Corrupción: un fantasma que se pasea por Panamá
Las encuestas que realizan diferentes empresas consultoras refuerzan cada vez más la opinión de que la impunidad y la corrupción estatal van tomadas de la mano. Con mucha frecuencia se escucha hablar de cobro de coimas en los procesos de apertura de negocios, licitaciones y contrataciones públicas.
En ese sentido, el secretario del Frente Nacional Contra La Corrupción, Enrique Montenegro, afirma que el contralor de la República, Alvin Weeden, no está ejerciendo el papel para el cual fue nombrado.
Montenegro aseguró que en los últimos años su organización ha hecho serias denuncias como la existencia de una considerable cantidad de delitos cometidos en la Caja de Seguro Social (CSS), el otorgamiento de visas a chinos, el tráfico de indocumentados y las compras ilegales que hacía el ex director de la Policía, José Luis Sosa, "para favorecer a determinada compañía".
En el caso de la Policía, asegura, que aunque es permitida la compra directa, como hacía Sosa, esta situación se presta mucho para el suministro de "coimas y la corrupción".
Precisó además que se denunció la negligencia del Gobierno en el caso de Banaico, "donde aparecían implicados amigos allegados del ex presidente Pérez Balladares y la adquisición de casas de Albrook".
Igualmente se hizo pública la condonación de deuda a la Refinería Panamá, el caso del antiguo Ferrocarril de Panamá, la privatización de los puertos y venta de las empresas eléctricas, en donde no se sabe quiénes son los socios panameños y si algunos funcionarios cobraron coimas o se les pagó en acciones.
Enfatizó que en el caso de la privatización del INTEL, el Frente denunció que Pérez Balladades vetó a la Telefónica S.A de España para que no entrara a la licitación.
Sin embargo, Montenegro dijo que en la mayoría de esas denuncias se está esperando respuestas y hasta la fecha no se conoce absolutamente nada.
Aseveró que ante el actual Gobierno se ha denunciado la compra de un carro blindado para la presidenta hecha por allegados de la mandataria, la autorización del Gabinete para compras directas del Fondo de Inversión Social (FIS), que este año tiene un presupuesto de 103 millones de balboas, sin estar sujeto al Código Fiscal ni a ninguna regulación.
"Todo esto se presta para que se negocie directamente y se reciban coimas por debajo de la mesa", recalcó.
La promesa del exministro de Economía, Víctor Juliao, de que iba a hacer una investigación de los contratos de PYCSA e ICA, aún no se ha cumplido y hasta la fecha no se ha investigado absolutamente nada, aseguró.
"Allí se hicieron contrataciones iniciales, luego se hizo una addenda que era donde estaba el veneno del asunto y donde se le daban facilidades a la empresa", manifestó.
En el caso de la Panamá Port, el Ferrocarril de Panamá y Edemet-Edechi, precisó que algunos funcionarios de la administración pasada cometieron "errores" en cuanto a los activos y adjudicaciones de las tierras.
Añadió que existía también una cláusula que señala que en caso de que no hubiera concordancia de que lo aprobado en el contrato fuera en realidad lo que se le estaba dando a esas empresas, el Gobierno se comprometía a darles esa compensación.
Manifestó que el Estado tuvo que pagar en el caso de la venta de los puertos a Hutchinson una indemnización de 60 millones de balboas por deficiencias en el contrato y en el del Ferrocarril de Panamá, 14 millones por situaciones similares.
Montenegro estimó que todos estos funcionarios que se prestaron para cometer estos "supuestos errores" deberían ser llamados a responder ante la justicia, porque el Estado ha tenido que pagar las compensaciones que se les han dado a esas transnacionales.
Recordó que la presidenta Mireya Moscoso prometió durante la campaña electoral que todo se iba a manejar con transparencia, sin embargo, se trata de "tapar todo", como en el caso del Hospital Santo Tomás, "en donde se ha hecho una supuesta licitación por 62 millones de dólares, donde aparece como ganador de la mayor parte La Constructora Nova, cuyo propietario es cuñado del gerente de la Caja de Ahorros (Carlos Raúl Piad) y allegado al Ministro de Salud José Terán.
Aseguró Montenegro que aunque en estos casos no está en capacidad de decir que tal funcionario se ganó tanto o se le pagó, "podemos decir que en la forma en que se ha manejado el proceso administrativo de licitación o de contratación directa da a pensar que han existido coimas, prebendas y regalos de acciones, en general actos de corrupción".
A pesar de las denuncias, hemos visto que la impunidad tal como la acepta el contralor (Alvin Weeden) nos está ganando la batalla, expresó.
BURLAS AL SISTEMA DE COMPRAS
De acuerdo con un informe preparado por el ex contralor, José Chen Barría, varias son las artimañas, trampas y artificios que utilizan algunos funcionarios para burlar el sistema de compras, entre ellos están:
Algunos funcionarios que participan en el acto de selección de compras, guardan relación directa o indirecta, con algunas empresas participantes. (Dueño, socio, colaborador o pariente).
Retraso en la entrega de documentación a algunos proveedores y se la niegan a algunas empresas.
Información previa a determinados proveedores indicándoles especificaciones o precios oficiales.
Para el mismo bien o servicio se emiten diversas especificaciones y en el acto público se presenta una de ellas, beneficiando a un proveedor específico. Esto es con el mecanismo de ADDENDAS, que no se publican o notifican,
lo cual produce confusión de los participantes y falta de credibilidad.
El precio oficial muchas veces no es manejado confidencialmente (fuga de información).
Las informaciones solapadas, corresponden a productos de empresas determinadas. (relación proveedor-funcionario).
Cotizaciones telefónicas sin control, (beneficio a proveedores conocidos o con contactos dentro de la institución), permitir cambios en los formularios de solicitud de precios, después de efectuado el acto de adjudicación para favorecer a determinado suplidor.
En la mayoría de estas artimañas se busca obtener algún tipo de beneficio personal, aprovechándose el funcionario del puesto público que ostenta.
COBRO DE COIMAS EN LA APERTURA DE NEGOCIOS
Según un empresario de la localidad, quien no quiso revelar su nombre, al momento de presentar solicitudes de importación al MIDA cumpliendo con las leyes nacionales fue imposible obtener la autorización, "pero conseguí un mecanismo en donde en la actualidad no necesito solicitar el permiso y mucho menos pagar el impuesto".
Otro comerciante que sólo quería una guía de cómo hacer para estar dentro de la ley tuvo que enfrentar a una serie de inspectores de trabajo quienes pedían sumas exageradas de dinero por el hecho de no haber presentado los contratos de los obreros al Ministerio de Trabajo.
"Los contratos fueron remitidos a la instancia correspondiente, no sin antes haber pasado por la experiencia de pagar 50 balboas por cada uno de los contratos que no se presentaron dentro del periodo de 30 días", precisó.
En este sentido la exdirectora del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Nivia Roxana Castrellón, precisó que las entidades que promueven que las empresas se establezcan de manera formal cumpliendo con los requisitos de ley tienen que tener un enfoque facilitador y de simplificación de trámites.
Aseveró que se deben simplificar los trámites de la forma más diáfana posible, dándole acceso a la información a todo aquel que piense en invertir en algún proyecto a fin de que tenga las informaciones necesarias y acceso a todos los requisitos y normativas, con el fin de que rápidamente y por cuenta propia pueda formalizar sus trámites.
"El cuello de botella en este caso además del aspecto tecnológico y la falta de infraestructuras está en la formación del servidor público, ya que muchas de las personas que están trabajando no tienen el perfil adecuado para llevar a cabo ese tipo de posición. Y no tienen capacidad de respuesta", recalcó.
Aseguró que el tema de la corrupción en el cobro de coimas no sólo se da en los niveles bajos, sino en todo el sistema. "En muchos casos la línea a seguir es buscarse padrinos y no hacer un buen trabajo. Tenemos que ser muy eficientes y dejar de lado sistemas administrativos anacrónicos", dijo.
Por su parte, Manuel José Paredes, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que para abrir un negocio en Panamá el emprendedor empresario tiene que visitar por lo menos seis a ocho instituciones, desde el Municipio, los ministerios de Comercio, Salud y Economía y Finanzas, así como la Autoridad Nacional del Ambiente, el Registro Público y las notarías entre otras.
"Lo más triste de todo es que no existe una continuidad en el proceso", destacó.
Existe una falta de voluntad de cooperación del funcionario en donde le es más fácil rechazar un documento que explicar lo que le hace falta. "Eso es un problema que en algunos casos puede prestarse para motivar a algunos empresarios a ofrecer remuneraciones o incentivos para que sus documentos se tramiten de la manera más expedita, lo cual va en contra de todos los principios", dijo.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
Para el presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Fernando Berguido, es en los procesos burocráticos del Gobierno en donde está el incentivo a la coima.
"Por ejemplo, en la CSS desde que nace la necesidad de obtener algo hasta el pago de un proveedor hay 38 pasos involucrados. Esa es una oportunidad para coimear", recalcó.
Manifestó que la fórmula para reducir la corrupción es disminuir la burocracia, haciendo que los procesos sean más cortos, eliminar pasos innecesarios y que la gestión pública sea más transparente, creando una ley de acceso a la información.
Transparencia Internacional elabora un proyecto de ley que se presentará a la presidenta de la República, en donde se pide Gobierno cumpla con la promesa de permitir ese acceso público a la información.
Manifestó que en el cobro de coimases uno de los grandes problemas que tiene América Latina y Panamá, indicó.
En ese sentido, el secretario del Frente Nacional Contra La Corrupción, Enrique Montenegro, afirma que el contralor de la República, Alvin Weeden, no está ejerciendo el papel para el cual fue nombrado.
Montenegro aseguró que en los últimos años su organización ha hecho serias denuncias como la existencia de una considerable cantidad de delitos cometidos en la Caja de Seguro Social (CSS), el otorgamiento de visas a chinos, el tráfico de indocumentados y las compras ilegales que hacía el ex director de la Policía, José Luis Sosa, "para favorecer a determinada compañía".
En el caso de la Policía, asegura, que aunque es permitida la compra directa, como hacía Sosa, esta situación se presta mucho para el suministro de "coimas y la corrupción".
Precisó además que se denunció la negligencia del Gobierno en el caso de Banaico, "donde aparecían implicados amigos allegados del ex presidente Pérez Balladares y la adquisición de casas de Albrook".
Igualmente se hizo pública la condonación de deuda a la Refinería Panamá, el caso del antiguo Ferrocarril de Panamá, la privatización de los puertos y venta de las empresas eléctricas, en donde no se sabe quiénes son los socios panameños y si algunos funcionarios cobraron coimas o se les pagó en acciones.
Enfatizó que en el caso de la privatización del INTEL, el Frente denunció que Pérez Balladades vetó a la Telefónica S.A de España para que no entrara a la licitación.
Sin embargo, Montenegro dijo que en la mayoría de esas denuncias se está esperando respuestas y hasta la fecha no se conoce absolutamente nada.
Aseveró que ante el actual Gobierno se ha denunciado la compra de un carro blindado para la presidenta hecha por allegados de la mandataria, la autorización del Gabinete para compras directas del Fondo de Inversión Social (FIS), que este año tiene un presupuesto de 103 millones de balboas, sin estar sujeto al Código Fiscal ni a ninguna regulación.
"Todo esto se presta para que se negocie directamente y se reciban coimas por debajo de la mesa", recalcó.
La promesa del exministro de Economía, Víctor Juliao, de que iba a hacer una investigación de los contratos de PYCSA e ICA, aún no se ha cumplido y hasta la fecha no se ha investigado absolutamente nada, aseguró.
"Allí se hicieron contrataciones iniciales, luego se hizo una addenda que era donde estaba el veneno del asunto y donde se le daban facilidades a la empresa", manifestó.
En el caso de la Panamá Port, el Ferrocarril de Panamá y Edemet-Edechi, precisó que algunos funcionarios de la administración pasada cometieron "errores" en cuanto a los activos y adjudicaciones de las tierras.
Añadió que existía también una cláusula que señala que en caso de que no hubiera concordancia de que lo aprobado en el contrato fuera en realidad lo que se le estaba dando a esas empresas, el Gobierno se comprometía a darles esa compensación.
Manifestó que el Estado tuvo que pagar en el caso de la venta de los puertos a Hutchinson una indemnización de 60 millones de balboas por deficiencias en el contrato y en el del Ferrocarril de Panamá, 14 millones por situaciones similares.
Montenegro estimó que todos estos funcionarios que se prestaron para cometer estos "supuestos errores" deberían ser llamados a responder ante la justicia, porque el Estado ha tenido que pagar las compensaciones que se les han dado a esas transnacionales.
Recordó que la presidenta Mireya Moscoso prometió durante la campaña electoral que todo se iba a manejar con transparencia, sin embargo, se trata de "tapar todo", como en el caso del Hospital Santo Tomás, "en donde se ha hecho una supuesta licitación por 62 millones de dólares, donde aparece como ganador de la mayor parte La Constructora Nova, cuyo propietario es cuñado del gerente de la Caja de Ahorros (Carlos Raúl Piad) y allegado al Ministro de Salud José Terán.
Aseguró Montenegro que aunque en estos casos no está en capacidad de decir que tal funcionario se ganó tanto o se le pagó, "podemos decir que en la forma en que se ha manejado el proceso administrativo de licitación o de contratación directa da a pensar que han existido coimas, prebendas y regalos de acciones, en general actos de corrupción".
A pesar de las denuncias, hemos visto que la impunidad tal como la acepta el contralor (Alvin Weeden) nos está ganando la batalla, expresó.
BURLAS AL SISTEMA DE COMPRAS
De acuerdo con un informe preparado por el ex contralor, José Chen Barría, varias son las artimañas, trampas y artificios que utilizan algunos funcionarios para burlar el sistema de compras, entre ellos están:
Algunos funcionarios que participan en el acto de selección de compras, guardan relación directa o indirecta, con algunas empresas participantes. (Dueño, socio, colaborador o pariente).
Retraso en la entrega de documentación a algunos proveedores y se la niegan a algunas empresas.
Información previa a determinados proveedores indicándoles especificaciones o precios oficiales.
Para el mismo bien o servicio se emiten diversas especificaciones y en el acto público se presenta una de ellas, beneficiando a un proveedor específico. Esto es con el mecanismo de ADDENDAS, que no se publican o notifican,
lo cual produce confusión de los participantes y falta de credibilidad.
El precio oficial muchas veces no es manejado confidencialmente (fuga de información).
Las informaciones solapadas, corresponden a productos de empresas determinadas. (relación proveedor-funcionario).
Cotizaciones telefónicas sin control, (beneficio a proveedores conocidos o con contactos dentro de la institución), permitir cambios en los formularios de solicitud de precios, después de efectuado el acto de adjudicación para favorecer a determinado suplidor.
En la mayoría de estas artimañas se busca obtener algún tipo de beneficio personal, aprovechándose el funcionario del puesto público que ostenta.
COBRO DE COIMAS EN LA APERTURA DE NEGOCIOS
Según un empresario de la localidad, quien no quiso revelar su nombre, al momento de presentar solicitudes de importación al MIDA cumpliendo con las leyes nacionales fue imposible obtener la autorización, "pero conseguí un mecanismo en donde en la actualidad no necesito solicitar el permiso y mucho menos pagar el impuesto".
Otro comerciante que sólo quería una guía de cómo hacer para estar dentro de la ley tuvo que enfrentar a una serie de inspectores de trabajo quienes pedían sumas exageradas de dinero por el hecho de no haber presentado los contratos de los obreros al Ministerio de Trabajo.
"Los contratos fueron remitidos a la instancia correspondiente, no sin antes haber pasado por la experiencia de pagar 50 balboas por cada uno de los contratos que no se presentaron dentro del periodo de 30 días", precisó.
En este sentido la exdirectora del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Nivia Roxana Castrellón, precisó que las entidades que promueven que las empresas se establezcan de manera formal cumpliendo con los requisitos de ley tienen que tener un enfoque facilitador y de simplificación de trámites.
Aseveró que se deben simplificar los trámites de la forma más diáfana posible, dándole acceso a la información a todo aquel que piense en invertir en algún proyecto a fin de que tenga las informaciones necesarias y acceso a todos los requisitos y normativas, con el fin de que rápidamente y por cuenta propia pueda formalizar sus trámites.
"El cuello de botella en este caso además del aspecto tecnológico y la falta de infraestructuras está en la formación del servidor público, ya que muchas de las personas que están trabajando no tienen el perfil adecuado para llevar a cabo ese tipo de posición. Y no tienen capacidad de respuesta", recalcó.
Aseguró que el tema de la corrupción en el cobro de coimas no sólo se da en los niveles bajos, sino en todo el sistema. "En muchos casos la línea a seguir es buscarse padrinos y no hacer un buen trabajo. Tenemos que ser muy eficientes y dejar de lado sistemas administrativos anacrónicos", dijo.
Por su parte, Manuel José Paredes, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que para abrir un negocio en Panamá el emprendedor empresario tiene que visitar por lo menos seis a ocho instituciones, desde el Municipio, los ministerios de Comercio, Salud y Economía y Finanzas, así como la Autoridad Nacional del Ambiente, el Registro Público y las notarías entre otras.
"Lo más triste de todo es que no existe una continuidad en el proceso", destacó.
Existe una falta de voluntad de cooperación del funcionario en donde le es más fácil rechazar un documento que explicar lo que le hace falta. "Eso es un problema que en algunos casos puede prestarse para motivar a algunos empresarios a ofrecer remuneraciones o incentivos para que sus documentos se tramiten de la manera más expedita, lo cual va en contra de todos los principios", dijo.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
Para el presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Fernando Berguido, es en los procesos burocráticos del Gobierno en donde está el incentivo a la coima.
"Por ejemplo, en la CSS desde que nace la necesidad de obtener algo hasta el pago de un proveedor hay 38 pasos involucrados. Esa es una oportunidad para coimear", recalcó.
Manifestó que la fórmula para reducir la corrupción es disminuir la burocracia, haciendo que los procesos sean más cortos, eliminar pasos innecesarios y que la gestión pública sea más transparente, creando una ley de acceso a la información.
Transparencia Internacional elabora un proyecto de ley que se presentará a la presidenta de la República, en donde se pide Gobierno cumpla con la promesa de permitir ese acceso público a la información.
Manifestó que en el cobro de coimases uno de los grandes problemas que tiene América Latina y Panamá, indicó.
