Corrupción en China
Será éste el principio de una verdadera cooperación entre China y los países occidentales en casos de delincuencia financiera? Yu Zhendong, ex director de la sucursal del Banco de China en Kaiping, fue entregado a las autoridades chinas el mes pasado por la policía federal de Estados Unidos (EU). Exiliado en ese país, era buscado por Pekín por haber participado en un desvío de $485 millones.
Hasta ahora, los contactos entre los dos países habían sido contrariados por las características del sistema judicial y penal chino, en especial por la práctica de la tortura y la pena de muerte. Pero en el caso de Yu Zhendong, las autoridades de EU aceptaron entregarlo a Pekín, después de haber recibido la seguridad de que no sería condenado a muerte ni a una pena de prisión de más de 12 años.
Este precedente es importante, pues se ha acelerado el fenómeno de la fuga al extranjero de funcionarios chinos corruptos. Según el periódico de Hong Kong Wen Wei Po, 8,371 funcionarios del Partido Comunista salieron del país el primer semestre de 2003. Es decir, cuatro veces más de lo que indican las cifras oficiales (que son de 4,000 al año).
Precisa que otros 6,528 funcionarios desaparecieron en el mismo período, ocultándose seguramente en la misma China, mientras que 1,252 se suicidaron después de haberse enterado que había investigaciones judiciales en su contra. La provincia de Guangdong está a la cabeza de esta clasificación tan particular de funcionarios volatilizados (1,240 fugas, 790 desapariciones y 74 suicidios). Le siguen Henan, provincia pobre del centro (854 fugas, 512 desapariciones y 145 suicidios) y Fujian, situada frente a Taiwan y cuna de las redes de emigración ilegal (586 fugas, 512 desapariciones).
Según los analistas de la corrupción en China, el año 2000 fue muy significativo. Fueron ejecutados Hu Chanqqing, ex vicegobernador de la provincia de Jiangxi, y Cheng Kejie, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular. Eran los funcionarios de mayor rango condenados a muerte por corrupción desde la fundación de la República Popular en 1949.
Wang Mingliang, profesor de la universidad de Hunan citado en la revista Xinwen Zhoukan, del 20 de marzo, dijo que esos funcionarios corruptos se protegen "enviando al extranjero primero a su mujer y sus hijos". "Después transfieren poco a poco las riquezas ilegales", en general mediante falsas declaraciones aduanales y comerciales. Por último, "renuncian" después de haberse procurado un pasaporte falso o permiso de residencia en el extranjero.
De 120 casos de funcionarios corruptos de la municipalidad de Pekín fugados al extranjero en 2001, el 70% corresponde a directores, subdirectores y contadores de empresas públicas.
Las sumas transferidas ilegalmente al extranjero son considerables. Según fuentes de la fiscalía popular suprema, citada en la revista Xinwen Zhoukan, 264 fugitivos defraudaron un total de $600 millones; es decir, 2.27 millones en promedio por persona.
La corrupción de los funcionarios en China se ha vuelto una verdadera gangrena. La dirección suprema del Partido Comunista está perfectamente consciente del peligro que este mal hace gravitar sobre sus posibilidades de permanencia en el poder, pero hasta ahora han resultado ineficaces en gran medida sus métodos de combatirlo: la primacía de la investigación disciplinaria selectiva sobre el procedimiento judicial independiente. Según la Oficina Nacional de Auditoría, 36 mil funcionarios desviaron $8,100 millones en 2003. El economista Hu Angang calcula que, en la segunda mitad del decenio de 1990, la malversación económica y financiera representó entre el 13 y el 17% del PIB.
En los últimos años se ha endurecido la lucha, haciendo caer a alcaldes, gobernadores e incluso ministros. China requiere cada vez más de ayuda de los países extranjeros a donde van a refugiarse los funcionarios corruptos desenmascarados. Así, en 2003, Pekín logró la repatriación de 596 fugitivos. Pero la tarea es ardua, ya que China no ha firmado tratados de extradición más que con 19 países que, en su mayoría, son estados en desarrollo que no atraen a los funcionarios fugitivos. Estos eligen a EU, Canadá y Australia, países con los que Pekín no tiene firmado nada. A falta de acuerdos bilaterales, China se integra más bien en los acuerdos multilaterales. Así, a mediados del año pasado ratificó la convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada.
Hasta ahora, los contactos entre los dos países habían sido contrariados por las características del sistema judicial y penal chino, en especial por la práctica de la tortura y la pena de muerte. Pero en el caso de Yu Zhendong, las autoridades de EU aceptaron entregarlo a Pekín, después de haber recibido la seguridad de que no sería condenado a muerte ni a una pena de prisión de más de 12 años.
Este precedente es importante, pues se ha acelerado el fenómeno de la fuga al extranjero de funcionarios chinos corruptos. Según el periódico de Hong Kong Wen Wei Po, 8,371 funcionarios del Partido Comunista salieron del país el primer semestre de 2003. Es decir, cuatro veces más de lo que indican las cifras oficiales (que son de 4,000 al año).
Precisa que otros 6,528 funcionarios desaparecieron en el mismo período, ocultándose seguramente en la misma China, mientras que 1,252 se suicidaron después de haberse enterado que había investigaciones judiciales en su contra. La provincia de Guangdong está a la cabeza de esta clasificación tan particular de funcionarios volatilizados (1,240 fugas, 790 desapariciones y 74 suicidios). Le siguen Henan, provincia pobre del centro (854 fugas, 512 desapariciones y 145 suicidios) y Fujian, situada frente a Taiwan y cuna de las redes de emigración ilegal (586 fugas, 512 desapariciones).
Según los analistas de la corrupción en China, el año 2000 fue muy significativo. Fueron ejecutados Hu Chanqqing, ex vicegobernador de la provincia de Jiangxi, y Cheng Kejie, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular. Eran los funcionarios de mayor rango condenados a muerte por corrupción desde la fundación de la República Popular en 1949.
Wang Mingliang, profesor de la universidad de Hunan citado en la revista Xinwen Zhoukan, del 20 de marzo, dijo que esos funcionarios corruptos se protegen "enviando al extranjero primero a su mujer y sus hijos". "Después transfieren poco a poco las riquezas ilegales", en general mediante falsas declaraciones aduanales y comerciales. Por último, "renuncian" después de haberse procurado un pasaporte falso o permiso de residencia en el extranjero.
De 120 casos de funcionarios corruptos de la municipalidad de Pekín fugados al extranjero en 2001, el 70% corresponde a directores, subdirectores y contadores de empresas públicas.
Las sumas transferidas ilegalmente al extranjero son considerables. Según fuentes de la fiscalía popular suprema, citada en la revista Xinwen Zhoukan, 264 fugitivos defraudaron un total de $600 millones; es decir, 2.27 millones en promedio por persona.
La corrupción de los funcionarios en China se ha vuelto una verdadera gangrena. La dirección suprema del Partido Comunista está perfectamente consciente del peligro que este mal hace gravitar sobre sus posibilidades de permanencia en el poder, pero hasta ahora han resultado ineficaces en gran medida sus métodos de combatirlo: la primacía de la investigación disciplinaria selectiva sobre el procedimiento judicial independiente. Según la Oficina Nacional de Auditoría, 36 mil funcionarios desviaron $8,100 millones en 2003. El economista Hu Angang calcula que, en la segunda mitad del decenio de 1990, la malversación económica y financiera representó entre el 13 y el 17% del PIB.
En los últimos años se ha endurecido la lucha, haciendo caer a alcaldes, gobernadores e incluso ministros. China requiere cada vez más de ayuda de los países extranjeros a donde van a refugiarse los funcionarios corruptos desenmascarados. Así, en 2003, Pekín logró la repatriación de 596 fugitivos. Pero la tarea es ardua, ya que China no ha firmado tratados de extradición más que con 19 países que, en su mayoría, son estados en desarrollo que no atraen a los funcionarios fugitivos. Estos eligen a EU, Canadá y Australia, países con los que Pekín no tiene firmado nada. A falta de acuerdos bilaterales, China se integra más bien en los acuerdos multilaterales. Así, a mediados del año pasado ratificó la convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada.
