Corrupto paternalismo agrícola centroamericano
San José, Costa Rica (AIPE)- El gobierno de Costa Rica firmó el 1 de julio un decreto incrementando el arancel para la importación de frijoles del 30 al 49 por ciento, el máximo negociado en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Antes, el arancel había subido del 10 al 20 y luego al 30 por ciento. El incremento de julio es producto de los compromisos que el gobierno adquirió con los productores después de que 50 organizaciones de agricultores amenazaron al ministro de Agricultura, Alberto Dent, con bloquear las principales vías nacionales si no se solucionaban los problemas del sector. Demandaron la condonación de sus deudas para que los bancos no liquidaran sus propiedades, regular las importaciones de productos agropecuarios, renegociar aranceles en productos sensibles, disminuir los costos de producción por medio de la eliminación del impuesto selectivo de consumo a los combustibles, financiar proyectos de comercialización y agroindustriales, y definir una política forestal clara.
La respuesta del ministro, quien acababa de reemplazar al que renunció por presiones de los productores, fue rápida. El 15 de junio anunció que el gobierno tenía listo un fondo de 4 millones dólares para poner al día las operaciones crediticias de los agricultores, que intervendrían para que los bancos devuelvan las fincas que ya han sido rematadas, y además gestionarán una adecuación de plazos. En cuanto a las importaciones, el ministro Dent indicó que en los siguientes días emitirían por decreto el Reglamento sobre la adjudicación de cuotas de importación en casos de desabastecimiento de bienes agropecuarios, para "ordenar" el mercado y "monitorear" el ingreso de productos del exterior.
A estas alturas del juego, llama la atención la actitud paternalista y dispendiosa de los gobernantes, quienes no vacilan en empobrecer a las familias costarricenses para favorecer a unos pocos empresarios del campo. ¿Por qué lo hacen? Por dos razones fundamentales. La más obvia es el hecho de que los miembros de la clase política centroamericana participan en el engranaje agroalimentario como productores agrícolas, agroindustriales o comercializadores; por lo que no tienen ningún reparo en tomar medidas de políticas que favorezcan a sus propias actividades, aun en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos.
Por ejemplo, en un momento dado, el presidente, el vicepresidente, el ministro de agricultura y algunos diputados de Panamá eran ganaderos. ¿Favorecieron las políticas a la ganadería? Claro que sí. Hubo crédito subsidiado y barreras de todo tipo a la importación de carne de res. Para rematar, esta carne fue incluida, por excepción, dentro de la lista de productos de exportación no-tradicionales, con el fin de que recibiera un subsidio en la forma de un certificado de abono tributario (CAT). Pero eso no es todo. La mayoría de las exportaciones no-tradicionales recibían un CAT entre 10 y 15 por ciento del valor de lo exportado, pero para la carne los jerarcas panameños lograron un CAT equivalente al 50 por ciento.
La segunda razón de la generosidad oficial reside en el hecho de que muchas empresas de los miembros de la clase política reciben subsidios como los CAT. Por ejemplo, la empresa de un ministro costarricense que renunció recientemente recibió durante 1993-1996 11,5 millones de dólares. ¿Con qué autoridad moral pueden entonces negarle favores a los agricultores?
La fórmula para perpetuar la pobreza apenas podría perfeccionarse. Por una parte están los pseudoempresarios agrícolas quienes, en lugar de producir, esperan todo del Estado: investigación, asistencia técnica, semillas, crédito, controles fitosanitarios, reconversión, búsqueda de mercados externos, comercialización interna y externa, aranceles proteccionistas, subsidios directos y un largo etcétera.
En vez de generar riqueza, sus operaciones agrícolas le producen pérdidas a la sociedad. No son empresarios sino otro caso de beneficencia pública. Algunos estudios concluyen que saldría más barato pagarles para que no produzcan. En Panamá, por ejemplo, los consumidores de tomate y sus derivados perdían, en 1996, 11,7 millones de dólares a raíz de la política proteccionista que le transfería a esos horticultores 670 mil dólares. Los consumidores hubiesen podido pagarles esa suma directamente y ahorrarse 11 millones de dólares anualmente.
Por otra parte tenemos a los corruptos gobernantes, siempre dispuestos a empobrecer a las familias mientras comparten el botín con los empresarios. No obstante, lo primero que hacen cuando son electos es prometer acabar con la pobreza. (c) www.aipenet.com
Director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas.
La respuesta del ministro, quien acababa de reemplazar al que renunció por presiones de los productores, fue rápida. El 15 de junio anunció que el gobierno tenía listo un fondo de 4 millones dólares para poner al día las operaciones crediticias de los agricultores, que intervendrían para que los bancos devuelvan las fincas que ya han sido rematadas, y además gestionarán una adecuación de plazos. En cuanto a las importaciones, el ministro Dent indicó que en los siguientes días emitirían por decreto el Reglamento sobre la adjudicación de cuotas de importación en casos de desabastecimiento de bienes agropecuarios, para "ordenar" el mercado y "monitorear" el ingreso de productos del exterior.
A estas alturas del juego, llama la atención la actitud paternalista y dispendiosa de los gobernantes, quienes no vacilan en empobrecer a las familias costarricenses para favorecer a unos pocos empresarios del campo. ¿Por qué lo hacen? Por dos razones fundamentales. La más obvia es el hecho de que los miembros de la clase política centroamericana participan en el engranaje agroalimentario como productores agrícolas, agroindustriales o comercializadores; por lo que no tienen ningún reparo en tomar medidas de políticas que favorezcan a sus propias actividades, aun en detrimento de la gran mayoría de los ciudadanos.
Por ejemplo, en un momento dado, el presidente, el vicepresidente, el ministro de agricultura y algunos diputados de Panamá eran ganaderos. ¿Favorecieron las políticas a la ganadería? Claro que sí. Hubo crédito subsidiado y barreras de todo tipo a la importación de carne de res. Para rematar, esta carne fue incluida, por excepción, dentro de la lista de productos de exportación no-tradicionales, con el fin de que recibiera un subsidio en la forma de un certificado de abono tributario (CAT). Pero eso no es todo. La mayoría de las exportaciones no-tradicionales recibían un CAT entre 10 y 15 por ciento del valor de lo exportado, pero para la carne los jerarcas panameños lograron un CAT equivalente al 50 por ciento.
La segunda razón de la generosidad oficial reside en el hecho de que muchas empresas de los miembros de la clase política reciben subsidios como los CAT. Por ejemplo, la empresa de un ministro costarricense que renunció recientemente recibió durante 1993-1996 11,5 millones de dólares. ¿Con qué autoridad moral pueden entonces negarle favores a los agricultores?
La fórmula para perpetuar la pobreza apenas podría perfeccionarse. Por una parte están los pseudoempresarios agrícolas quienes, en lugar de producir, esperan todo del Estado: investigación, asistencia técnica, semillas, crédito, controles fitosanitarios, reconversión, búsqueda de mercados externos, comercialización interna y externa, aranceles proteccionistas, subsidios directos y un largo etcétera.
En vez de generar riqueza, sus operaciones agrícolas le producen pérdidas a la sociedad. No son empresarios sino otro caso de beneficencia pública. Algunos estudios concluyen que saldría más barato pagarles para que no produzcan. En Panamá, por ejemplo, los consumidores de tomate y sus derivados perdían, en 1996, 11,7 millones de dólares a raíz de la política proteccionista que le transfería a esos horticultores 670 mil dólares. Los consumidores hubiesen podido pagarles esa suma directamente y ahorrarse 11 millones de dólares anualmente.
Por otra parte tenemos a los corruptos gobernantes, siempre dispuestos a empobrecer a las familias mientras comparten el botín con los empresarios. No obstante, lo primero que hacen cuando son electos es prometer acabar con la pobreza. (c) www.aipenet.com
Director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas.
