Corsarios en el Pacífico (II)
Un vistazo al litoral marítimo de nuestra ciudad capital obliga a preguntarnos qué tan cómplices han sido las autoridades nacionales y municipales en permitir a unos cuantos particulares apoderarse de la mayor parte de sus costas. Empleando como mecanismo a la figura de concesión de áreas de playa y fondo marino, que otorga la Autoridad Marítima de Panamá junto a la Contraloría General de la República, esos particulares pretenden convertirse, de hecho, en propietarios de playas y rellenos que pertenecen al Estado, con el patrocinio de uno que otro funcionario corrupto.
Desde la isla Perico y continuando por Amador hasta San Francisco, varios concesionarios lucran abusivamente de una serie de privilegios que solo benefician a sus intereses comerciales. Este abuso alcanza a ciertos rellenos sobre la bahía realizados de forma arbitraria e ilegal, ocupando áreas mucho más extensas que las permitidas, o sin la autorización de permiso alguno. Pero las autoridades negligentemente miran hacia otro lado, tirándose la pelota entre ellas sin que ninguna admita su responsabilidad o imponga la ley.
Por el lado de Punta Pacífica, la empresa ICA también se considera dueña de la bahía. Supuestamente amparada por el contrato de concesión del Corredor Sur, ICA busca crear dos islas artificiales, rellenando el fondo marino en la ubicación, manera y extensión que se le antoja. ICA alega que su venta servirá para pagar costos de construcción del Corredor. Sin embargo, como el Estado nunca ha auditado los libros de contabilidad de la empresa, se ignora si ICA ya cobró esos costos con los peajes y con la venta de los terrenos del antiguo aeropuerto de Paitilla y de Punta Pacífica.
En el caso del hotel Miramar, la concesión de uso del terreno ocupado por los estacionamientos, marina de yates, áreas sociales y recreativas del hotel, lleva más de 5 años de estar expirada. A pesar de ello, este negocio continúa explotándolos con ganancias. El hotel difícilmente operaría sin contar con ese terreno público, pero las autoridades apenas si le han cobrado unos centavos por semejante área en plena Avenida Balboa, de la que el Estado tendría que sacar un provecho económico muchísimo mayor.
Por si fuera poco, el hotel ahora reclama, sin poseer ningún derecho, que la construcción de la cinta costera afectará sus estacionamientos y marina, todos construidos sobre la concesión de terreno público que hace 5 años dejó de tener vigencia. Aún así, con desparpajo exige al Estado nuevas concesiones y privilegios injustificados, pero que el Ministerio de Obras Públicas parece estar gustoso en comprometer a favor del hotel.
El "enigma" del futuro del Club de Yates y Pesca, tema de un interesante reportaje de PA de 21 de julio, será analizado en la última parte de este artículo.
