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Corrupción en Venezuela


En mucho menor tiempo que el régimen de Pérez Jiménez, y por supuesto más temprano que la degradación longeva de Juan Vicente Gómez, los oficiales que ayudaron a Hugo Chávez a intentar el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez y los adláteres civiles del gobierno se han enzarzado en una campaña de denuncias mutuas que no necesita estímulo de la oposición. Después de oír las agobiantes diatribas contra la corrupción del coronel de paracaídas, el pueblo venezolano no sale de su asombro, y no atina a explicar cómo los denunciantes son ahora los denunciados.
El presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena es acusado por el exjefe del servicio de inteligencia militar, de haber impreso sin licitación en una imprenta de su propiedad, un millón de ejemplares de la nueva carta política. Este ha reaccionado, señalándolo por haber ubicado a numerosos familiares incompetentes en puestos diplomáticos. Las revelaciones de negociados, fraudes, nepotismo, entre civiles y militares del entorno del presidente Chávez no sólo enfatizan la apertura de un cisma entre sus seguidores sino que, principalmente, expone ante una colectividad desilusionada la crisis moral de la dirigencia política a la que había entregado la esperanza de una transformación radical de los niveles éticos de la clase política.
En un discurso pronunciado en Caracas, a la muerte de Haya de la Torre, Rómulo Betancourt dijo, que él y el político peruano pertenecieron a una generación de dirigentes latinoamericanos sin cuentas bancarias hinchadas por los negociados. Quienes escucharon el discurso, lamentaron después que los discípulos de ambos políticos, C. A. Pérez y Alan García, no siguieran la estela de moralidad de sus maestros. Pero la vieja lacra es persistente y ubicua, no reconoce distinciones entre gente civil y gente de uniforme, porque, como dice el viejo refrán, el hábito no hace al monje, particularmente cuando el absolutismo aniquila la independencia de los poderes y así se repite el aforisma político de Lord Acton de que "el poder absoluto corrompe absolutamente".
Sin embargo, los gobiernos pasan y los pueblos permanecen. Los gobiernos autoritarios suelen pensar que alcanzarán la longevidad, pero a la postre resultan más fugaces que lo que abrigan sus ambiciones. A sus flagelos políticos seculares, Venezuela ha sumado hace poco la catástrofe desencadenada por lluvias torrenciales que han dejado en el desamparo a miles de familias humildes.
Ante esa trágica circunstancia, el poder gobernante debe comportarse a la altura, no actuar al revés de lo que predica, no buscar la aguja en el pajar ajeno, complementar sus palabras de redención social con hechos concretos, actuando con honestidad en la rehabilitación humana y económica de los sectores afectados. El manejo doloso de los recursos fiscales es vituperable en cualquier circunstancia. Pero no tiene atenuantes ni excusas cuando el delito perpetrado por las más altas autoridades se efectúa en horas trágicas de viviendas arrasadas, bienes destruidos, desempleo galopante y miles de desaparecidos.


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