Corsarios en el Pacífico (I)
Durante nuestro largo periodo colonial, el corsario era distintivamente aquel pirata o bucanero de origen foráneo que conseguía de su gobierno un permiso para saquear cualquier riqueza que estuviera a su alcance. Bajo el nombre de "patente de corso" o "carta de marca", este permiso representaba una concesión otorgada por las autoridades de su gobierno a cambio de un porcentaje del botín capturado. Los corsarios sólo rendían cuentas a esas autoridades, por lo general ambiciosas, corruptas y tan ávidas de tesoros malhabidos como ellos mismos.
El mundo de los corsarios era el Mar Caribe. Sus agitadas aguas sirvieron de testigo a múltiples fechorías cometidas para adueñarse de fortunas, asaltando sin piedad a embarcaciones, fortalezas, puertos y ciudades. Pocos navegaron hacia el extremo sur, al Cabo de Hornos, para de allí dirigirse al Océano Pacífico y convertirlo también en base de sus infames operaciones.
Una contada excepción fue Henry Morgan, quien optó por una ruta diferente al capturar el Fuerte de San Lorenzo y cruzar el Istmo a través de la selva y el río Chagres. En enero de 1671, las huestes de Morgan atacaron a Panamá por las espaldas, apoderándose de la ciudad y emprendiendo un pillaje brutal en nuestras costas del Pacífico.
Casi tres siglos y medio más tarde, en tiempos que las "patentes de corso" han pasado a la ignominia, la historia colonial tiene mucho que enseñarnos. Hoy esas mismas costas se encuentran a merced de particulares con una concesión de la autoridad en mano, o incluso con una concesión expirada, quienes se han ido apoderando del litoral marítimo de la ciudad de Panamá, usufructuándolo de manera abusiva sin ningún dios ni ley.
Desde los tiempos de Henry Morgan no se veía tanta depredación causada por concesiones explotadoras en las costas de nuestra ciudad. Ante la negligencia o complicidad gubernamental, áreas de relleno e inmuebles situados en Amador, la Avenida Balboa, Punta Paitilla y Punta Pacífica reflejan cómo algunos individuos y empresas se van considerando dueños de propiedades costaneras que legalmente pertenecen al Estado.
Esos concesionarios parecen asumir que el solo hecho de haber obtenido una concesión les garantiza un quasi-título de propiedad para hacer a sus anchas lo que más convenga a sus intereses. En ciertos casos han llegado a exigir al Estado nuevas concesiones y privilegios, todo a espaldas de la ciudadanía.
Los medios de comunicación no han dejado de reportar sonados casos como los del Grupo F y el Club de Yates y Pesca, entre otros, en adición al más escandaloso de todos, el del Hotel Miramar. Las noticias publicadas sobre sus concesiones, algunas sin vigencia, pero todavía explotadas comercialmente, son tan asombrosas que requieren de un análisis particular.
