Corrupción y política

Pese a la nobleza de la política como arte al servicio del bien común, algunas personas recurren a ella para justificar acciones de dudosa legalidad. Así lo vienen haciendo, por ejemplo, integrantes del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), después que las autoridades escarbaran en hechos y situaciones que por muchos años han llenado de interrogantes a la sociedad. ¿Cómo muchos de ellos alcanzaron las descomunales fortunas de que hoy gozan? ¿Cuántas auditorias forenses resisten ricos recientes, vinculados a la anterior administración? A algunas de esas preguntas muchos de ellos han respondido diciendo que se trata de una “persecución política”. Curiosamente esa ha sido la misma respuesta que la Procuradora General, Ana Matilde Gómez, ha dado recientemente a cargos que en su contra la señalan como gestora de una acción inconstitucional al ordenar, sin estar autorizada, intervenciones telefónicas. Durante la reciente vista presupuestaria de la entidad a su cargo en la Asamblea Nacional, ella atribuyó esa acusación a acciones políticas mediante las cuales la quieren desplazar de su cargo. La intervención telefónica declarada ilegal por la Corte, y todo lo que conlleva ¿fue acaso una invención? Dijo además que la quieren obligar a perseguir, sin pruebas. Un delicado lanzamiento de sospechas inconclusas, pero ¿por qué dejarlo hasta ahí?, si como dice el destacado jurista Edgardo Molino Mola “mientras la procuradora esté desempeñando su cargo conforme las disposiciones constitucionales vigentes, ella no debería temer…”. Lo que no puede hacer la procuradora general es dejar la impresión de que al amparo de “me persiguen políticamente”, se puedan detener procesos en marcha.