ha demostrado determinación para decidir sobre temas sensibles y que ahora se propone sumar otro con la legislación que prohibirá los regalos a funcionarios públicos, durante sus más de tres años ha sido no obstante endeble en el combate de la corrupción. Aprovechen la oportunidad y el entusiasmo de los señores legisladores, quienes aplaudieron la propuesta presidencial, para dotar al país de normas legales que prevengan los perjuicios de la corrupción.
